En el proceso de construcción de esa Cataluña del futuro en la que hasta la cura de las enfermedades será más fácil (tal vez por eso se han puesto con tanto empeño a recortar en sanidad y a dejar a las farmacias con los bolsillos del revés), parece que vamos superando felizmente la fase en que todo debe ser acompañado por el adjetivo nacional.

Ahora, a partir del hallazgo de la fórmula mágica del (supuesto) ‘derecho a decidir’, la nueva palabra talismán es ‘democrático’

Uno de los ejemplos más chuscos es el de Catalunya Ràdio, cuya mención va siempre seguida de la entradilla “La ràdio nacional de Catalunya”, fórmula graciosa porque contiene una ambigüedad: puede interpretarse en sentido literal expresando un deseo (la radio de la nación catalana) o, también, como “Catalunya Ràdio és aquí allò que Radio Nacional és a Espanya”. También es reveladora de cómo todo esto no es más que la manifestación de un tremendo complejo de inferioridad.

No es nada nuevo, por otra parte, Victor Klemperer ya anotaba en sus diarios --en los que consignó meticulosamente los modismos de la lengua del Tercer Reich-- lo siguiente: “’Nacional’ se usa ahora tanto, en cada discurso, en cada escrito, como la sal en la comida, todo se espolvorea con una brizna de ‘nacional’: fiesta nacional, unidad nacional, consejo nacional, coche nacional”. Y a quienes padecimos la dictadura franquista no es necesario ilustrarnos con documentos históricos, porque bien que padecimos el insufrible bombardeo verbal del nacionalismo triunfalista, del que el nuestro, el autóctono, no ha hecho más que copiar.

Ahora, a partir del hallazgo de la fórmula mágica del (supuesto) ‘derecho a decidir’, la nueva palabra talismán es ‘democrático’. Todas las iniciativas que emprenden los partidarios del secesionismo se acompañan del adjetivo ‘democrático’. Esa misma moda ya se vivió en España durante la transición y en los años subsiguientes y se usaba para marcar distancias con el pasado franquista, para distinguirse los 'progres' de los 'fachas'.

También en el sintagma ‘mandato democrático’, del que se valen los diputados que han puesto en marcha la última iniciativa parlamentaria para la separación, se descubre la intención ofensiva, la pretensión de realzar la superioridad moral de los separatistas, que no hacen sino seguir el mandato de las urnas, frente a los inmovilistas del Estado que sólo son capaces de valerse de 'argucias legales' para coartar la libertad del noble pueblo catalán.

Lo más pintoresco es que lo que encubre aquí ‘democrático’ es precisamente aquello de lo que acusan al Gobierno de España (refugiarse en la legalidad por falta de legitimidad)

Al mismo tiempo, se trata de una media verdad que sirve para ocultar una mentira. Y lo más pintoresco es que lo que encubre aquí ‘democrático’ es precisamente aquello de lo que acusan al Gobierno de España (refugiarse en la legalidad por falta de legitimidad). En lo que sigue, voy a obviar lo más importante, me parece evidente que sólo el pueblo español en su conjunto está legitimado para modificar el contrato político que él mismo se ha dado. Pero, vamos a suponer que esto no fuera así.

Hecha esta salvedad, no se puede negar que Junts pel Sí o la CUP entraron en campaña en las últimas elecciones con sendos programas en los que, de modo más que explícito, enunciaban su intención de ‘desconectar de España’. Para dar más fuerza a sus pretensiones, quisieron dar a la convocatoria carácter plebiscitario (otra argucia surgida de la teoría política creativa que maneja el secesionismo). El resultado es de todos conocido: el plebiscito se perdió, pero consiguieron una mayoría parlamentaria suficiente para, conjuntamente, poner en marcha proyectos legislativos en el parlamento regional. Ahora bien, con una mayoría que no alcanza el 50% de los votos, ¿pueden sentirse moralmente autorizados para cambiar las reglas de juego de todos los catalanes?

La respuesta la daba Artur Mas en 2007: “Si para modificar una ley electoral exigimos los dos tercios de los votos del Parlament, ¿cómo no vamos a pedir también los dos tercios de los votos, el 66%, para un referéndum de este tipo? Yo no quiero vencer, sino convencer”. (Luego, en 2010, fue más allá y dijo: “No iniciaré un proceso que divida a Cataluña por la mitad”). En cuanto a Antonio Baños, líder de CUP, afirmaba en declaraciones más recientes: "La DUI (Declaración Unilateral de Independencia) iba ligada al plebiscito: no hemos ganado el plebiscito, luego no hay DUI".

Mas, en 2007: “Si para modificar una ley electoral exigimos los dos tercios de los votos del Parlament, ¿cómo no vamos a pedir también los dos tercios de los votos, el 66%, para un referéndum de este tipo?”

Son dos de sus destacados dirigentes y lo han dicho con claridad, Por consiguiente, legalmente, en el marco de las competencias del Parlamento catalán, pueden legislar todo lo que dé de si la mayoría que los votantes les han otorgado, pero moralmente, legítimamente, carecen de peso suficiente para alterar las bases fundamentales de la vida política de los catalanes.

En Argelia, después de ganar unos comicios locales, el FIS (Frente Islámico de Salvación), un partido fundamentalista, obtuvo en la primera ronda de las elecciones legislativas de 1991 el 48% de los votos (¡vaya con las coincidencias!), con un programa en el que se incluía acabar con las elecciones democráticas. ¿Era una mayoría suficiente para romper el orden político de raíz de modo tal que, una vez quebrado, no habría posibilidad de volver atrás salvo por la fuerza? Permítame el lector que ilustre a los más jóvenes sobre el fin de esa aventura. Nunca llegó a celebrarse la segunda ronda y el país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil que duró once años.

De modo que, pueden emprender cuantas iniciativas quieran --mientras la Ley y los ciudadanos catalanes se lo consientan--, pero dejen de hablar de mandato democrático, dejen de presumir de superioridad moral alguna porque, democráticamente hablando, carecen de autoridad para cambiar las bases sobre las que se asienta nuestra vida en común. Su mandato no es ni más ni menos democrático que el que tienen los demás partidos con representación parlamentaria, ni más ni menos democrático que el que tiene el partido en el gobierno de defender el orden constitucional.