La legislatura que acaba de concluir con un gobierno del PP y Mariano Rajoy al frente del mismo ha sido un auténtico desastre, ahí están los números para atestiguarlo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocó la destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo, nada más y nada menos que dos de cada tres de los empleos destruidos entre 2008 y 2011. Eso hizo que la ciudadanía depositara su confianza en la derecha, pensando que ellos nos sacarían del atolladero. Sin embargo, la gestión económica de Rajoy y su gobierno ha sido penosa y eso explica, en buena medida, los resultados del 20-D.

A día de hoy todos los indicadores económicos son peores que los de 2011

A día de hoy todos los indicadores económicos son peores que los de 2011. Hay menos empleo, se pagan 40.000 millones menos en salarios, 700.000 parados han perdido la prestación y a todos los ciudadanos nos han subido los impuestos. Se han recortado la sanidad y la educación, las ayudas a los discapacitados, las becas y, también, se ha reducido le gasto I D i. Se ha generado un agujero de 300.000 millones de euros en deuda pública y han vaciado a marchas forzadas la hucha de las pensiones, todo eso, entre otras lindezas no menores.

En contrapartida, la compra de deuda por parte del BCE y la bajada del precio del petróleo han permitido que en España se vuelva a crecer y se cree algo de empleo. Si bien los salarios están estancados y los puestos de trabajo que se generan, en un porcentaje elevadísimo, son a precario.

Además, los populares, aprovechando su mayoría absoluta, han aplicado el rodillo parlamentario y han llevado a cabo reformas claramente retrogradas, como es el caso de la educación o re centralizadoras, despojando de buena parte de sus competencias a las autonomías y a los entes locales.

Tiene su lógica que con este bagaje el PSOE decidiera no dar soporte de ningún tipo para que Rajoy repita como presidente de ejecutivo

Tiene su lógica que con este bagaje el PSOE decidiera no dar soporte de ningún tipo para que Rajoy repita como presidente de ejecutivo. Ahora bien, no hay que olvidar que la política es el arte de lo posible, y esa decisión fue tomada más desde el estómago que tras una reflexión serena y un análisis de lo que necesita el país y cómo se puede lograr.

El recado emitido por los electores el pasado 20-D fue meridianamente claro: no nos gusta lo que se ha hecho hasta ahora y no queremos que decida un solo partido; poneros de acuerdo para gobernar, resolver problemas y no seáis vosotros los que los ocasionéis.

Una vez asimilado ese mensaje hay algunas cosas que debemos dilucidar. Primero, no estamos ante una legislatura más. Hemos llegado a un punto de nuestro viaje como país en el que se requieren reformas de diferentes tipos y a distintos niveles y eso solo es posible conseguirlo con grandes acuerdos.

En ese contexto, resulta absolutamente imprescindible llevar a cabo una regeneración democrática de las instituciones que no sea tan solo un cambio de nombres y caras. Hace falta un cambio de talante que acerque la política a los ciudadanos y que ésta sea comprensible para ellos. Asimismo, es preciso luchar decididamente contra la corrupción.

En segundo lugar, pero no por eso menos importante, es necesario recuperar el Estado del bienestar que se ha desballestado utilizando la crisis económica como pretexto. Hay que hacer frente a la pobreza y a la desigualdad que amenazan la cohesión social. La economía debe crecer de manera sostenida y sostenible. La ciudadanía espera acciones concretas que disminuyan la precarización del mercado laboral y que se creen puestos de trabajo de calidad. Asimismo, hay que poner en marcha una reforma fiscal equitativa, que acabe con la evasión y que no dé cuartel a la economía sumergida. Y es ineludible un gran acuerdo sobre educación.

Por otra parte, no se puede demorar por más tiempo la reforma del Estado de las autonomías. Ha llegado el momento de reformar la Constitución. Esa reforma, además de blindar determinados derechos sociales, debería afrontar, sin mayor dilación la cuestión territorial.

Es necesaria una mayor claridad y simplificación competencial, se debe clarificar la solidaridad inter territorial

Es necesaria una mayor claridad y simplificación competencial, se debe clarificar la solidaridad inter territorial. De igual manera, se hace imprescindible un nuevo acuerdo sobre financiación que tenga en cuenta el principio de ordinalidad y, a su vez, desarrollar un plan de inversiones con criterios claros y transparentes y, ¿cómo no?, llevar a cabo la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial.

Es verdad que los resultados obtenidos por el PSOE en estas últimas elecciones --90 diputados-- han sido los peores de la reciente historia de la democracia. No obstante, le colocan como árbitro de la situación y le otorgan la llave de la gobernabilidad. En esas circunstancias, Pedro Sánchez y su equipo pueden, por activa o por pasiva, permitir la investidura de Rajoy. También pueden explorar --ésta parece ser la preferida por Sánchez--, la posibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos, pero en ese caso, se necesitaría el concurso de otras fuerzas nacionalistas e, incluso, independentistas y no parece que vayan a estar por la labor.

En este caso, los socialistas deberían poner sobre la mesa una relación de medidas potente y buscar el dialogo, la negociación y el pacto sin, a priori, excluir a nadie. De hecho, ni los acuerdos que se han trabado para escoger a Patxi López como presidente del Congreso, ni la deriva en que ha entrado la política en Cataluña, deberían predeterminar nada.

Así las cosas, una reedición de los pactos de la Moncloa en versión siglo XXI, con todas las diferencias que se quiera, no estaría nada mal. Al fin y al cabo, si entonces la situación del país era sumamente delicada, hoy, en otro contexto y con otros actores, no lo es menos.

Ir a nuevas elecciones, debería ser, solamente, la última de todas las soluciones posibles.