La confianza, desde siempre, ha sido uno de los pilares sobre los que se ha asentado tanto la empresa como la economía y la crisis económica --larga, dura y desagradable como pocas--, ha tenido la función de hacer explícita tanto su carencia como su responsabilidad en el deterioro económico de nuestro país.

La confianza, se ha convertido así, con más fuerza que nunca, en un ingrediente imprescindible de la economía y, sin la cual, no es posible el funcionamiento de las fuerzas que concurren en ella. Ganarla, resulta harto complicado y perderla, no resulta difícil.

Las expectativas electorales de Podemos y sobre todo la realidad en Madrid y Barcelona, con Carmena y Colau, respectivamente, preocupa a los inversores y a sus representantes

En los tiempos que corren, en el umbral de salida de la crisis, la confianza es en una pieza crucial de la economía, en un concepto duro, de los que constituyen el presupuesto básico del funcionamiento de los mercados y del conjunto de las economías, hasta el punto de que las agencias de calificación crediticia incorporan en sus informes definitivos, cual coletilla, que sobre el futuro de la economía española penden dudas como consecuencia de la aparición de fuerzas políticas de recorrido desconocido, en clara referencia a Podemos y sucedáneos, en mayor medida, incluso, que en el proceso secesionista catalán en cuyo final favorable a los independentistas, existen razonables dudas.

Los escaparates españoles a nivel mundial son Madrid y Barcelona y ambas ciudades se han empeñado en lanzar al mundo mensajes que, en algunos mercados preocupan, por mucho que Standard&Poor's (S&P) haya subido un escalón tanto al Reino de España como a Madrid y Barcelona, decisiones ambas celebradas por los corifeos institucionales que se olvidan que en enero de 2009 la deuda española mantenía una calificación AAA.

La publicación de los nuevos rating coincidía con la decisión del Ayuntamiento de Madrid de prescindir de los servicios de rating de Standard & Poor's y Fitch --nada se dice de Moody's-- con el argumento de que el consistorio no piensa endeudarse más y pasando por alto que la decisión puede penalizar una futura renegociación de la elevada deuda madrileña. Si los responsables consideran que los mercados financieros no han tomado nota de esa decisión, con filtración a la cadena SER de las conversaciones de una reunión privada, incluida, están equivocados y muchos analistas entienden que todo ello terminará pasando factura.

No es la única situación que ocupa y preocupa a los analistas internacionales referida a España, en un momento en el que muchos inversores están abandonando las economías emergentes en busca de mercados más estables.

Muchos son los observadores que coinciden en señalar que la confianza de los inversores internacionales en España no pasa por sus mejores momentos y las expectativas electorales de Podemos y sobre todo la realidad en Madrid y Barcelona, gobernadas por marcas blancas del partido de Iglesias, a cuyo frente se encuentras las alcaldesas Carmena y Colau de Ahora Madrid y Barcelona en Comú, respectivamente, preocupa a los inversores y a sus representantes.

Los informes que empiezan a prodigarse entre bancos de inversión empiezan a estar trufados de valoraciones negativas sobre la oportunidad de invertir en España en la medida en que la seguridad jurídica no parece responder a sus exigencias

Motivos esgrimen y arguyen. Así, en algunos informes elaborados por banca de inversión extranjera se ha dedicado especial atención a dos decisiones adoptadas por la corporación barcelonesa relativas a declarar la capital catalana ciudad contraria al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la UE y EEUU, las medidas adoptadas contra el turismo de crucero o la suspensión de nuevas licencias hoteleras durante un año, ampliable a otro más. Esta última medida no parece que desagradara al consistorio madrileño que en algún momento incluso estudió su posible implementación en la capital de España.

La moratoria no se ha llegado a implantar en Madrid, pero los mensajes al exterior sobre asuntos varios se han prodigado desde entonces, algunos con mayor base que otros y no siempre responsabilidad del actual equipo de gobierno. Entre los que sobresalen, el lento desarrollo o aplazamiento de la Operación Canalejas o la Operación Chamartín, sin olvidar el intento o globo sonda de incrementar en un 10% el IBI a los inmuebles no residenciales de mayor valor catastral, en el que se incluyen grandes superficies comerciales y establecimientos hosteleros.

Aunque a los responsables de las corporaciones de Madrid y Barcelona les pueda resultar una cuestión menor, los informes que empiezan a prodigarse entre bancos de inversión y fondos internacionales con responsabilidad en inversiones, empiezan a estar trufados de valoraciones negativas sobre la oportunidad de invertir en España en la medida en que la seguridad jurídica no parece responder a sus exigencias.

Tampoco responde a sus exigencias la sensibilidad que se detecta en estos ayuntamientos en torno a las grandes inversiones por parte de un “sistema capitalista” que no es santo de su devoción.

El último ejemplo de todo ello es la chusca intervención de Manuela Carmena en la inauguración de la primera cumbre mundial sobre turismo de compras, evento del que se espera tenga una notable repercusión y en el que participaban altos representantes de la empresa y de la política. La manera de dirigirse la alcaldesa al interviniente que le precedió en el uso de la palabra --Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés-- al que se refirió de “Oía al interventor, la persona de El Corte Inglés, perdona, es que no recuerdo cómo te llamas”, lo dice todo y demuestra el desinterés que siente la alcaldesa de Madrid hacia el mundo de la empresa.

“A ciertas edades cuando alguien se quita la faja, como es el caso de la alcaldesa, dice lo que le apetece, sin más”, señalaba un asistente al acto que detecta una falta grande de disposición en Podemos y fuerzas políticas satelitales hacia el mundo de la empresa, sin ser conscientes de que en una economía globalizada se toma buena nota de todo aquello que, llegado el caso, reportaría una pérdida de confianza que podría llegar a afectar a las inversiones.

Post-it

Standard & Poor's no solo ha revisado al alza la nota al Reino de España y al Ayuntamiento de Madrid, sino que la ha revisado a los bancos españoles, elevando sus ráting de la deuda a largo plazo de Banco Santander y BBVA, ambos con perspectiva estable.

La agencia de calificación ha subido la nota de la entidad presidida por Ana Botín a 'A-' (notable bajo) desde 'BBB ' (aprobado alto), con lo que vuelve a situarse un peldaño por encima de la otorgada al Reino de España. En el caso del BBVA, S&P mejora su nota que sube a triple B (desde BBB) con perspectiva estable, la misma nota que la deuda soberana española, ante las mejoras económicas previstas en España. S&P confirma, pero no mejora, los ráting de Caixabank y Cecabank, con perspectivas estables, en triple B e Ibercaja en BB, con perspectiva positiva.