En España tenemos un ordenamiento jurídico enormemente curioso. Mientras hay leyes o normas anticonstitucionales que son de inmediata ejecución, la Constitución, es decir, la Ley Suprema, no pasa de ser en muchos casos papel mojado. Es más, saltarte la constitución puede resultar políticamente rentable.

Si tú vienes de Salamanca, por ejemplo, a Barcelona y dejas mal aparcado tu coche en una zona cuyos indicadores están únicamente en catalán, te puedes encontrar con una broma que entre pitos y flautas ascienda a 200 euros, cantidad que deberás pagar inmediatamente en el momento de recoger tu coche.

Después de 37 años, nuestros políticos se han dado cuenta de que la Constitución era para algunos papel mojado

En caso de que lo sepas y tengas tiempo y ganas, podrás interponer recurso contra esta multa, porque los indicadores estaban sólo en catalán, pero de momento tienes que pagar la multa y, en el mejor de los casos, esperar meses hasta que te la devuelvan. Se está obligando, por tanto, a todos los españoles a que dominen el catalán. Por el contrario, podrás saltarte una y mil veces la Constitución, sentencias del Tribunal constitucional incluidas, y pasarán 37 años (la constitución se aprobó en 1978) sin que nadie te moleste.

Es decir, después de 37 años, nuestros políticos se han dado cuenta de que la Constitución era para algunos papel mojado. No me meto a juzgar si el Tribunal Constitucional lleva o no razón al poner en duda la oportunidad de la iniciativa actual del Gobierno, pensando, sobre todo, en que el Tribunal Constitucional, por dignidad propia, debería haberse disuelto por propia iniciativa en vista de la impotencia para hacer respetar sus propias decisiones

No voy a criticar tampoco si es ahora el momento oportuno para cambiar la Constitución. No quiero hacer el juego a ninguno de los partidos, porque tampoco ellos me ayudan a formarme un juicio sereno. Sé que el Gobierno va a decir automáticamente 'no' a lo que diga la oposición, y sé que la oposición va a oponerse siempre frontalmente a lo que diga el gobierno. Es lo que ha sucedido a lo largo de nuestra así llamada democracia. Los intereses partidistas y electoralistas han estado siempre para todos los partidos por encima de los intereses del ciudadano, que en muchos casos los obligaban a tirar conjuntamente del carro.

Quiero recordar al respecto, ahora que por diversas razones, no siempre positivas, está de actualidad el tema de Alemania, que durante la época en que estaba dividida, estuvo prohibido en la República Federal el partido comunista alemán, pero no porque cometiera atentados o estuviera a favor del terrorismo, sino porque defendía algo inconstitucional: no estaba en contra de la división de Alemania.

Actualmente todos los partidos quieren modificar la Constitución, pero todos en provecho propio. Además, nunca se pondrán de acuerdo sobre el momento oportuno

¿Os imagináis las instituciones, los partidos y las manifestaciones que se tendrían que prohibir en España si se aplicara esta principio?

Ser anticonstitucional supone en España unos ingresos millonarios. Preguntádselo a La Vanguardia, que desde que se convirtió en periódico oficial del independentismo no deja de recibir subvenciones millonarias del Gobierno catalán.

Actualmente todos los partidos quieren modificar la Constitución, pero todos en provecho propio. Además, nunca se pondrán de acuerdo sobre el momento oportuno. Partidos políticos que abogaban --y hoy mismo están abogando-- por la supresión de las diputaciones y de los consejos comarcales, tan pronto como ha tenido oportunidad, han colocado a todos sus incondicionales en esas instituciones. Tampoco para estos partidos ha llegado el momento oportuno.

Son muchas las cosas que deberían cambiar en la Constitución. Pero, cuando llegue el momento, en lugar de una revisión profunda, los partidos se conformaran con un lavado superficial. Yo les pediría, además de estos muchos cambios, una cosa muy sencilla, aunque tengo mis grandes dudas de que la vayan a aceptar: como los partidos políticos son incapaces de ponerse de acuerdo y de unir fuerzas para resolver los grandes problemas que tenemos los españoles, que dejen abierta la puerta para que los ciudadanos puedan intervenir directamente en política.

Es muy lamentable que el pueblo español, que es el soberano --sí, el pueblo español es el soberano, no los partidos políticos, pues éstos son sólo delegados o apoderados de los ciudadanos--, encuentre unas dificultades prácticamente insuperables para participar directamente en política a través de agrupaciones de electores, dificultades que le han impuesto los partidos políticos. Es curioso, por no decir vergonzoso, que los partidos políticos, que deberían ser los siervos, impongan condiciones a los señores, que son los ciudadanos.