La denominada hoja de ruta del proceso soberanista catalán está concebida como un procedimiento escalonado de ruptura con el Estado español; mejor dicho, como una amenaza de fraccionamiento del Estado español. Una amenaza (un farol, en el juego de envite del proceso), que no tiene ninguna posibilidad de producir el efecto supuestamente pretendido: la proclamación de un nuevo estado; al contrario, la secuencia de actos (erróneos, además de ilegales y antidemocráticos) del procedimiento facilitará el fracaso, o sea, estamos ante un fracaso anunciado.

No todos los hoy seguidores del proceso son insensibles al razonamiento. Muchos podrían reflexionar y reconducir sentimientos y energías hacia objetivos alcanzables de mejora de la gobernación

Pero, no basta con decir que la “hoja de ruta” es papel mojado, ni con calificarla de delirio, de fraude ley, de engaño, de brindis al sol, de bodrio… pese a ser ciertas estas afirmaciones, conviene también apuntar porqué lo son. No todos los hoy seguidores del proceso son insensibles al razonamiento. Muchos podrían reflexionar y reconducir sentimientos y energías hacia objetivos alcanzables de mejora de la gobernación de la colectividad y de la convivencia intraestatal.

La proclamación de un nuevo estado es presentada como la culminación de un proceso de transición nacional. Según el Derecho Internacional (DI), tan ignorado durante toda la agitación soberanista, para que un ente pueda llegar a ser un estado tienen que concurrir en él tres elementos esenciales, cubiertos por la idea global y básica de la soberanía.

La población como un conjunto de personas que de modo permanente habiten un territorio. No habría problema primario en este punto. El territorio como espacio físico dentro del cual se ejercita en plenitud la potestad de gobierno, excluyendo en él cualquier pretensión de ejercicio de poderes por parte de otros Estados. Aquí aparece la primera dificultad, que se agudiza con el tercer elemento hasta el punto de invalidar la posibilidad de continuar con la secuencia de actos. Sería necesario un gobierno efectivo, único, que como autoridad excluya cualquier otra autoridad, monopolizando todos los poderes (la coacción, el poder judicial, la organización de los servicios públicos…).

En el territorio de Cataluña el Estado español, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía -el ordenamiento jurídico interno vigente e internacionalmente respetado-, ejerce una serie de competencias de carácter exclusivo o concurrente, que nunca abandonará (nacionalidad, extranjería, derecho de asilo, comercio exterior, defensa, control del espacio aéreo, justicia, finanzas, correos y telecomunicaciones, régimen aduanero y arancelario, marina mercante, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad, relaciones exteriores, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social…). ¿Cómo hacérselas abandonar? ¿Por la fuerza? ¿Por la fiesta en la calle? ¿Creando “estructuras de estado” paralelas que no tendrían ninguna efectividad y que serían impugnadas con fundamento por el Estado?

Imposible, pues, alegar una soberanía plena, proclamar una ficticia independencia y reclamar el reconocimiento internacional. Cataluña no reuniría, por mucho que los soberanistas se obstinen en ello, los requisitos necesarios, según el DI, para llegar a ser un nuevo estado.

Una palanca soberanista exitosa ha sido el denominado derecho a decidir, desenmascarado ya de la supuesta búsqueda de una fórmula para mejorar el encaje de Cataluña en España, ha quedado reducido finalmente a un sinónimo de derecho de libre determinación. El DI es muy claro al respecto: no respalda un derecho de las colectividades que forman parte de Estados consolidados a separarse y erigirse en entes políticos independientes. Un sector (minoritario) de la doctrina iusinternacionalista entiende que se podría invocar un derecho de secesión para poblaciones dependientes de un Estado carente de instituciones democráticas, de un Estado opresor. Inaplicable en el caso de Cataluña.

El Estado español es un estado plenamente democrático, universalmente reconocido, miembro de la ONU, del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016

El Estado español es un estado plenamente democrático, universalmente reconocido, miembro de la ONU, del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016 y de prácticamente todos los organismos internacionales especializados, miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa, que respeta las convenciones internacionales sobre derechos y libertades fundamentales, sin que ninguna colectividad o minoría pueda alegar una violación que permitiera apelar al orden internacional.

Por otra parte, el DI protege singularmente la integridad territorial de los Estados, como queda establecido en dos Resoluciones fundamentales de la ONU, la 1514 (XV) y la 2625 (XXV) y ha sido remachado por la doctrina. Sin olvidar el artículo 4-2 del Tratado de la Unión Europea: “La Unión… respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional…” (¿Cómo puede imaginar Artur Mas, si no es desde la ofuscación o el ánimo de confundir, que la UE -qué institución, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión…- arbitraría en una tentativa de desintegrar el Estado español?).

Otra cosa son las políticas recentralizadoras del gobierno del PP, que justifican un rechazo popular y una oposición política. Pero no solo Cataluña las padece, también resultan perjudicadas las otras Comunidades Autónomas. Ésta es una cuestión política interna a debatir y a resolver en la esfera del sistema democrático español.

¿Hacia dónde lleva la insensatez de la “hoja de ruta”? Seguro que no hacia la independencia de Cataluña. ¿Qué pretenden pues? Huir hacia delante –y después ya veremos-, satisfacer (temporalmente) la masa de seguidores para traducirla en votos, eludir los problemas del presente, de buena parte de los cuales el gobierno de Artur Mas es responsable o corresponsable con el gobierno central.

¿Qué han conseguido? Agitar, dividir, crear inquietud, poner en riesgo logros y conquistas colectivas… y que se hable de ellos y que se escriba sobre lo que dicen más que sobre lo que hacen. Sería preferible hablar y escribir sobre cuestiones como la desigualdad social, el empobrecimiento cultural, la erosión de la soberanía de los Estados por los mercados financieros, la federalización de España y de la Unión Europea, la sociedad del abuso, el cambio climático, la demografía mundial desbocada…