Por un gobierno reformista

Está claro que sólo Pedro Sánchez está en condiciones de articular una mayoría parlamentaria para gobernar. La alternativa son unas elecciones anticipadas, ya que resulta imposible que el PP pueda sumar apoyos externos. La catarata de casos de corrupción que azota sus filas, y que seguirán aflorando en el futuro, hace inviable que fuerzas como Ciudadanos o el PSOE le apoyen. Tampoco resulta creíble que ahora el PP se ofrezca a gobernar de forma distinta a como lo ha hecho en los últimos cuatro años, ni que proponga correcciones a las reaccionarias políticas sociales, económicas y de libertades que ha practicado para atraerse el voto de unos hipotéticos socios.

La única salida para ahorrarnos un adelanto electoral que el país no necesita es que PSOE, Podemos y Ciudadanos se pongan de acuerdo en torno a un programa reformista

Por ello, la única salida para ahorrarnos un adelanto electoral que el país no necesita es que PSOE, Podemos y Ciudadanos se pongan de acuerdo en torno a un programa reformista. Para ello resulta imprescindible que Podemos y Ciudadanos levanten sus vetos mutuos (parece que la gente de Pablo Iglesias ya va por este camino). Unos vetos heredados de una propaganda irresponsable y maniquea, tanto por lo que cada uno ha predicado para sí mismo como por lo que ha adjudicado al otro.

Ni Ciudadanos es la marca blanca del PP, ni Albert Rivera es José Antonio (Primo de Rivera). Podemos tampoco va a sacar a España del euro, ni Iglesias es un nuevo Lenin dispuesto a asaltar los cielos. Todo eso es pura propaganda. Y propaganda de la peor especie, que los partidos españoles en general practican a gran escala sin que la opinión pública les pase luego cuentas.

El PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen muchos más puntos de coincidencia --un mínimo común denominador, que diría Josep Borrell-- que barreras insalvables, en especial para las tareas que debe afrontar de inmediato un gobierno de cambio: una politica fiscal más justa y más eficiente, medidas de apoyo a las clases sociales más golpeadas por la crisis y regeneración del sistema democrático y lucha contra la corrupción sistémica (que no solo afecta al PP, aunque este partido se lleve la palma por ser el que más poder ha tocado en los últimos años).

Los nacionalistas vascos y catalanes son los principales enemigos de una reforma constitucional de tipo federal

Un gobierno que debería tener también como objetivo una reforma de la Constitución. Y no solo para tratar de arreglar las tensiones territoriales, que también. Para este último objetivo, Ciudadanos deberá modular su verborrea españolista y Podemos atar corto a sus confluencias, en particular a la coalición en Cataluña con Ada Colau. Lamentablemente, habrá que contar con la capacidad de bloqueo del PP, con la esperanza de que su aislamiento haga recapacitar a la nueva dirección que inevitablemente sustituirá a Mariano Rajoy.

Sería un mal remedio, en cambio, un gobierno PSOE-Podemos, porque le haría depender del voto de los nacionalistas vascos y de los independentistas catalanes. Significaría repetir, a peor, la experiencia de los gobiernos del PSOE o del PP apoyados por la CiU de Jordi Pujol. Los nacionalistas vascos y catalanes son los principales enemigos de una reforma constitucional de tipo federal. De hecho, torpedearon en su día todas las potencialidades federales del Estado de las Autonomías actual. Entre la obsesión por la relación bilateral con el Estado de los nacionalistas vascos y catalanes y la recentralización de los nacionalistas españolistas del PP se han cargado el Estado de las autonomías.