A finales de abril está prevista la visita a Barcelona de Jean Charest, primer ministro de Quebec entre 2003 y 2012. Nos ilustrará sobre los costes que para el Quebec tuvo la etapa de incertidumbre e inestabilidad política y económica del periodo que va desde el anuncio del primer referéndum para la independencia que se celebró en 1980 y el segundo de 1995. Eso me hace plantear algo que nadie explica en Cataluña. Los costes de todo tipo que el "proceso" está teniendo.

Si hicieramos una contabilidad analítica veríamos que todo tipo de instituciones y administraciones públicas han dedicado un porcentaje muy elevado de su "trabajo" a promover e impulsar el proceso

A pesar de que inicialmente una hipotética independencia de Cataluña fue vendida por el nacionalismo soberanista como una panacea no sólo sin coste sino con beneficios de todo tipo, poco a poco hasta los propios independentistas admiten costes " transitorios" que no cuantifican, pero sobre los que existe bibliografia constrastada. Pero muy poco o nada se ha escrito sobre lo que ya nos cuesta la aventura independentista a pesar de que todavía dista mucho de ser tomada en serio por los mercados. El proceso aunque no obtenga sus objetivos y, por tanto, nos evitemos el coste de la independencia, está teniendo un coste económico descomunal, equiparable al de la corrupción y el despilfarro de dinero público de los años de vacas gordas.

Las instituciones públicas justifican su existencia en función de dedicarse a las labores que le son propias. Si en Cataluña hicieramos una contabilidad analítica veríamos que todo tipo de instituciones y administraciones públicas han dedicado un porcentaje muy elevado de su "trabajo" a promover e impulsar el proceso. Por poner un ejemplo ¿qué proporción del tiempo del departamento de Presidencia se ha dedicado a esta labor?. Habrá que analizarlo con detalle pero seguro que se acerca al 90%. Con porcentajes menores lo mismo puede decirse de otros departamentos, o de muchos Ayuntamientos o del Parlamento autonómico. Basta aplicar este porcentaje al presupuesto de cada organismo para saber el coste que ha tenido que el president, el alcalde, el conseller y sus gabinete, los diputados o los servicios administrativos del Parlamento autonómico, se hayan dedicado a este tema en cuerpo y alma en lugar de a otras funciones acordes con sus competencias. En cualquier empresa se echarían así las cuentas.

Con ser brutal este coste no es el único. ¿Cuánto ha costado el Tricentenario, el 9N, las subvenciones, las embajadas políticas, las estructuras de Estado o el Diplocat? -por cierto, haciendo funciones que no son las propias de su fines fundacionales-. Tenemos algunas cifras parciales pero habrá que hacer un recuento pormenorizado.

Tampoco podemos olvidar el coste en deslocalizaciones de empresas, aplazamiento o suspensión de inversiones, cambios de domicilio fiscal y otros impactos económicos que habrá que intentar inventariar. Y eso que, como he indicado anterormente, los mercados no han tomado la independencia como una acción real a corto y medio plazo.

Además de los costes económicos existen otros costes no evaluables económicamente pero sin duda relevantes. Los enfrentamientos políticos entre familiares, amigos y socios han deteriorado la convivencia y han abierto heridas a veces muy dificiles de curar. Una sociedad dividida, enfrentada e hiperpolitizada no es el mejor caldo de cultivo para lograr objetivos colectivos que valgan la pena.

Seguro que a los lectores se les ocurren costes adicionales a los mencionados. Deben ser evaluados. Y posteriormente pedir al menos las responsabilidades políticas correspondientes.