Durante muchos años los políticos corruptos se han lucrado personalmente, aprovechando su situación de privilegio al frente de entidades públicas. Afortunadamente la Justicia --ese león vigilante que parece dormido, pero que de vez en cuando suelta algún zarpazo o devora a alguien-- está actuando activamente contra los corruptos, haciendo recaer sobre ellos el peso implacable de la ley.

¿Alguien realmente puede creer que en una hipotética República catalana el clan Pujol al completo estaría encausado en procedimientos judiciales?

En otro plano de la política, los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, hemos visto como otros políticos separatistas, han actuado con entera libertad, imponiéndonos inexorablemente sus actividades relacionadas con el proyecto secesionista, que no es otra cosa que la aniquilación del Estado en Cataluña. Hemos constatado cómo alcaldes por iniciativa propia han retirado la bandera nacional de sus ayuntamientos, sustituyéndola en muchos casos por la bandera estelada. También hemos sido testigos de cómo se burlaba desde la Generalitat la inequívoca resolución del Tribunal Constitucional que prohibía expresamente el referéndum del 9 de noviembre.

La diferencia más palpable entre una dictadura y el Estado de derecho es que en la primera, el propio dictador, sus ministros, sus familiares y su entorno más cercano, están exentos de que la ley actúe contra ellos, porque el mismo sistema se encarga de que no se les acuse de nada y, si por cualquier motivo, se vierte una acusación contra ellos, el poder judicial de esos países, simplemente no actúa. Este fenómeno lo estamos observando recientemente con los llamados 'Papeles de Panamá', que ya se han cobrado la dimisión del primer ministro islandés, mientras que los jeques gobernantes de distintos países del Golfo Pérsico ni se han inmutado, porque ninguna institución de sus países les ha reclamado explicaciones.

Nosotros, como ciudadanos libres, debemos de estar orgullosos de nuestro sistema político democrático, en el que prevalece como divisa máxima el hecho de que la ley sea igual para todos. Esto entraña que, aquí, el que la hace la paga, ya sea un presidente autonómico, un ministro, un conseller o un alcalde, y por si a algún lector le viene a la cabeza la figura de la inviolabilidad del Rey, no le quepa la menor dudad que ante un delito grave, el mismo Rey también tendría que asumir responsabilidades legales, y por supuesto políticas.

Esta práctica de controlar a los jueces desde el poder ejecutivo, típica de regímenes totalitarios, ya se produjo como intento frustrado en el proyecto de Estatut

Pero existe otra forma de corrupción, que es peor en términos holísticos que la propia corrupción política. Nos referimos al separatismo, y por poner un ejemplo ilustrativo ¿alguien realmente puede creer que en una hipotética República catalana el clan Pujol al completo estaría encausado en procedimientos judiciales, o más bien veríamos al honorable y a sus hijos realizando con normalidad todo tipo de negocios y trapicheos? De hecho, yo soy de los que piensan que el giro copérnicano que ha dado Convergència Democrática de Catalunya, que de partido catalanista moderado en el Parlament y estabilizador de la política española en Madrid, se ha convertido en una organización netamente independentista, se ha debido a un intento de proclamar la independencia para que las autoridades judiciales de la nueva república archivasen todas las causas abiertas por el poder judicial español contra Convergència, y contra la todopoderosa familia Pujol. Esta práctica de controlar a los jueces desde el poder ejecutivo, típica de regímenes totalitarios, ya se produjo como intento frustrado en el proyecto de Estatut, en el que los jueces que actuaban en Cataluña eran nombrados por la propia consellería de justicia de la Generalitat.

Pues bien, como todavía no hay república, la familia Pujol está teniendo que asumir sus responsabilidades, de la misma forma en que los señores Mas, Homs, Rigau, Ortega y también, entre otros, la alcaldesa de Berga, están siendo investigados o imputados, unos por corrupción y otros por incumplir la ley, que para el caso es lo mismo, porque el corrupto también incumple la ley.

El separatismo constituye en sí mismo, y en su factor ideológico, el mayor supuesto de corrupción política

Hemos de destacar que el separatismo constituye en sí mismo, y en su factor ideológico, el mayor supuesto de corrupción política, porque el político corrupto se limita a robar lo que puede de las arcas públicas, del organismo en el que trabaja, ya sea un ayuntamiento, una consejería o cualquier tipo de corporación local. El daño que causa con su latrocinio, bien siendo grave, y por muy elevado que sea, nunca producirá una quiebra económica del Estado en su conjunto. Sin embargo los políticos separatistas, lo que pretenden es privar al Estado español, no solamente de una parte sustancial de su población y de su territorio, sino que literalmente pretenden robar al Estado una parte importante del Producto Interior Bruto español, que en el caso de Cataluña equivale casi a la cuarta parte del total, y a esto lógicamente podemos añadir todas las estructuras físicas que posee el Estado en Cataluña (edificios oficiales del Estado, de la misma Generalitat, de los Ayuntamientos, etc.) y por supuesto, todos los fondos y capitales de que dispone el Estado en Cataluña.

Poniendo un ejemplo más o menos ilustrativo, podríamos decir que el corrupto, es como como aquel delincuente que, aprovechando un descuido, te roba algún electrodoméstico de tu casa, mientras que el separatista lo que pretende es tapiar unas puertas, que te impidan el acceso a una parte de tu vivienda.

Siguiendo con esta analogía comparativa, podríamos decir que mientras el corrupto sólo pretende vulnerar la ley, el separatista lo que intenta es destruirla, para sustituirla por otra ley que favorezca sus intereses. Tampoco deja de ser curioso el hecho de que el corrupto, mientras realiza su actividad ilícita, procura ocultarla para que sus prácticas no sean detectadas. Sin embargo el separatista siempre actúa de forma desafiante a su entera satisfacción, de tal forma que cuando al primero lo citan a declarar ante un juzgado, o para someterse a un juicio oral, lo hace de forma sumisa, vergonzante y cariacontecida. Mientras que el separatista frecuentemente cuando tiene que acudir a un juzgado monta 'un circo', con rueda de prensa in situ, u organiza una comparsa de alcaldes embastonados, siempre de forma desafiante, no respetuosa con los tribunales de justicia; y cuando llega la sentencia, el corrupto la acata, mientras que el separatista en todo momento procura eludir sus efectos.

Mientras el corrupto sólo pretende vulnerar la ley, el separatista lo que intenta es destruirla, para sustituirla por otra Ley que favorezca sus intereses

Los políticos separatistas siempre alegarán en su defensa que gozan del apoyo popular porque han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos, que les han otorgado mayorías holgadas, y que lo único que desean es que éstos se puedan expresar libremente. Pero este argumento no debe de ser tenido en consideración porque este tipo de expresiones verbales ya han sido pronunciadas en el pasado por fuerzas políticas, como por ejemplo el Grupo Independiente Liberal (GIL) en el ayuntamiento de Marbella, que siempre se escudó en el apoyo que tenía de su electorado. De hecho la inmensa mayoría de políticos que ingresan en prisión por condenas firmes, han sido elegidos democráticamente por sus conciudadanos. No en vano nuestro sistema político se denomina 'Estado de derecho', porque si la democracia prevaleciese sobre la ley, como argumentan los separatistas, nuestro sistema político se denominaría 'Estado de democracia'.

Lo anteriormente relatado nos acredita que son más perniciosos para la sociedad y para el bien común los políticos separatistas que los políticos corruptos por dos motivos fundamentales: la capacidad de inferir daño al conjunto social, con la privación de los derechos derivados de la ciudadanía española y europea, y por el volumen del daño económico que uno y otro crean al Estado, que en definitiva somos todos.

El sistema democrático y sus instituciones deben de protegerse de todos aquellos que quieran inferirle un daño, y contra todos aquellos que pretenden robar el dinero público, ya sea por la vía directa de la corrupción, o por la vía indirecta de la independencia. Porque el dinero público, como la libertad pública, nos pertenecen a todos los españoles, y nadie debe de apropiárselos, porque el que roba al Estado nos está robando a todos, y el que quiere apropiarse del Estado en Cataluña para reconvertirlo en un Estado catalán, en definitiva también nos roba lo que es nuestro.