Durante la clandestinidad los políticos catalanes compartimos el catalanismo porque representaba el propósito de recuperar y mantener nuestras señas de identidad. Era la reivindicación de todos los demócratas, dando por supuesto que, con la recuperación de la Generalitat, sería esta la que representaría las raíces culturales de nuestro pueblo.

Cuando la derecha catalana se definió como nacionalista, se atribuyó la exclusiva representación de las instituciones catalanas y el discutible derecho de representarlas. Sus pretensiones fueron truncadas con el retorno de Tarradellas y el Estatuto de 1978.

La usurpación partidista del catalanismo llevó la competitividad catalana a la ficción de distinguir entre buenos y malos catalanes y, finalmente, a diferenciar entre catalanismo de derechas y de izquierdas

La usurpación partidista del catalanismo, más allá de la razonable representación institucional, forzó a los demás partidos a asumir el catalanismo como parte de su identidad política, llevando la competitividad catalana a la ficción de distinguir entre buenos y malos catalanes y, finalmente, a diferenciar entre catalanismo de derechas y de izquierdas.

La consecuencia más inmediata fue la de que se diluyeron las señas de identidad de cada ideología y la política catalana acabó siendo el escenario político de una forma de hacer política con el propósito finalista de acrecentar las competencias que pudiesen arrancarse del Estado.

El modelo funcionó mientras los ingresos fiscales eran crecientes y dejó de funcionar cuando tuvimos que afrontar la crisis de 2008. El déficit financiero fue acumulándose hasta el extremo que se imponía un cuestionamiento del funcionamiento tradicional del Estado de las Autonomías que promovimos los catalanes durante la Transición.

Con la crisis económica se acentuaron los reproches entre CiU y PP en representación de las instituciones de la Generalitat y del Estado, respectivamente. Sin perspectivas de solución, se acentuó la escalada de reproches, desafíos y tensión, siguiendo el ritmo de la crisis financiera, aunque podría ser cierto que desde CiU tan solo se pretendiera una mejor capacidad negociadora, se cayó en el error de conducir el debate a cuestionar la de soberanía del Estado y la legitimidad de algunas de sus instituciones, ignorando que seguía vigente el plebiscito sancionado por los catalanes en 1978, con la Constitución.

Las elecciones al Parlament del pasado septiembre acabaron confrontando la alianza soberanista respecto a las fuerzas que eran valedoras de sus posiciones políticas. Pero lo obvio no pudo impedir que la confrontación acabara siendo un plebiscito sobre la voluntad independentista de los catalanes, desentendiéndose algunos de la gestión racional de las opciones políticas que se estaban confrontando. El resultado fue que la jornada electoral acabó siendo el desenlace de la confrontación emocional entre el soberanismo y la diversidad de alternativas de gobierno.

El resultado fue lo temido, cuando los sentimientos se miden en contraposición con cualquier racionalidad política, siempre ganan los sentimientos, sellando el espacio que debería ocupar la política.

El resultado del 27S acabó siendo el desenlace de la confrontación emocional entre el soberanismo y la diversidad de alternativas de gobierno

Los soberanistas han perdido el plebiscito y ganado unas elecciones que difícilmente podrán gestionar. Han roto la unidad civil de los catalanes, que tanto costo lograr desde la Transición y han conseguido que el catalanismo, en vez de servir para aunar voluntades, acabara siendo motivo de confrontación. Podemos necesitar décadas para recuperar la unidad civil que los catalanes conseguimos alcanzar.

Desde el punto de vista democrático, su aplicación por la institución de la Generalitat ha sido falaz, poniendo de manifiesto el menosprecio con quienes no fueren parte del soberanismo. Se conculcó el principio de que la democracia supone el reconocimiento del derecho de las mayorías a gobernar y el respeto hacia las minorías. Para más inri, las instituciones de la Generalitat no actuaron en representación de todos.

Es tal la el daño político y democrático que Convergència ha infligido a la Generalitat que sus reivindicaciones soberanistas acaban siendo de tono menor, en relación con el esfuerzo que tendremos que destinar a la recuperación del respeto democrático hacia las personas desde las instituciones y partidos.

Aunque a nadie le puede gustar la posibilidad de anticipar otras elecciones, me temo que acabará siendo la solución menos mala.