Hoy viernes 20 de noviembre tenemos el dudoso placer de celebrar el tercer aniversario del 'impuesto revolucionario' de acceso a la Justicia, llamado tasa judicial que tuvo a bien establecer el ministro Gallardón y mantener el ministro Catalá. Y digo que tuvo a bien porque dicho impuesto apareció 'casualmente' en el momento de auge de las demandas civiles de los ciudadanos por las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Y 'casualmente' coincidió con la táctica de no cubrir las plazas vacantes de jueces con los llamados jueces sustitutos (jueces eventuales), provocando el colapso de esos mismos juzgados.

A veces nos olvidamos de explicar qué es Justicia y la afectación que la misma tiene en el día a día de todos, y que los destinatarios son las personas y sus derechos civiles

El pasado 23 de octubre, en un seminario de activismo pro justicia de la Universidad Complutense, uno de los ponentes preguntó si conocíamos la lucha contra las tasas judiciales en redes sociales. La parte buena es que la conocían, la mala es que la entendían como "algo de los abogados" pero que a ellos no les afectaba.

Y es que, a veces nos olvidamos de explicar qué es Justicia y la afectación que la misma tiene en el día a día de todos --entramos en un bucle en el que algunos pierden de vista lo importante-- y que los destinatarios de la Justicia no son los políticos, ni los ministros, ni los sindicatos, ni los colegios profesionales, ni instituciones varias, sino las personas y sus derechos civiles.

Por poner un ejemplo de las consecuencias de las tasas, imaginemos que tenemos un conflicto con nuestro banco. Que no llegamos a ningún acuerdo para la eliminación de la clausula suelo de nuestra hipoteca. Que el banco, conocedor del impuesto y el colapso de los juzgados, nos dice: "Pues reclame usted judicialmente". Que contratamos a un abogado y un procurador. Y entonces es cuando nos enteramos de que para pedir el auxilio de la Justicia --ese auxilio reconocido en nuestra Constitución-- debemos abonar íntegramente el importe de la tasa judicial y de forma previa a la presentación de la reclamación.

Aún así, decidimos seguir adelante y presentamos la demanda. Nos encontramos con un juzgado colapsado por falta de medios tanto personales como materiales, porque ni se cubren las plazas (bajas, permisos, vacaciones, etc.) ni se dota de recursos al juzgado.

Y, finalmente, obtendremos una sentencia que nos estimará nuestra petición de eliminación de la cláusula suelo pero, con suerte, unos dos años después de su interposición, mientras hemos seguido abonándola religiosamente...

El importe recaudado con las tasas judiciales --unos 700 millones de euros el año pasado-- no ha sido destinado a Justicia, de hecho se desconoce su destino último

La realidad es que contribuimos a las arcas del Estado --a través de todo tipo de impuestos-- y hemos abonado unas tasas para el acceso a la Justicia y el resultado no es ni como mínimo satisfactorio. El importe recaudado, en este último caso, unos 700 millones de euros (con cifras de hace un año), no ha sido destinado a Justicia, de hecho se desconoce su destino último.

Gracias a la presión realizada en redes sociales por cientos de juristas y no juristas, de ciudadanos, de asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, de funcionarios de justicia, y, sobre todo, de abogados, y por la proximidad de unas elecciones municipales, a principios de año el Gobierno aprobó establecer unas exenciones (que no derogación de la Ley de Tasas) para personas físicas y autonómos, pero manteniendo el impuesto para las pymes y ONGs.

Véase que digo exención, en lugar de no sujeción, y el concepto no es baladí. Cuando hablamos de exención, el hecho imponible se genera, pero la obligación tributaria no llega a nacer. El hecho está sujeto, pero una norma establece que no nazca la obligación tributaria. En el segundo caso, el hecho imponible no llega a nacer, el hecho no está sujeto.

Y esa es la trampa de la exención, que supone que en cualquier momento puede modificarse y eliminar esa exención, volviéndose a aplicar ese 'impuesto revolucionario' de las tasas judiciales para las personas físicas. ¿Y de qué depende?, nos preguntaremos. Pues de la propia voluntad del Gobierno, y que sólo por encontrarnos en un año electoral y aparecer la Justicia en campaña han preferido calmar las aguas provisionalmente.

La implantación de un impuesto para ejercer un derecho reconocido en nuestra Constitución no puede ser entendida más que como una traba para el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos

La implantación de un impuesto para ejercer un derecho reconocido en nuestra Constitución no puede ser entendida más que como una traba para el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos. Y nuestros derechos civiles se han visto mermados no sólo con la imposición de las tasas judiciales sino con otras acciones, como por ejemplo:

-Una ingente actividad legislativa llevada a cabo en los últimos meses, con una desaforada celeridad por parte del Gobierno, que ha llevado a aprobar reformas legislativas, no ya sin el consenso de los operadores jurídicos, sino con su unánime oposición. Oposición que viene dada por cuestiones tan graves como la limitación de la instrucción de las causas penales a 6 meses, sin aportar medios ni materiales ni personales, pudiendo provocar que temas de corrupción queden cerrados en falso; la modificación de los requisitos de los beneficiarios de justicia gratuita reduciendo las personas que puedan tener acceso; la pretendida digitalización de la Justicia, de forma que los expedientes no se verán pero seguirán existiendo los colapsos en los archivos digitales (eso si se se dotan a los juzgados de ordenadores que no sean antediluvianos), y una larga lista que aburriría al lector.

-Un recorte constante tanto de medios materiales como de personal, que supone un deterioro tal de la Justicia que provoca en el ciudadano el arraigo del concepto de que hay una Justicia deficiente, con una evidente intención de justificar ante él una futura privatización de la misma.

Todos deberíamos exigir que la Justicia fuera pieza clave y fundamental en los programas de los partidos políticos

Recortes como la desaparición de las Oficinas de Atención a las Víctimas, dejándolas sin asistencia en las guardias, o la no cobertura de vacantes de jueces de violencia de género, teniendo durante el mes de agosto decenas de juzgados sin juez, o la no dotación de equipos psico-sociales adscritos a Juzgados de Familia que provocan la dilación de procesos de custodia al tener demoras de hasta un año para la obtención de informes técnicos.

Privatización como la pretendida del Registro Civil, pendiente todavía en la agenda del Gobierno, que conllevaría no sólo el pago de la inscripción por nacimientos, matrimonios o defunciones, sino el no control judicial de nacionalidades, de modificación de nombres y apellidos, y de una ingente base de datos personales de todos los ciudadanos.

Todos deberíamos exigir que la Justicia fuera pieza clave y fundamental en los programas de los partidos políticos, que exigiéramos una Justicia independiente, con medios y accesible a todos para evitar que la pongan en jaque. Porque, como ya posteaba hace un año Susana Gisbert, fiscal y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Justicia ni se compra ni se vende, ni ha de tener un precio el ejercicio de los derechos que emanan de nuestra Constitución.