En mi primera contestación a la propuesta de Mercè Vilarrubias de impulsar una ley de lenguas que conviertan al euskera, gallego y catalán en lenguas oficiales en todas las instituciones del Estado argumenté sus inconvenientes con razones y datos. Aquí constan: 'Contra el laberinto de la ley de lenguas (I)'. Dejé de lado, para no enturbiar los razonamientos empíricos, el análisis de la atmósfera coactiva en que se han desenvuelto sus mentores. No es problema menor, pues a menudo distorsiona nuestra mirada sobre la realidad. La de todos, también la propia.

¿Es importante reparar en esos condicionamientos? ¿Es preciso sopesar la impronta que tiene la presión ambiental en la configuración de ideas y actitudes? ¿Influye la verdad de época, lo políticamente correcto, el qué dirán, en las propuestas planteadas? ¿Las premisas de las que parten ese grupo de críticos están bien fundadas, o son la consecuencia de la atmósfera asfixiante que nos ahoga?

Lo explicaré con una anécdota histórica: Johannes Kepler se pasó 7 años, ¡siete!, de su vida, encerrado en su estudio buscando una explicación matemática al modelo cosmológico inspirado en los postulados platónicos y la armonía de las esferas celestes de Pitágoras. El principio de autoridad, una Edad Media obscurantista y un Renacimiento dominado aún por la Iglesia aplastaron la ciencia e hicieron posible que llegáramos al siglo XVII con ese erróneo modelo cosmológico, a pesar del envite de Copérnico cuestionándolo en el siglo XVI con el heliocentrismo.

La cuestión es saber de dónde nace la necesidad de extender las lenguas regionales a todas las instituciones del Estado, si de una concepción basada en un fin necesario en sí mismo, o de la necesidad de dotarnos de medios para dejar sin argumentos a los nacionalistas

Pues bien, Kepler, filósofo, matemático, astrónomo y astrólogo del siglo XVII arruinó 7 años de su vida buscando lo imposible por culpa de la creencia en premisas que el principio de autoridad y la verdad de su época habían impuesto. Su genialidad no le libró de errar por confiar en el prestigio del mundo Aristotélico-Tholemaico. Fue en el instante que toma conciencia de estar basándose en premisas falsas implantadas por las creencias infundadas de su época, cuando tiene el valor de prescindir de ellas y comenzar de cero. A ese golpe de intuición mezclado con su carácter atrevido le debe la ciencia tres leyes básicas del universo actualmente en vigor.

Traigo a colofón esta anécdota para justificar el giro que daré a mis argumentos. Sospecho, que al igual que en su tiempo Kepler, podemos estar dando hoy un crédito inmerecido a premisas falsas impuestas por la atmósfera asfixiante de esta época de ficciones nacionalistas.

De antemano admito que es un terreno más subjetivo, lleno de juicios de intenciones y con tesis que podrían ser catalogadas, con razón, de argumentos ad hominem. Temerarias e ilegítimas si tales elucubraciones son infundadas, pero imprescindibles si explican las fuentes emocionales que las explican. En todo caso prefiero arriesgar a ser desmentido que acomodarme a lo políticamente correcto y dejar en el tintero lo único que quizás pueda explicar tanta genuflexión ante el nacionalismo, o si lo prefieren, lo único que explica tanta intromisión del nacionalismo en las convicciones de nuestra época. Y a fuerza de ser coherente aunque resulte descortés, lo considero fundamental para explicarnos por qué nos complicamos la vida con tal ley de lenguas en lugar de tener el coraje de enfrentarnos a las causas reales del malestar actual: el incumplimiento de la ley por parte de los nacionalistas, la manipulación de la realidad por parte de sus políticos y medios, y la dejación del Estado.

Asumido el riesgo, la cuestión es saber de dónde nace la necesidad de extender las lenguas regionales a todas las instituciones del Estado, si de una concepción basada en un fin necesario en sí mismo, o de la necesidad de dotarnos de medios para dejar sin argumentos a los nacionalistas.

El dilema es central, pertinente, inaplazable. Es preciso aclararlo desde el principio. Porque si es necesario en sí mismo, habrá que dar razones de sus virtudes más allá de la conveniencia coyuntural de dejar fuera de juego a los nacionalistas, quitarles su monopolio sobre la lengua catalana o dar razones a los equidistantes para que no acaben sumándose a ellos. Y hasta ahora no se han dado. Y si no lo es, si no es un fin en sí mismo, la propuesta nace de una vergonzosa pleitesía al acoso moral del nacionalismo. O a simples ocurrencias de sectores políticos en decadencia como medio para no desaparecer.

Lo plantearé de forma aún más directa: ¿Si los nacionalistas no fueran tan exigentes con la imposición exclusiva del catalán, si no nos dieran la vara a diario con la amenaza de la secesión, hubieran planteado la necesidad de extender las lenguas regionales a todas las instituciones del Estado? ¿Hubieran percibido un problema lingüístico allí donde no lo hay? Cuanto más leo la cadena de argumentos esgrimidos por sus defensores, más me convenzo de que son las condiciones que operan y ejercen presión sobre quienes han planteado esta salida, las que han propiciado este debate, y no los supuestos beneficios para la paz lingüística.

Vayamos al cuarto artículo de Mercè Vilarrubias, 'El catalán también es una lengua española', artículo surgido contra las objeciones realizadas por Marita Rodríguez a su propuesta ('¿Hace falta oficializar las lenguas españolas?').

En general, su último artículo concreta sin matices lo que en los tres primeros era una propuesta vaga de intenciones políticas y veladas autorías. Ahora ya sabemos con certeza en qué consiste la ley de lenguas y quiénes la defienden. Al menos, en parte. Es de agradecer.

Aclaradas las intenciones y hechas las propuestas, poco me queda por rebatir que no hiciera en el anterior artículo. A excepción de dos temas, el origen emocional de la propuesta y la concepción nacionalista que muestra del Estado. Veamos el primero.

Casi no hay párrafo en el artículo que no se dedique a justificar que las intenciones de la ley de lenguas no se deben a la necesidad de apaciguar a los nacionalistas, ni párrafo alguno dónde su negación, lo desmienta. Tanto Marita como yo se lo habíamos criticado porque era una nueva concesión que en modo alguno modificaría su comportamiento excluyente de los derechos castellanohablantes en Cataluña. Por lo que sea, ha querido separar la propuesta de esa sospecha: "Se piensa erróneamente -sostiene- que la Ley de Lenguas Oficiales busca apaciguar a los nacionalistas. No es así en absoluto".

Eso es lo que dice en este cuarto artículo de mil maneras distintas, pero lo cierto es que no hay párrafo donde no dé razones de lo contrario. Señalemos algunas referencias:

El "Estado debe intervenir pero intervenir de una determinada manera que no signifique hacerles el juego a los nacionalistas".

Esta referencia, como el resto del texto, está pendiente de la mirada nacionalista, o dicho de una manera más cruda, secuestrada por la hegemonía cultural y moral del nacionalismo.

"La razón está en que lo que buscamos es que los nacionalistas dejen de ser los únicos que hablan en nombre del catalán y sus hablantes".

Fin instrumental, pura concesión a la presión nacionalista, la ley de lenguas no parece ser un fin en sí mismo.

"Esto provocaría una gran inquietud en el nacionalismo porque si uno pierde la exclusividad sobre algo, si emerge un nuevo discurso, éste puede ganarse las preferencias de los ciudadanos".

Nuevo argumento instrumental basado en la mirada del nacionalismo, una manera de erosionar su hegemonía cultural en la gestión del catalán.

"Ya que no podemos integrar el español junto con el catalán en Cataluña, empezaremos por integrar el catalán y las demás lenguas españolas junto con el español, creando con ello un nuevo discurso lingüístico en España".

Clave, deja claro que el extender las lenguas regionales a todas las instituciones del Estado no se debe a un fin en sí mismo, sino a un medio para apaciguar o dejar en fuero de juego a los nacionalistas. Y ello, ya estuvo suficientemente rebatido en el anterior artículo.

"Lo [que] queremos es ganarnos a la opinión pública catalana, dar razones a los miles de ciudadanos que desaprueban la política lingüística catalana pero saben que van a ser tildados de españolistas y fachas si se expresan".

¿En esto queda la cosa? ¿En librarnos de que nos llamen fachas? ¿En que no nos traten como ciudadanos de primera? ¿Todo queda en una excusa para soportar a diario la presión nacionalista en nuestro trabajo? ¿O hay una apuesta política interesada detrás, con intereses electorales inconfesables..., por el momento?

"El hecho de que esta propuesta sea independiente de la aprobación o desaprobación con los nacionalistas es una de las claves de nuestro proyecto".

Párrafos como éste son pruebas fehacientes de la incoherencia, de la sumisión al lenguaje imperante impuesto por el catalanismo. ¿En qué quedamos, en que la propuesta de la ley de lenguas no pretende apaciguar a los nacionalistas, o a que con ella los nacionalistas ya no podrían llamarnos fachas?

Es una constante, cada una de las referencias están pendientes de la mirada nacionalista. Lo cual me reafirma en que esta propuesta no tiene su origen en un bien en sí, en una necesidad basada en la simetría de derechos, sino en la presión, influencia, chantaje o hegemonía moral del nacionalismo. Es paradójico, que todo un artículo destinado a desmentir su influencia, la hacen más evidente, cuanto más la niegan. Es como aquel que quería negar el lenguaje, hablando.

Por si no quedaba claro, el último artículo en CRÓNICA GLOBAL apoyando esta misma tesis, 'Entender las lenguas, entender España', de Rafael Arenas García, dedica la totalidad del texto a demostrar que la propuesta no se debe a la necesidad de contentar a los nacionalistas, ni caer en sus objetivos, para soltar en el último párrafo el artículo entero de Mercè Vilarrubias. Aunque sin dar una sola razón de por qué la ley de lenguas es beneficiosa.

En el fondo, el lenguaje chantajista del nacionalismo está tan interiorizado, que de sus afirmaciones se podría deducir que el actual Estado Social y Democrático de Derecho español no está respetando a las lenguas regionales. Me remito a las palabras de la propia Mercè Vilarrubias:

"¿Cuál es este nuevo discurso? Un discurso y una práctica de integración de todas las lenguas españolas, el catalán, el vasco y el gallego, junto con el español; un reconocimiento simbólico de ellas; una actitud de cercanía y complicidad hacia ellas y sus hablantes. Este es el posicionamiento de un Estado moderno, abierto e inclusivo, que acepta y reconoce la realidad de la diversidad lingüística del país y es capaz de orientarla hacia la convivencia y el interés ciudadano".

Es decir, que el actual Estado, no es un "Estado moderno", ni "abierto", ni "inclusivo", que el actual marco constitucional no acepta "la diversidad lingüística", cuando son sus instituciones las únicas que respetan tal diversidad allí donde existe más de una lengua oficial; ni promueve "la convivencia" ni "el interés ciudadano". No es que exista un reconocimiento simbólico, es que el artículo 3, apartado 2 y 3 de la Constitución las reconoce y el Tribunal Constitucional en su sentencia 337 de 1994 sostiene que catalán y castellano son lenguas oficiales y docentes sin que ninguna de ellas pueda ser exclusiva ni excluyente. Para qué queremos a nacionalistas pudiendo contar directamente con predicadores de su causa sin que se note el cuidado. No digo que la propuesta tenga mala fe, no hace falta cuando el discurso está tan interiorizado. El juicio de intenciones no es premeditado, se me impone a la razón. Si no lo expresase estaría escamoteando lo que mi sentido común y experiencia me muestran. Otra cosa es que mi sentido común sea realmente lúcido, o, por el contrario, el menos común de los sentidos.

La consecuencia que se saca de tales deslices es la sospecha, que detrás de propuesta tan poco beligerante contra la inmersión, contra el incumplimiento de sentencias lingüísticas; y sin embargo, tan empecinada en cuestionar la tolerancia del Estado, se vislumbra la apuesta por la confederación en cuestiones nacionales, culturales y lingüísticas como medio de evitar la secesión, sí, pero con el peaje de asegurar el blindaje en todos esos campos, incluida la inmersión escolar. Y esto ya no sería debido solamente al "síndrome de Catalunya" que se adivina en la manera de plantearlo, sino a salidas electorales interesadas. En todo caso, no sería honesto presentar como un simple debate, lo que tiene la pinta de ser una estrategia para volver a colar tesis nacionalistas en nombre de la convivencia lingüística. Consciente o inconscientemente. El tocomocho de la normalización nos debería advertir de tales artimañas.

Voy por el segundo tema, la concepción nacionalista que muestra del Estado. Dice el texto:

"La Ley de Lenguas Oficiales se circunscribe a las instituciones del Estado: los ministerios, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, las embajadas, los museos e instituciones culturales estatales importantes, los medios de comunicación públicos estatales, etc. Son las instituciones del Estado las que deberían ser plurilingües, no las autonómicas. ¿Por qué? Porque las instituciones autonómicas sirven a la autonomía, y en las comunidades bilingües, el Estado ya es bilingüe. En las monolingües, obviamente, no. Pero las instituciones del Estado son de todos, el Estado es compartido por todos los ciudadanos, y por eso en ellas deberían tener cabida todas las lenguas, permitiendo que los ciudadanos escojan la lengua en la que se quieren relacionar con la Administración estatal”.

Mal empezamos si confundimos el Estado únicamente con las instituciones dependientes directamente del Gobierno central. El Estado es todo lo que depende de la soberanía Española, y por tanto, la Generalidad de Cataluña, su presidente y cada una de las instituciones de cada una de las autonomías, son Estado, tan Estado como el Museo del Prado o el Congreso de los Diputados. Si así es, las cinco medidas que expones incluirían "exigir ser atendido en euskera en un hospital de Jerez de la Frontera":

"La Ley de Lenguas Oficiales propone hacer del catalán, el gallego y el vasco lenguas oficiales del Estado, junto con el español. Algunas de las medidas concretas que contiene son éstas: (i) la posibilidad de dirigirse oralmente y por escrito a los organismos estatales en catalán, gallego y vasco, (ii) la disponibilidad de todos los documentos e impresos importantes en estas lenguas (iii) su presencia en actos y ceremonias de Estado (iv) la obligación de rotular el exterior de todos los edificios estatales en las otras lenguas españolas (v) posibilidad de hablar en todas las lenguas españolas en el Congreso y en todas las actividades del Senado (vi) catálogos permanentes en las cuatro lenguas en todos los museos estatales".

Y esa extravagancia, como ya sostuve en el primer artículo, en lugar de solucionar problemas, los multiplicaría. Por mucho que ahora se acote el alcance de la oficialidad únicamente a las instituciones del Estado que no dependen de las autonomías. Mal si se extienden a todas, peor si se acotan. Por decir algo.

Arrastrando esa concepción nacionalista del Estado, acota la aplicación del plurilingüismo a determinadas instituciones del Estado, que curiosamente, excluyen a las autonomías, a las que les basta con ser bilingües. Curiosa simetría, no quiero para mí lo que te impongo a ti; lo mío, mío y lo tuyo de los dos. O sea, un gallego puede exigir poder dirigirse al ministerio de agricultura en gallego, un catalán en catalán, y un vasco en euskera por ser una institución del Estado con una sola lengua, pero no podría hacerlo en la consejería de agricultura de la Generalidad de Cataluña o la del País Vasco porque es una comunidad bilingüe. ¿Por qué? Mercè Vilarrubias nos lo dice:

"Porque las instituciones autonómicas sirven a la autonomía, y en las comunidades bilingües, el Estado ya es bilingüe. En las monolingües, obviamente, no".

O sea, realmente la Autonomía ya es un Estado aparte sin obligación alguna de atender su plurilingüismo, y solo España y sus instituciones no autonómicas, son comunes. ¡Mándale carajo!, como diría el gallego. Esto debe ser el federalismo asimétrico, que llevado al refranero consagraría la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. El error de no considerar Estado a las Comunidades Autónomas lo arrastra hasta crear un problema donde no lo hay, y se inhibe dónde sí existe. ¿No crees Mercè y todos los que proponéis esa ley de lenguas donde hoy no hay problema alguno, que deberíais denunciar sin contemplaciones los abusos que a diario se dan en Cataluña? El último ejemplo, "activistas secesionistas se 'plantan' para que el catalán sea la única 'lengua común' de una Cataluña independiente". Así titulaba este sábado CRÓNICA GLOBAL las intenciones de esa pandilla de racistas culturales para el día después de la independencia. Con la falangista Carme Forcadell a la cabeza. Lean la noticia, vean las fotos. Parecen adultos...

Y sigue argumentando el porqué:

"Pero las instituciones del Estado son de todos, el Estado es compartido por todos los ciudadanos, y por eso en ellas deberían tener cabida todas las lenguas, permitiendo que los ciudadanos escojan la lengua en la que se quieren relacionar con la Administración estatal”.

¿Qué pasa, que las instituciones del Estado en Cataluña no son de todos? Eso explicaría muchas cosas. Efectivamente, el Estado, allí donde debe ser bilingüe (en las autonomías) ya lo es, ya es respetuoso con todas las lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas, pero no así los gobiernos autonómicos, que ni rotulan en las lenguas oficiales, ni permiten estudiar en lengua distinta a la que consideran como propia, ni los medios de comunicación públicos son plurilingües, ni las instituciones políticas son respetuosas con la lengua común española, ni con las del resto de comunidades bilingües. Fíjense en el inmenso error de proponer la oficialidad de todas las lenguas regionales al Estado al no prever que el Estado es todo el territorio soberano. Circunscribir el Estado al territorio o a las instituciones que no son las autonomías es un acto fallido nacionalista imperdonable. "Las instituciones del Estado son de todos”, asegura con buen criterio, pero nefasta lógica; ¿quiere decir -siguiendo el acto fallido-, que las Autonomías, no? ¿Qué las instituciones autonómicas no son de todos? Un desliz conceptual imperdonable fruto de la confusión de estos tiempos donde el propio presidente Zapatero llegó a soltar: "España es una nación discutida y discutible". Las frivolidades tienen consecuencias en un espacio político con tendencia a la barbarie. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, todos somos responsables de las nuestras.

Los senderos del laberinto me han llevado a vuestra conclusión: como los nacionalistas son los únicos que hablan en nombre del catalán y de sus hablantes, es preciso extender la oficialidad de las lenguas regionales a todas las instituciones del Estado para dejarles sin excusas que les permitan seguir imponiendo una visión cultural, lingüística y política excluyentes de Cataluña.

Con todos los respetos, no es cuestión de buscarse coartadas para dejar de hacer lo que miles de ciudadanos responsables con los valores democráticos hemos hecho durante los últimos 34 años: reivindicar el derecho a la libertad lingüística, ejercer nuestro derecho constitucional a oponernos a la exclusión cultural y reivindicar la porción de soberanía nacional que a cada español nos corresponde. Sin renunciar a nada. Sin caer en la tentación de exportar al resto de España las obsesiones étnico-lingüísticas del catalanismo, que sólo crearán problemas donde no los hay.

La salida al laberinto hace ya muchos años que la emprendimos. De manos de Acción Cultural Miguel de Cervantes, la Asociación por la Tolerancia, Foro Babel, Convivencia Cívica Catalana, España Constitución de Ciudadanos, Iniciativa no nacionalista, hasta llegar a Ciudadanos (C's), un partido que después de nueve años de esfuerzos está a las puertas de llevar al Gobierno español la solución a este problema: el imperio de la ley.

Dejémonos de atajos, dejémonos de que nos siga marcando la agenda el catalanismo, dejémonos de complejos, atrevámonos a pensar sin el chantaje moral del nacionalismo.

P.D.: La necesidad de una ley de lenguas no es la primera vez que sale a la palestra. La resistencia al nacionalismo en Cataluña, Galicia, Baleares, País Vasco... ya llevó a cabo una iniciativa bajo el nombre de 'Una Ley para todos' que se concretó en el proyecto de la 'Ley Orgánica de los Derechos Lingüísticos en España'. Os invito a daros un paseo por sus ideas.