Cuando el sistema protege al delincuente

A principios de semana leíamos en Crónica Global la noticia del boom de alquileres en Barcelona y la descompensada oferta de inmuebles frente a una demanda en alza. Entre los motivos que tienen como consecuencia que muchos pisos se queden vacíos está la baja rentabilidad y, sobre todo, el miedo al impago.

Este artículo me hizo recordar el caso de una buena amiga que, en un momento de incertidumbre profesional, le alquiló una pequeña casa en el centro del pueblo de Sitges a un abogado con ejercicio en Londres, que buscaba una casa para su madre, recién divorciada, y su hermana pequeña. Además el contrato venía avalado por un joven que se vanagloriaba de tener una de las mayores empresas de arrendamiento de viviendas vacacionales de la localidad.

Una vez más, el sistema deja desprotegido al que cumple la ley

Los flamantes nuevos inquilinos llevan casi un año en la casa y pagaron, tras una amenaza de denuncia por parte de la propietaria, la primera cuota de alquiler con cuatro meses de retraso. La samaritana acción del inglés hacia su madre y su hermana resultó ser mentira y la casa, en contra de lo que se estipula en el contrato, no se utiliza como vivienda habitual de la familia sino que se alquila temporalmente a extranjeros. Además, los inquilinos se debieron informar sobre cómo sortear legalmente la situación, porque comenzaron a enviarle por Whatsapp imágenes de resguardos falsificados de transferencias online. Estas falsificaciones hicieron que la propietaria acudiese a un abogado que lo primero que le recomendó es que tuviese mucha paciencia porque el juzgado al que le correspondía la solución del conflicto era extraordinariamente lento.

Como acciones para defender su situación únicamente tenía la interposición de una demanda. Después de meses de espera, su sentimiento es que ha perdido la propiedad del inmueble porque aunque el contrato expirará en breve, sin una entrega de llaves y una tácita cancelación del contrato, no tendrá derecho a acceder al inmueble.

Es curioso que, si un propietario accede a un inmueble de su propiedad sin permiso judicial, independientemente de que la fecha del contrato haya vencido, no le hayan pagado durante meses o incluso que la vivienda esté abandonada, puede ser denunciado ante la policía por un delito de allanamiento de morada, como si fuese un delincuente. Esta misma acción de denuncia policial no puede ser ejercida por un propietario contra un inquilino que le deba meses de alquiler o realice un uso indebido del inmueble.

Una vez más, el sistema deja desprotegido al que cumple la ley. Cuando finalmente se solucionan los impagos, porque la justicia es muy lenta pero al final actúa, los propietarios habrán perdido mucho dinero, tiempo, esfuerzo y disgustos, y muchos seguramente decidirán poner su casa en venta o dejarla desocupada. Es lo que ocurre cuando el sistema protege al delincuente.