Muchos piensan que cuando una finca te pertenece, porque la compraste en su día y porque tienes una escritura notarial inscrita en el Registro de la Propiedad, el terreno es tuyo en pleno dominio para toda la vida y nunca nadie te lo podrá arrebatar. De hecho, esta creencia insertada en el pensamiento popular es cierta, siempre que ningún agente externo introduzca nuevos elementos que modifiquen el estatus jurídico de propiedad.

Pongamos un ejemplo: un señor tiene un terreno desde hace muchos años, pero un buen día, cuando visita su parcela, comprueba que alguien ha realizado un movimiento de tierras con una excavadora. El propietario, advirtiendo que la intervención en su finca no altera la configuración y la naturaleza de la misma, decide no dar importancia al tema y olvidarse del asunto.

En Cataluña, desde el advenimiento de la democracia, el Estado ha permitido que su presencia se diluya con el paso de los años

Pasan unos años, nuestro amigo vuelve a visitar su terreno y comprueba extrañado que se han depositado en él una cantidad considerable de materiales de construcción. Confiando en la seguridad jurídica que le confiere su título de propiedad, llega a la conclusión de que en el fondo le han hecho un favor porque, de facto, todo lo que está en su terreno puede llegar a pertenecerle y, por tanto, se siente beneficiado por esa situación. Por supuesto, al propietario no se le ocurre averiguar de quién son esos materiales y tampoco decide ir al ayuntamiento a preguntar si se ha concedido alguna licencia de obras en su parcela.

El confiado propietario se desentiende del asunto y, en vez de inspeccionar regularmente lo que pasa en su parcela, decide olvidarse del asunto y dedicarse a sus quehaceres habituales, mientras pasan los años. Pero un día cuando vuelve a visitar el terreno, cuál es su sorpresa, cuando sus asombrados ojos ven que han construido un chalet. Indignado, llama a la puerta de la vivienda y le abre un señor que se identifica como el nuevo propietario que le asevera que, como nadie daba razones sobre la finca y como nadie le había impedido realizar las obras en ella, entendió que el terreno era lo que los juristas llamamos un "res nullius" --una cosa que no es de nadie--. Evidentemente el asunto no quedó aquí y nuestro indignado propietario acudió a un abogado que le explicó que la usucapion era una institución jurídica, que establece que si un propietario no ejerce los derechos que derivan de su título de propiedad, permitiendo que otros lo hagan a sus expensas, puede llegar a perder la posesión.

Podemos afirmar que el Estado español representado por los ayuntamientos en Cataluña, al margen de las cuatro capitales de provincia, es la AMI

Este ejemplo ilustrativo se parece a lo que ha pasado en Cataluña desde el advenimiento de la democracia en la que un Estado (propietario) ha permitido que su presencia se diluya con el paso de los años, hasta el punto en el que con la promulgación del vigente Estatut de Catalunya el entonces presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, llegó a decir que la presencia del Estado en Cataluña era meramente residual, y lamentablemente tenía razón.

Hemos de destacar que el Estado ha desaparecido en la Cataluña rural ya que, de los 948 municipios, 779 pertenecen a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) que, con esta contundente cifra, controla el 82% de los ayuntamientos catalanes, y a la vista de esta proporcionalidad, podemos afirmar que el Estado español representado por los ayuntamientos en Cataluña, al margen de las cuatro capitales de provincia, es la AMI.

Si nos ceñimos a las cuatro capitales de provincia, resulta sencillo deducir que la presencia del Estado español en ellas se circunscribe en una línea visual a las cuatro subdelegaciones del Gobierno, que representan al Gobierno en Cataluña, porque la representación del Estado la ejerce la Generalitat. Podemos añadir las delegaciones de Hacienda y de la Seguridad Social, las escasas comisarías de Policía Nacional, Guardia Civil y algún que otro cuartel de las Fuerzas Armadas.

Los políticos separatistas se han visto tradicionalmente liberados para establecer las estructuras del nuevo Estado catalán, y su proceso de construcción del chalet nacional ha sido totalmente libre

Como el Estado prácticamente no existe en Cataluña, y como los políticos separatistas se han visto tradicionalmente liberados para establecer las estructuras del nuevo Estado catalán, su proceso de construcción del chalet nacional ha sido totalmente libre. Porque hace muchos años depositaron los materiales de construcción del nuevo Estado, con la aquiescencia de los sucesivos Gobiernos de Madrid, que miraban hacia otro lado o que estaban muy entretenidos debatiendo con la oposición en el Congreso de los Diputados, delegando poderes que son típicamente estatales, incluso en los Estados federales, a la entonces Convergència i Unió, a cambio de su voto parlamentario para conseguir mayorías efímeras, que duraban sólo una legislatura.

Desde las elecciones del pasado 9 de noviembre y con la promulgación por el Parlament de Catalunya del documento de desconexión con el Estado -que yo denominaría carta de despido de España- la casa de la independencia ya nos lo han construido, y el Gobierno de España, como nuestro confiado propietario, ha tenido que acudir a los tribunales de justicia, o sea al Tribunal Constitucional, para recuperar lo que era suyo, o que creía que era suyo.

Nuestro desconsolado propietario, como ahora el Gobierno de España, tienen que recurrir inexorablemente a la justicia, y serán los jueces los que tendrán que defender la unidad de España, tarea que hasta ahora correspondía a los políticos. La cuestión, a priori, jurídicamente pinta bien, porque se presupone que los jueces deben de defender la legalidad y la unidad nacional, que plasma palmariamente nuestra Constitución, pero los abogados sabemos con certeza que las sentencias sólo dan la razón a una parte, pero muchas veces el problema originario subsiste.

Esperemos que la historia esta vez no se repita y ningún futuro presidente del Gobierno de España tenga que oír el reproche que pronunció la madre del rey Boabdil a su afligido hijo cuando abandonaba definitivamente Granada: "Llora como una mujer lo que que no supiste defender como un hombre".