El Gobierno de España con la aportacion de los Ministerios de Interior, Defensa y Presidencia, acaba de elaborar un anteproyecto de lo que será la futura Ley Orgánica de Seguridad Nacional, en cuyo preámbulo se señala que con esta Ley -una vez superada la aprobación del Congreso de los Diputados y el Senado- se pretende dotar al Estado de las herramientas jurídicas necesarias, para adecuar el sistema de Seguridad Nacional, a los nuevos riesgos y amenazas. Esta nueva Ley contempla actualizar las estructuras existentes, para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de crisis. Se pretende por tanto unificar la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante desafíos de índole muy diversa, como la ciberseguridad, el terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera.

Lo que personalmente me intriga es ese "etcétera", que se añade como vagón de cola de estos supuestos

Cuando los juristas interpretamos una Ley, no suele plantearnos duda los supuestos de aplicación, que en este caso ya estan claramente determinados en el propio texto del enunciado, y se refieren al terrorismo, incendios, inundaciones, crisis energética, ataques informáticos, etc... Sin embargo, lo que personalmente me intriga es ese "etcétera", que se añade como vagón de cola de estos supuestos.

Para analizar el auténtico sentido teleológico y finalista de este Ley orgánica, debemos de descubrir a dónde va dirigido ese "etcétera", y para ello debemos de reflexionar sobre cuales son las amenazas que preocupan al Estado, hasta el punto en que le han compelido para elaborar una Ley de tan profundo calado, que pretende poner bajo la supervisión unificada del Consejo de Seguridad Nacional, a todas las fuerzas de seguridad, especialmente a Mossos d'Esquadra y Ertzaintzas.

Aplicando un principio de simple lógica, llegamos a la conclusión de que en la actualidad las dos únicas amenazas realmente graves a las que se enfrenta el Estado español, son el separatismo catalán y el yihadismo, con la salvedad de que entre estas dos amenazas, la más grave es el independentismo, por dos motivos fundamentales: el primero, es que el separatismo esta insertado en las propias estructuras del Estado (Generalitat, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento de Catalunya y Ayuntamientos), mientras que el terrorismo islamista permanece en la clandestinidad, y la segunda es que el independentismo tiene capacidad, por lo menos aparente, de amputar una parte del territorio nacional, mientras que los islamistas -aunque figura en su ideario idílico- no tienen capacidad real ni remota de separar Al Andalus del resto de España. Además mientras los terroristas islamistas huyen de la policía, las autoridades separatistas insertadas en la Generalitat, tienen la policía de Cataluña a su servicio. Dicho esto, parece que la diferencia en la capacidad operativa entre unos y otros es sustancial.

Si analizamos la historia que es nuestro gran referente, en octubre de 1934 Lluis Companys se sublevó contra la República Española, consiguiendo que su rebelión -que estaba coordinada con la de Asturias- triunfase inicialmente, ya que contó con la colaboración de la totalidad de los cuatrocientos Mossos de Escuadra, que tenía entonces la Generalitat a su servicio, sin que ni uno de ellos, se opusiese a esa rebelión contra el orden legítimo y constitucional, pese a que todos ellos habían jurado la Constitución de 1931. Como respuesta a estos hechos gravísimos, el Gobierno de Madrid se vió incapaz de contener a las fuerzas sediciosas de la Generalitat, con la Guardia Civil y con la Guardia de Asalto, viéndose obligado a utilizar a las Fuerzas Armadas comandadas por el General Domènec Batet. Hemos de considerar que si Lluis Companys tenía a sus ordenes a cuatrocientos Mossos, Artur Mas tiene una dotación de más de veintemil dispuestos bajo la supervisión directa de la Consellería de Interior de la Generalitat.

En un contexto de lo que se ha denominado "choque de trenes" entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, la problematica de la función del cuerpo de Mossos de Escuadra, se centra en que objetivamente sólo son operativos a favor de la independencia de Cataluña, por dos razones fundamentales: la primera es que si actúan como policía judicial, las disposiciones dictadas por los Juzgados, no se cursan directamente a los jefes de ese cuerpo policial, sino que se comunican directamente a la Consellería de Interior de la Generalitat, y por tanto pueden acabar en un cajón o en una papelera, sin que se les de curso. La segunda razón es que si no actúan como policía judicial, su referencia jerárquica es la propia Consellería de Interior, que depende como todos sabemos del propio Conseller de interior adscrito a CiU.

El Estado español como cualquier Estado de cualquier país del mundo, tiene que asegurarse la lealtad y la obediencia de todos los cuerpos militares y policiales

Una prueba reciente en la que se ha puesto en duda la lealtad constitucional del cuerpo de Mossos de Escuadra, fue su actitud durante la consulta ilegal celebrada el pasado 9 de noviembre, en la que pese a existir una taxativa orden de suspensión dictada expresamente por el Tribunal Constitucional, los Mossos realizaron labores de vigilancia en el exterior de los centros de votación, asegurando que la jornada trascurriese con normalidad. De hecho en un centro de votación de Girona, se detuvo a unos jóvenes que querían impedir las votaciones, y que en definitiva lo único que hacían era cumplir a su aire o con un estilo particular, el mandato constitucional. Para un jurista servidor de la Ley, como es el que suscribe este artículo, resulta tremendamente chocante ver a un cuerpo de policía supervisando un acto ilegal. Estableciendo un paralelismo relativo, se podría poner el ejemplo de unos atracadores de banco, escoltados por la policía cuando huyen con el botín de la sucursal bancaria. Yo mismo fui testigo presencial de como se establecía un dispositivo de seguridad, a modo de guardia de honor, en el exterior del centro de votación, dónde acudió a votar la vicepresidenta Sra, Juana Ortega, que fue recibida por un mando superior de los Mossos de Escuadra.

En la situación de espiral independentista que se vive en la Comunidad Autónoma catalana, los separatistas van imponiendo nuevos escenarios que ascienden en una escala progresiva, en el desafío al Estado de derecho y a la legalidad. En esta vorágine desafiante, hemos pasado de un referéndum ilegal, a una declaración unilateral de independencia (DUI), que se nos anuncia como un hecho inexorable, para luego, en el supuesto de que no se consiga una mayoría de diputados separatistas en el Parlament que surja el 27 de septiembre, ya se está anunciando la composición de un otro Parlamento paralelo, compuesto por los alcaldes de la AMI. Cuando todas estas estrategias fracasen, siguiendo esta progresión de anomalías democráticas y de despropósitos, llegará un momento en el que las autoridades separatistas, atenazadas por su propia cobardía, utilizarán a los Mossos de Escuadra, como escudos de sus propias villanías, convirtiendo a este honorable cuerpo policial en una víctima del llamado procés, impidiendo que sus agentes mantengan la legalidad, o dándoles ordenes ditectas para que la incumplan.

El Estado español como cualquier Estado de cualquier país del mundo, tiene que asegurarse la lealtad y la obediencia de todos los cuerpos militares y policiales a su servicio. Esta premisa básica está puesta en duda en Cataluña, y previsiblemente en el País Vasco, por ello y en aras al necesario principio de soberanía nacional, el Estado debe de asegurarse lealtades y obediencias debidas a su propia condición de Estado. Eso claro está, si quiere seguir siendo Espado en una parte de su territorio.