Durante muchos años, en los círculos catalanes de la resistencia al separatismo, se estuvo comentando la conveniencia de que el Parlamento Nacional elaborara una Ley de Lenguas, para poner coto a los abusos de los separatistas periféricos en el terreno de los derechos lingüísticos y culturales de los catalanes de lengua española (cerca del 60 % de la población).

Es un hecho el desprecio a las leyes y la Constitución por parte del separatismo catalán

Sin embargo, la propuesta que en este sentido se viene preparando por un grupo de personas vinculado a Sociedad Civil Catalana, encabezado por Mercè Vilarrubias, no resulta satisfactoria para estos sectores, tal como se está comprobando en el debate generado. La impresión suscitada es que esta propuesta ha sido concebida como parte de la estrategia conocida como Tercera Vía: promover la negociación entre el Gobierno de la Nación y los sectores que han puesto en marcha un proceso de secesión de Cataluña, a fin de evitar –supuestamente- males mayores. Negociación en la que inevitablemente, y una vez más, el Gobierno de la Nación debería efectuar concesiones para que los secesionistas se comprometan a aplazar el cumplimiento de su programa máximo.

Es un hecho el desprecio a las leyes y la Constitución por parte del separatismo catalán. La falta de acatamiento a las sentencias de los tribunales y la puesta en marcha de un referéndum ilegal de secesión, utilizando recursos públicos y funcionarios del Estado transferidos –hay que recordar que los profesores de Instituto somos funcionarios del Estado, no de la Generalitat- es de una gravedad tal, que en cualquier país de nuestro entorno sus responsables principales estarían en la cárcel y la autonomía suspendida. También en España hay precedentes históricos en este sentido, cuando el gobierno de la IIª República suspendió la Generalitat y encarceló a su presidente Lluis Companys, tras su abierta rebelión e intento de golpe de Estado en octubre de 1934. A pesar de que la actuación de Companys fue, en cierto sentido, menos grave que la de Mas, pues no proclamó propiamente la secesión, sino una República Catalana dentro de una fantasmal República Federal Española.

En cualquier estado de derecho la base de la libertad de los ciudadanos es el cumplimiento de la Ley. Por el contrario, en la España del Régimen de la Transición parece que aplicar la Ley –al menos a los políticos nacionalistas periféricos- se considera una tiranía. En consecuencia con ello, se pretende recompensar una actitud desleal con una propuesta de negociación. ¡Y qué propuesta de negociación! De entrada, ya antes de sentarnos, convertimos España en un país plurilingüe en el cual todas las instituciones del Estado, en cualquier lugar de España, tendrán que utilizar oficialmente las lenguas regionales. Ni en sueños podían los nacionalistas catalanes imaginar un regalo semejante. Este estado plurilingüe sería presentado inmediatamente por los secesionistas como un estado plurinacional, arrancado a la España reaccionaria por la lucha secular e indesmayable de la nación catalana conducida por su astuto líder Artur Mas. De hecho, hace años que los manuales de Historia y Geografía de Educación Secundaria Obligatoria usados en Cataluña adoctrinan en este sentido a los alumnos y describen España como un Estado plurinacional. Como muestra un botón: “La Constitució española estableix l’existència de nacionalitats (concepte sinònim de nació) i permet afirmar que l’estat espanyol és plurinacional “(Trepat, C. et al. : Ciències Socials 3º ESO. Ed. Barcanova, 2007. ISBN 978-84-489-2048-7)

Por tanto, semejante regalo reafirmaría a los secesionistas catalanes en la bondad del camino emprendido y les animaría a obtener otras dos concesiones fundamentales para su proyecto: privilegios económicos y blindaje general de competencias –no sólo en el tema de la lengua-, quedando Cataluña como un espacio cerrado a la acción de las instituciones españolas (Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Parlamento Nacional). A partir de aquí, prometerían ser buenos chicos. Hasta la próxima. Porque la máquina del victimismo impostado no se pararía. Enseguida se llegaría a la conclusión de que, en ese estado plurinacional, en realidad se sigue discriminando la lengua catalana, pues no se la trata en igualdad de condiciones con el español, hay funcionarios anti catalanes, etc. Y esta conclusión sería proclamada a los cuatro vientos por medios de comunicación subvencionados, controlados y sumisos. Surgirían voces que proclamarían que los catalanes lo hemos intentado de nuevo, pero España no reconoce la lengua catalana en igualdad de condiciones con el español, por tanto la única solución es la independencia puesto que España ha demostrado una vez más que no nos quiere, nos sigue robando, etc.

Un estado plurilingüe violentaría la realidad socio-linguística de España y añadiría muchísimos más problemas a la situación actual

El error no consiste sólo ni principalmente en ofrecer ya de entrada lo que, en todo caso, debería ser la concesión final de un eventual proceso de negociación. El problema fundamental es que un estado plurilingüe violentaría la realidad socio-linguística de España y añadiría muchísimos más problemas a la situación actual. Como ya se ha señalado en varios artículos de esta polémica, las lenguas regionales tienen una implantación muy delimitada en el conjunto del territorio nacional, y sólo el español es lengua común, hablada y entendida por la totalidad de los ciudadanos. Este papel del español como lengua común se ve reforzado por el peso internacional del mismo: casi 500 millones de personas hablan español, es el segundo idioma por número de hablantes nativos detrás del chino, con la diferencia de que el chino no es lengua de comunicación internacional. Por más que nuestros nacionalistas periféricos no quieran admitirlo, las lenguas regionales no tienen ni pueden tener el peso del español. Esto no es despreciar esas lenguas, es simplemente describir la realidad tal cual es. El argumento fundamental que expone Mercè Vilarubias para convertir España en un Estado de pluriligüismo oficial es que así los hablantes de lenguas regionales se sentirían reconocidos por el Estado español. De esta manera el victimismo de los separatistas se iría quedando sin argumentos y se abriría un camino al final del cual la Generalitat dejaría de pisotear los derechos de los catalanes de lengua española.

Opino que el Estado español ya ha hecho más de lo que razonablemente debía para reconocer las lenguas regionales. La propia Mercè Vilarrubias enumera las medidas que el Estado ha tomado para que los hablantes de lenguas minoritarias en España se sientan reconocidos: 1, prestación de servicios en sus órganos periféricos en la lengua cooficial; 2, traducción diaria del BOE a todas las lenguas españolas; 3, traducción de las páginas web de los ministerios a las cuatro lenguas principales; 4, uso de las lenguas cooficiales en el Senado; 5, mantenimiento de un circuito de televisión y una emisora de radio en catalán, subsidiarias de RTVE; 6, en el extranjero, oferta de cursos por parte del Instituto Cervantes de catalán, vasco y gallego; 7, apoyo vía subvención a las industrias culturales en otras lenguas españolas; 8, reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua española en la que trabajen; 9, acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas.

A ello habría que añadir lo fundamental: la cesión de competencias en educación, consintiendo que la lengua española se vea proscrita en la escuela pública de Cataluña y la lengua regional se imponga, en todos los niveles de la administración, obligatoriamente a ciudadanos que no la tienen como lengua materna. Ahora bien, nada de esto ha sido considerado nunca suficiente por los separatistas catalanes. Sin embargo, ¿qué otro país, de nuestro entorno o de cualquier otro, ha tomado medidas remotamente parecidas a estas? Creer que dar otra vuelta de tuerca en esta senda –y además de modo unilateral, sin contraprestaciones por parte de los separatistas- puede cambiar las cosas, es de una ingenuidad tal como no puede permitirse ningún Estado. Máxime con el absoluto cinismo que se gastan nuestros secesionistas. ¿Es que no se recuerda cuando, ante las denuncias de que no se podía estudiar en castellano en Cataluña, lo negaban una y otra vez? ¿Qué les costaría negar asimismo cualquier gesto del Estado, o interpretarlo torticeramente como un mero lavado de cara concebido exclusivamente para desarticular su prusés? Hay que sacar de una vez las consecuencias de la insaciabilidad del secesionismo.

Hay un punto en la argumentación de Mercè Vilarrubias que merece recogerse: el Estado español no debe inhibirse de las cuestiones de política lingüística dejándolas en manos de los gobiernos autonómicos. En este sentido, la propuesta de una Ley de Lenguas promulgada por el Parlamento Nacional es pertinente. Pero sus presupuestos, en mi opinión, tendrían que ser muy diferentes, en línea con lo que vamos a esbozar a continuación.

1. En primer lugar, el Gobierno de la Nación debería dejar meridianamente claro que el camino de las concesiones, el apaciguamiento y el disimulo ante los atropellos de los separatistas se terminó definitivamente. Por el contrario, la Ley se aplicará de forma estricta ante cualquier violación de derechos lingüísticos o actitudes que obstaculicen el derecho a la enseñanza.

2. Bilingüismo oficial, de todas las administraciones, en las comunidades bilingües, de modo que el ciudadano pueda elegir la lengua de relación con la administración dentro de su comunidad autónoma.

3. El conocimiento de las lenguas regionales debe ser considerado un mérito laboral, pero en ningún caso un requisito que impida la libre circulación y residencia de los ciudadanos españoles por todo el territorio nacional.

4. Libre elección de lengua de enseñanza en la escuela pública de las comunidades bilingües, en base a tres opciones: A) en español (salvo la materia de lengua regional); B) en la lengua regional (salvo la materia de lengua española); C) modelo de bilingüismo equilibrado, partiendo de la lengua materna del niño durante la Educación Infantil y Primaria e incorporando progresivamente asignaturas en la otra lengua.

5. En las comunidades monolingües que tengan un número importante de ciudadanos residentes hablantes de otra lengua española (en Madrid, por ejemplo, residen unos 80.000 catalanes) se podrían establecer líneas educativas bilingües, según el modelo C.

6. Los extranjeros que se matriculen en la escuela pública deben ser siempre escolarizados en lengua española, según el modelo A. La razón es evitar el abuso –habitual hasta ahora- que supone educar a niños extranjeros en una lengua regional, privándoles de oportunidades vitales y profesionales y dificultando su movilidad e integración. ¿Qué sentiría un ciudadano español que tuviera que trasladarse a Cardiff y allí se le obligara a inmersionar a su hijo en lengua galesa, y no en inglés? Probablemente, una inmensa mayoría consideraría que la satisfacción de unos nacionalistas (galeses en este caso) no justifica semejante perjuicio a sus hijos. Hay que decir que éste es un ejemplo falaz, puesto que en Gales no existe nada parecido a una inmersión lingüística obligatoria y generalizada en galés. En realidad, un modelo en el que no se pueda estudiar en la lengua oficial del Estado en la escuela pública no existe en ninguna parte del mundo más que en Cataluña. Donde ha sido impuesto de modo implacable por los secesionistas, los cuales consideran que la inmersión total en una lengua minoritaria es un método excelente … para los hijos de los demás, mientras ellos llevan a sus hijos sistemáticamente a elitistas escuelas privadas -bilingües o trilingües- en donde el catalán no es más que un complemento.

7. Pruebas estatales al final de Primaria, Secundaria y Bachillerato elaboradas y realizadas exclusivamente por el Ministerio de Educación, iguales para toda España, que evalúen el nivel general de conocimientos y, en relación con la cuestión que estamos tratando, el nivel real de lengua española de los alumnos.

8. Potenciación de la Alta Inspección educativa del Estado, proporcionándole los medios para supervisar y evaluar el sistema educativo en cada comunidad autónoma, recoger las irregularidades así como las reclamaciones de los ciudadanos y sancionar a los funcionarios que violen los derechos educativos.

9. La Ley debe establecer un mecanismo para que si se constata, pasado un tiempo prudencial de aplicación, un gran número de irregularidades y falta de colaboración por parte de la administración autonómica, las competencias educativas sean recuperadas íntegramente por el Ministerio de Educación.

Estas serían las bases de una Ley de Lenguas libre del Síndrome de Estocolmo, que pretendiera solventar los problemas actuales sin crear otros nuevos. Hace falta un acto de fe extraordinario para creer que los partidos del Régimen de la Transición –PP, PSOE y los separatistas vascos y catalanes- vayan a hacerla. Felizmente, los días del bipartidismo con bisagra separatista parecen estar contados.