Entender las lenguas, entender España

El proceso secesionista que está conduciendo a Cataluña y al conjunto de España al borde del abismo ha creado el marco oportuno para que se susciten debates que interesan, que han de ser abordados y resueltos; debates que tienen que mucho que ver con lo que es España y las formas en que nos relacionamos los españoles. El tema de la lengua y de las lenguas es uno de ellos, y en los últimos meses estamos asistiendo a un interesante intercambio de opiniones sobre cómo debe abordarse una cuestión que es nuclear para la convivencia y un elemento muy relevante en la construcción de un país en el que podamos sentirnos cómodos.

La inmersión y la exclusión del castellano es un ejercicio de ingeniería social que pretende amputar en Cataluña una parte importante de su historia, de su tradición y de su realidad presente

Ya advierto que no pretendo dialogar sobre esto con quienes explícita o implícitamente pretenden la secesión de Cataluña (lo que sería extensible al País Vasco o a cualquier otro territorio). Los recientes acontecimientos han demostrado lo que, por otra parte, era racionalmente evidente: no puede pactarse un marco de convivencia con quienes pretenden tan solo romper la comunidad política. Estos se han autoexcluido del diálogo permanente que va conformando las naciones. Quienes optan por la ruptura tan solo pretenden derrotar a quienes se les oponen y ninguna concesión les parecerá suficiente hasta no conseguir el objetivo final. Otra de las cosas buenas del proceso es que esto también está quedando claro, lo que contribuirá a que el debate político pueda ganar algo de racionalidad.

Quede claro, por tanto, que lo que diga a continuación ningún propósito tiene de contentar a los separatistas. Evidentemente, no niego que pueda pactarse con ellos una ordenanza de tráfico o unos presupuestos, pues siguen siendo actores políticos con representación en las instituciones; pero no me parece oportuno convertirlos en interlocutores respecto a los temas auténticamente nucleares de la sociedad; y no confiaría en ningún partido que no siguiera esta misma pauta. Y desde luego, los temas de los que quiero tratar son esenciales en la configuración de la comunidad política.

Me centraré aquí en el tema de la lengua y lenguas españolas, uno de los debates más interesantes que se han abierto en los últimos meses en Cataluña.

El punto de partida, y en él creo que todos estamos de acuerdo, es que algo ha de cambiar. Afortunadamente va calando la idea de que el sistema de inmersión no es “un modelo de éxito que garantiza la paz social”, tal como rezaba el eslogan que se ha difundido durante décadas y que prácticamente agotaba el argumentario de las bondades del sistema; sino un instrumento de construcción nacional que no beneficia el aprendizaje de los alumnos, en ciertos aspectos les limita y que tan solo favorece a quienes pretenden transmitir a las futuras generaciones la imagen de Cataluña que satisface a los nacionalistas. La inmersión y la exclusión del castellano, considerada como una lengua extranjera (lo que también es apreciable en los medios de comunicación y en las instituciones autonómicas y locales) es un ejercicio de ingeniería social que pretende amputar en Cataluña una parte importante de su historia, de su tradición y de su realidad presente.

Es pues, necesario, que algo sustancial cambie en la política lingüística; y ese algo se traduce en un planteamiento tan sencillo como convertir en oficial lo que es real: el castellano es una lengua catalana, la que tienen como materna más de la mitad de los catalanes, y lengua común en muchos ámbitos y territorios. Negar esto es un ejercicio de voluntarismo que fuerza a la sociedad, al sistema educativo y hasta a la economía.

Dicho esto ¿es suficiente? Yo creo que no. El debate sobre la posición de la lengua no está desconectado de un planteamiento más profundo sobre la articulación de España, un planteamiento equivocado y perverso que, sin embargo, es el actualmente vigente.
¿Cuál es ese planteamiento? Bien, digámoslo claro: que Cataluña (y también el País Vasco) son “menos España” que otras regiones. Esta idea va acompañada de una particular forma de articular las relaciones entre los distintos territorios españoles, en la que se dota de preferencia precisamente a aquéllos partidos y movimientos que tanto en Cataluña como en el País Vasco representan este planteamiento. Es decir, desde “Madrid” (y Madrid no es solamente Madrid) se entiende que España es un país en el que existen realidades diferenciadas que han de ser tratadas como si su integración en España no fuera completa y que, por tanto, han de establecerse pactos con las minorías a fin de mantener un difícil equilibrio entre el centro y la periferia. Al mismo tiempo, se rechaza que quienes en Cataluña y el País Vasco defienden una plena integración en España representen verdaderamente a esos territorios. Ejemplo sangrante de esto es que en el Congreso se tolere que se designe como “Grupo Catalán” al de Convergencia y Unión, como si ellos fueran quienes auténticamente representan a todos los catalanes. De la misma forma, la admisión (también en “Madrid”) de la oposición entre Cataluña y España, como si fueran realidades diferentes; y la permanente llamada a la búsqueda de la articulación de Cataluña, como si se tratara de un cuerpo extraño, inciden en esta idea.

Esta perspectiva explica que en un momento dado se acordara que la educación fuera transferida en su práctica totalidad a las Comunidades Autónomas, pese a que seguramente se era consciente de que esa transferencia supondría la utilización del poderos mecanismo que es la escuela para profundizar en la diferenciación entre Cataluña (y probablemente el País Vasco) y el resto de España. La política de inmersión fue así tolerada, tanto por el PP como por el PSOE porque en el fondo encajaba en su planteamiento de acuerdo con el cual la auténtica España es Madrid, Extremadura, Castilla o Aragón; pero no Cataluña.

La gestión del proceso secesionista que se ha hecho hasta ahora confirma este planteamiento: se admite sin grandes problemas que Artur Mas desarrolle una política exterior propia y los mecanismos que se utilizan frente a ésta son los que se emplean en los conflictos diplomáticos con Estados soberanos: negociación con terceros Estados, llamadas de embajadores, presiones para forzar el aislamiento, etc. No se asume plenamente que el problema que plantea el secesionismo es un problema interno, no internacional (todavía).

Esta situación absurda es posible, sin embargo, porque no se ha interiorizado que tanto Cataluña como el País Vasco son España en la misma medida en que lo es Madrid o Andalucía. No más, pero tampoco un milímetro menos.

Es contradictorio que estas otras lenguas españolas sean consideradas como patrimonio tan solo de ciertas comunidades autónomas

Estoy seguro de que en esto que acabo de decir algunos de los que comparten conmigo mi radical oposición a la secesión de Cataluña discreparán. Quizás no lo reconozcan expresamente, pero les pediría que examinaran la forma en que valoran el debate político y consideran unas y otras propuestas y sinceramente asumen lo que acabo de decir, que Cataluña no es menos España que cualquier otra parte del país. O dicho de otra manera, que Cataluña es tan importante para entender España como lo puede ser Burgos o Sevilla.

Evidentemente, esta consideración sobre los territorios ha de extenderse a las personas; esto es, ¿se asume realmente que los catalanes, vascos o gallegos son tan españoles como pueden serlo los andaluces o madrileños? Y es aquí donde llegamos al tema del idioma con el que empezaba.

Uno de los elementos que generalmente caracterizan a las personas es el idioma que utilizan, que les es familiar, con el que se identifican. La lengua materna no es una anécdota, y existen muchos españoles que tienen como lengua materna una que no es el castellano. Cuatro o cinco millones de españoles tienen como primera lengua el catalán. ¿Asumimos que esos cuatro o cinco millones de españoles lo son en la misma medida que aquellos que tienen como primera lengua el castellano? La respuesta políticamente correcta es que sí, que lo asumimos; pero ¿realmente consideramos que su lengua, aquella con la que se identifican, es también una lengua española, una lengua que ha de ser percibida como propia por las instituciones del Estado que nos debería representar a todos por igual?

Esta es, a mi entender, la clave del problema. Es evidente que en España contamos con una lengua común, que es el castellano (al que yo prefiero llamar español, tal como sucede en todo el mundo); pero esta lengua común coexiste con otras que son tan españolas como el castellano (quienes no estén de acuerdo en este punto no compartirán mi punto de vista, lo asumo; se trata tan solo de clarificar el debate). Es contradictorio que estas otras lenguas españolas sean consideradas como patrimonio tan solo de ciertas comunidades autónomas; este planteamiento (que es el vigente) solamente es coherente con una visión de España en la que, como decía antes, nos limitamos a mantener un cierto equilibrio entre la España nuclear y aquellos otros territorios que son “menos España”. Esa es la situación que hemos padecido durante las últimas décadas (en realidad durante el último siglo) y que nos ha conducido a la situación actual.

¿Queremos cambiar esta situación? Hagámoslo. Tenemos una oportunidad histórica para reflexionar y construir un país fuerte, rico, orgulloso de su diversidad y en el que, como digo, todos los que creemos en el proyecto común que encarna nos sentiremos cómodos. Para ello debemos dotar de reconocimiento institucional a todas las lenguas española, reconocimiento no en sus respectivas comunidades autónomas, sino en el Estado que nos une a todos.

España es diversa, estemos orgullosos de ello y hagamos que todos los españoles lo estén.