Una de las asignaturas pendientes del paquete de reformas del gobierno Rajoy, desarrollado durante la legislatura que acaba de finalizar, y una de las mayores debilidades de la economía española, hace referencia al tamaño del mapa empresarial, en donde las pymes se convierten en protagonista de su tejido. Hasta el extremo de que, según estudios publicados por el Círculo de Empresarios o Fedea, si el tamaño medio de las empresas españolas se acercase al de otros países de su entorno, como Alemania o Reino Unido, el PIB español crecería entre un 13 y un 15%.

En España hay más de 3.114.000 empresas, de las cuales el 99,88% son pymes.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales conocidas, en España hay más de 3.114.000 empresas, de las cuales el 99,88% son pymes. En concreto, las microempresas de hasta 9 empleados suponen el 95,8% del total de empresas, 3,4 puntos por encima de la estimación disponible para el conjunto de la UE (92,4%).

A partir de ese dato, ninguno de los parámetros analizados sobre esta atomización del mapa empresarial español resulta favorable para capítulos tan trascendentales para el futuro de la economía como el empleo, la productividad o la innovación.

Un dato a considerar: las microempresas españolas representan el 41% del empleo y no alcanzan ni la mitad de la productividad por empleado de las más grandes.

Las microempresas españolas representan el 41% del empleo y no alcanzan ni la mitad de la productividad por empleado de las más grandes.

La mayoría de los estudios realizados coinciden en señalar que una parte importante del retraso español en productividad tiene que ver con el tamaño empresarial, que nos aleja de los estándares europeos o, más concretamente de Alemania, en donde el 17,7% de sus empresas son pymes, el 76,5% son micropymes y el 5,8% son grandes empresas. Ítem más: en España, el 38,5% de los empleos son debidos a las micropymes, mientras que la media de la UE es del 29,5%.

La coincidencia entre los expertos es absoluta: las empresas más grandes son más intensivas en capital físico, humano y tecnológico; son más propensas a exportar; acceden más fácilmente a financiación, son más innovadoras y tienen más capacidad para desarrollar procesos de I D. En definitiva, son más productivas y más resistentes a las crisis económicas. Aunque resulten imprescindibles, ninguno de los conceptos que sostienen a las grandes economías modernas encuentra en las pymes y micropymes, un terreno receptivo para hacer frente al futuro.

No es ajena a esta situación la proverbial tendencia de las administraciones públicas al exceso de intervencionismo

Sin embargo, no resulta fácil en España modificar el mapa empresarial y que se produzca el salto de pequeñas empresas a medianas y grandes. Y hay sobradas razones para explicar este fenómeno, como puedan ser la escasa dotación y reducida formación del capital humano, la baja intensidad del capital tecnológico, la baja calidad de la gestión empresarial, y el poco propicio marco regulatorio. Asunto, éste último, al que los últimos gobiernos no han sabido hacer frente.

No es ajena a esta situación la proverbial tendencia de las administraciones públicas al exceso de intervencionismo –o, si se quiere, de regulación–, y, en este sentido, la OCDE muestra una clara relación inversa entre regulación y tamaño: a mayor regulación, mayor es el número de empresas pequeñas. Verde y con asas. Resulta imprescindible avanzar hacia un marco normativo más simple que facilite el crecimiento y desarrollo de la empresa pequeña. Aunque, año tras año, se demuestre que no es lo más probable.

Y de ese problema dan cuenta los expertos que ponen de manifiesto que el actual marco legislativo español, lejos de fomentar el crecimiento y desarrollo de las empresas, es perverso, dado que fomenta el no desarrollo de las mismas. Así, las empresas se benefician de incentivos por su reducido tamaño, como lo demuestra la liquidación trimestral y no mensual del IVA, la no obligatoriedad de presentar Estados Financieros auditados, la posibilidad de presentar Cuentas Anuales Abreviadas o el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.