Pensamiento

¿Pueden celebrarse las elecciones del 27S?

28 julio, 2015 04:33

Cataluña es una anomalía democrática. Casi nada encaja en las normas básicas que rigen un sistema democrático. El poder político en Cataluña se ha ido deslizando de modo imperceptible hacia un sistema cuya legalidad y legitimidad es cada día más insostenible. Que este proceso se haya llevado a cabo de modo gradual, invisibilizándolo, es mérito de quienes lo han diseñado y ejecutado con habilidad, pero también de quienes no han querido ni verlo ni encararlo, permitiendo su avance con total impunidad. La determinación y astucia de los independentistas ha encontrado su mejor aliado en la pasividad y debilidad ideológica de los demócratas. La minoría que ya alertamos hace más de treinta y cinco años de todo lo que iba a suceder hemos tenido que resistir e insistir en medio del insulto de unos y el desprecio de otros. Hoy ya no hay duda de que lo único que persigue el movimiento independentista es hacer real e irreversible lo que ya es un hecho en su modo de pensar y actuar: la negación y ruptura definitiva con la legalidad democrática española.

Hoy ya no hay duda de que lo único que persigue el movimiento independentista es la negación y ruptura definitiva con la legalidad democrática española

Hasta aquí hemos llegado, y ya sólo los ciegos, los pusilánimes y los tancredos pueden seguir recomendando prudencia y buenas palabras. Pero como todavía quedan algunos que siguen creyendo en el mito de la Cataluña democrática, he aquí una pequeña lista de hechos que no caben en la cabeza de ningún demócrata europeo. Son tan anómalos y retorcidos que la primera reacción es tachar a quien los denuncia de mentiroso y malintencionado. De esta incredulidad han vivido y viven los independentistas. Pero recordemos que la mayoría de las catástrofes históricas han parecido imposibles hasta un minuto antes de que se produjeran.

1) En Cataluña casi todos los medios de comunicación, grandes y pequeños, están subvencionados y controlados por el poder político. Su principal labor es difundir una imagen negativa de España y apoyar la propaganda independentista. Los mensajes son constantes; la manipulación, el tono y la beligerancia, infatigables. La discrepancia, cuando se admite, es automáticamente denigrada y deslegitimada. El miedo (o el canguelo, como diría Javier Sardá) es hoy omnipresente, incluso entre los catalanistas que no se suman a la hoja de ruta de Mas. ¿Alguien puede imaginar un artículo como éste publicado en La Vanguardia?

2) La educación y enseñanza, desde las guarderías, se ha convertido en un aparato ideológico y político en manos del poder independentista. El español, la lengua oficial de todos los españoles, que es la lengua materna mayoritaria hoy en Cataluña, está proscrita del ámbito educativo, de la administración pública, de las instituciones culturales, de todos los espacios de poder y control social.

3) La manipulación de la historia, la propagación de mentiras, la difusión del odio hacia todo lo español, impulsado desde el poder político, ha sido tan avasallador que recuerda a los negacionistas del Holocausto. Desde la gesta inventada de 1714, el España contra Cataluña o el España nos roba, hasta la conversión del Barça en un gigantesco aparato ideológico y político, no hay espacio mental y social que no haya sido ocupado por la propaganda independentista y antiespañola. La presión social es semejante a la que se produjo al inicio de los totalitarismos del siglo pasado.

4) El poder político desprecia sistemáticamente la legalidad democrática española (que es la única de la que emana su propia legalidad y legitimidad) incumpliendo leyes y haciendo una constante y agresiva propaganda contra ella. Es un caso evidente de uso perverso del sistema democrático para deslegitimarlo, destruirlo y construir otro régimen.

5) El caso extremo es la utilización de las elecciones autonómicas con el fin de imponer una nueva legalidad que haga oficial de ruptura institucional y unilateral con España.

Frente a este último desafío es legítimo que nos preguntemos si se debe o no permitir la celebración de las elecciones del 27S. Lo extraño es que ningún político ni ningún organismo del Estado se lo haya planteado todavía. Al menos yo no me he enterado. Como ciudadano responsable y libre de cualquier compromiso o componenda política, yo me pregunto si una democracia puede permitir que unas elecciones, destinadas a establecer un poder autonómico limitado, vayan a ser utilizadas de modo explícito, perverso e intencionado, y con dinero público, para subvertir el orden constitucional y abrir una puerta a la insumisión, la insurrección y la ruptura de la legalidad democrática, amparándose en una mayoría parlamentaria.

El primer triunfo de Mas y los suyos ha sido conseguir que todos los partidos acepten unas elecciones autonómicas pervertidas que se acabarán convirtiendo, de hecho, en unas elecciones para la independencia

Se me dirá que mientras no se produzca esa ruptura no hay ilegalidad alguna. El argumento es tan peregrino como que no se pueda detener a un asesino o un terrorista hasta que no haya cometido un crimen. ¿Por qué se ilegalizó a Batasuna? ¿Por qué se prohibió el referéndum del 9N? Estamos ante una situación semejante. Lo lógico sería que no se permitiera la presentación de ninguna lista que explícitamente se constituyera para lograr, proclamar, imponer o ir haciendo efectiva la independencia, algo que no cabe dentro de nuestro actual orden democrático. La finalidad de la lista de Mas y Junqueras es tan clara que no es posible hacer interpretación favorable alguna, es algo que a todas luces hace saltar por los aires la actual legislación y los límites y atribuciones del poder autonómico, por más argucias legales que utilice.

Ante tan aplastante evidencia, sin embargo, sigue habiendo muchos, demasiados, que todavía no se creen que esto de la independencia va en serio. Son incapaces de entender a los independentistas o asomarse al pozo de rencor y sentimientos de superioridad y soberbia que acumula el núcleo duro del independentismo, que es hoy el que manda. Les siguen considerando demócratas y se dejan enredar con interpretaciones legales que no son más que marrullerías y artimañas urdidas con total descaro. Junqueras habla de “colarle goles al Estado”, o sea, diseñar una estrategia para engañarlo una vez más, la definitiva.

Lo dicho, yo creo que el primer triunfo de Mas y los suyos, en el inicio de esta última batalla, ha sido conseguir que todos los partidos acepten unas elecciones autonómicas pervertidas que se acabarán convirtiendo, de hecho, en unas elecciones para la independencia. El Gobierno debería impedir este nuevo atropello de la legalidad democrática, invalidando las listas y los partidos cuya finalidad sea el crear “un marco provisional de legalidad” desde el que saltarse la actual legalidad constitucional, promoviéndolo, además, con el dinero público y el apoyo de las instituciones autonómicas, algo que sucederá infaliblemente. Permitirles “la legitimación democrática de las urnas”, como ha dicho Francesc Homs, es ser rematadamente imbéciles y responsables de esta burda manipulación y degeneración del valor y sentido de estas elecciones. Pretender luego, una vez consumado el engaño a los ciudadanos y aceptada la trampa, arreglar el asunto, reconducirlo mediante impugnaciones y sentencias, es de memos o cobardes. Una democracia que no sabe defenderse de quienes la socavan y utilizan para deslegitimarla y destruirla, es una democracia enferma. Quizás sea esto lo que más nos cuesta reconocer a los demócratas convencidos. El problema, en el fondo, no son los independentistas, sino los demócratas débiles, indecisos, apocados, acomplejados, oportunistas y acomodaticios. Esos que tanto abundan hoy en las filas de casi todos los partidos, por desgracia. ¿Predico en el desierto, o he quedado atrapado en otra dimensión?

P.D.: Jugar a la ruleta rusa de un posible descalabro electoral del independentismo como argumento para permitir estas elecciones es pura evasión, fantasía de derrotistas que confían ya sólo en los milagros. Para nada cambiaría lo esencial: la naturaleza ilegal y antidemocrática del proceso.