Después de acordar el pasado 19 de enero convocar elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 27 de septiembre, Mas se las prometía bastante felices. Había logrado, por fin, su objetivo de retrasar la cita electoral y se aprestaba a aprovechar esta tercera tregua que Junqueras acababa de concederle graciosamente. A primera vista, parecía confirmarse que al líder republicano le había faltado una vez más la determinación para plantarse, retirarle el apoyo parlamentario que ERC presta a CiU, y tomar de una vez las riendas del proceso independentista; y cabía esperar que, a partir de ese momento, Mas, con la ayuda de los presupuestos, la maquinaria burocrática del gobierno catalán, y el control que el uno y la otra le otorgan sobre los medios de comunicación en Cataluña, tenía ante sí el camino expedito para seguir adelante con su estrategia de guerra de baja intensidad contra las instituciones centrales del Estado, mientras consolidaba una plataforma electoral en torno a su persona y promocionaba a nivel internacional su imagen de ‘estadista’.

Junqueras justificó su oposición en ocasiones anteriores aduciendo que no veía apropiado que el President del gobierno catalán compareciera en dicha comisión, por lo que habrá que concluir que los cálculos partidistas de los republicanos han acabado primando sobre el interés ‘nacional’

Pero el guión se ha torcido antes de lo esperado. Nada más dar luz verde a los presupuestos, tras una breve negociación para crear un simbólico fondo extraordinario de 100 millones (88,5 para gasto social y 11,5 destinados casi en su totalidad a potenciar la Hacienda Catalana) sobre un gasto presupuestado de 22.481 millones, Junqueras se ha despachado a gusto y ha apoyado la petición del resto de grupos en el Parlament de Cataluña que reclamaban, por quinta vez, la comparecencia de Mas en la comisión parlamentaria que investiga los presuntas actividades delictivas de la ‘famiglia’ Pujol-Ferrusola, el clan al que Mas debe su ascenso político. Junqueras justificó su oposición en ocasiones anteriores aduciendo que no veía apropiado que el President del gobierno catalán compareciera en dicha comisión, por lo que habrá que concluir que los cálculos partidistas de los republicanos han acabado primando sobre el interés ‘nacional’.

Junqueras había aparecido en los últimos meses como un segundón resignado y no podía arriesgarse a que Mas continuara llevando toda la iniciativa política hasta las elecciones de septiembre mientras seguía diluyéndose la ventaja electoral lograda por ERC en los dos últimos años. La lucha había sido muy desigual hasta ahora porque, reconozcámoslo, no es lo mismo ser el President del gobierno catalán y tener todos los medios a tu disposición con un mero chasquido de los dedos, que ser el alcalde de Sant Vicenç del Horts. De seguir cediendo la iniciativa, estaba cantado que Mas acabaría acaparando todo el crédito, sumando efectivos a su plataforma electoral, y llegaría a la cita de septiembre en mejores condiciones que Junqueras y los republicanos. Hacerle pasar a Mas por la humillación de ser interrogado en la Comisión que investiga las presuntas prácticas mafiosas de su ‘padre político’, pueden deteriorar considerablemente la imagen de Mas y la de su partido.

No será ésta la última copa envenenada que tendrá que sorber el president de los independentistas catalanes antes de las elecciones. Cabe esperar también que se produzcan novedades judiciales en torno al caso Palau en el que Daniel Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011) está imputado por financiar ilegalmente a CDC. Y tampoco puede descartarse que antes del 27 de septiembre se produzca la tercera y definitiva caída si el procedimiento abierto por la Fiscalía contra Mas, por desobedecer el acuerdo del Tribunal Constitucional de “suspender los actos impugnados (desde el 31 de octubre de 2014, fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros), así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas con ella”, concluye, como cabe esperar por la gravedad de los hechos que se le imputan (desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, ), con su inhabilitación.