En círculos críticos en Cataluña nos hemos preguntado muchas veces por el papel del Estado frente a la política lingüística (PL) de la Generalitat y en especial, frente a la inmersión. La mayoría de las veces, aquellos que hemos opinado sobre lo qué ha hecho el Estado, hemos expresado una sensación de desánimo. El Estado ha hecho poco, por no decir nada. No podemos señalar ningún acto, ninguna ley, ninguna campaña comunicativa o discurso coherente como respuesta a las prácticas en menoscabo del bilingüismo practicadas por la Generalitat desde la primera ley de PL de 1983.

La actitud del PSOE ha sido siempre la de aceptar todo lo que proponen los nacionalistas y además, luego lo interiorizan y se convierte en política del PSOE

Los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, nunca se han puesto de acuerdo en relación a la PL de la Generalitat. Cada partido tiene una visión diferente. Es sabido que la actitud del PSOE ha sido siempre la de aceptar todo lo que proponen los nacionalistas y además, luego lo interiorizan y se convierte en política del PSOE. Es esta una actitud que tiene atónitas a muchas personas porque es realmente un enigma poder llegar a comprender este entreguismo al nacionalismo por parte de un partido de izquierdas.

En cuanto al PP, hemos oído muchas quejas en relación a la PL de la Generalitat cuando este ha gobernado pero ninguna se ha traducido en acción eficaz. Ni siquiera han facilitado las cosas: las Asociaciones Pro-bilingüismo de las comunidades bilingües se las han visto y deseado siempre para poder ser recibidos en Madrid por los ministros de Educación y explicar sus propuestas. En teoría, el PP querría que el español fuera respetado en Cataluña pero se ha olvidado del tema siempre que le ha convenido. Por ejemplo, en 1998 se aprobó la segunda ley de PL de la Generalitat y en aquel año, Aznar gobernaba con el apoyo de CiU por lo que la Ley de 1998 se aprobó en el Parlamento de Cataluña sin que en Madrid se dijera una palabra. Cuando ha habido alguna iniciativa, esta ha sido a través de las Leyes Orgánicas de Educación, como la Ley Wert. Es esta una iniciativa hecha con poca voluntad y con cierta desidia en abordar realmente el tema por lo que no es de sorprender que no haya servido para introducir ninguna modificación en la inmersión y sí, en cambio, haya ofrecido toneladas de victimismo a los nacionalistas.

En resumen, desde la Transición, cada partido ha ido a la suya, ha cuidado sus propios intereses y nunca ha considerado seriamente que el tema de las lenguas en España requiere una especial atención, es decir, requiere ser considerado un tema de Estado.

La Constitución de 1978 diseñó para España un mapa lingüístico de “bilingüismo territorializado” por el que las lenguas distintas del español son oficiales solo allí donde se hablan. Los gobiernos de las comunidades bilingües tienen plenas competencias en la PL de sus comunidades: los Parlamentos autonómicos aprueban las leyes de PL de la comunidad y los gobiernos las implementan. Por ello, el Congreso nunca ha elaborado ninguna ley específica y propia de PL que afecte a las comunidades bilingües porque no entra dentro de sus competencias. Otra cuestión son las Leyes Orgánicas de Educación, las cuales sí son competencia del legislativo español, y es aquí donde ha habido algún intento de intervención en la inmersión. Los dos ejemplos –fallidos- son la LOMCE o Ley Wert, y la LOCE (2002), la cual introducía una hora más de español en Primaria, y que tampoco tuvo traducción efectiva en las escuelas.

El tema de las lenguas en España requiere una especial atención, es decir, requiere ser considerado un tema de Estado

Desde mi punto de vista, el modelo de bilingüismo territorializado ha tenido dos consecuencias negativas: la primera, que la PL ha queda en manos exclusivas del nacionalismo gobernante en cada comunidad bilingüe y la segunda, que el Estado se ha desentendido de la representación y gestión del catalán, el vasco y el gallego. Como resultado de ello, creo que es un diagnóstico certero decir que actualmente nos encontramos con un Estado altamente inhibido y una Generalitat haciendo y deshaciendo a su antojo (y no solo en el tema lingüístico).

Debido a la carta blanca de la que gozan, los nacionalistas han logrado imponer un discurso público férreo, lleno de mantras y consignas, sobre el catalán. Este discurso se ha convertido en un muro infranqueable para el gran número de ciudadanos que desearíamos una profunda re-orientación de la PL. Por supuesto que esto no significa que debamos resignarnos a ello pero creo que es un buen diagnóstico de la situación en la que nos encontramos, resultado del modelo constitucional del bilingüismo territorializado: la PL ha resultado ser una fortaleza inexpugnable para nosotros. Aún y así, todos aquellos comprometidos con la tarea de promover el bilingüismo en Cataluña debemos perseverar en nuestro trabajo y seguir haciendo crítica y exigiendo cambios.

Sin embargo, ello no excluye dirigir nuestra mirada también hacia el Estado y preguntarnos si hay algo que este realmente puede hacer en favor del bilingüismo en Cataluña. Incluso podemos preguntarnos no sólo si puede hacer algo sino también si es que debería hacerlo. En mi opinión, sí debería hacerlo porque es el Estado de todos, es por tanto responsable de lo que sucede dentro de sus lindes y es, además, plenamente consciente de que el tema lingüístico ha envenenado gravemente la convivencia en España. Es decir, los dos grandes partidos saben que las lenguas están en el origen de las divisiones y enfrentamientos territoriales pero sus inercias les impiden actuar con inteligencia y efectividad.

Lo más importante de la aprobación de la Ley de Lenguas Oficiales es que implicaría el fin del nacionalismo como el representante, defensor y gestor único del catalán

Actualmente, cuando ya se ha evidenciado la acuciante necesidad de reformas y regeneración de las instituciones del Estado, un grupo de colegas y yo pensamos que es un buen momento para presentar y proponer a los dos grandes partidos y a otros que pudieran estar interesados un plan de PL para el Estado. A este plan lo llamamos Proyecto de Plurilingüismo y consiste en que el Estado tome la iniciativa por primera vez en el tema de las lenguas de España, considere favorablemente la posibilidad de pensarse a sí mismo como plurilingüe y lo lleve a la práctica. La materialización concreta del Proyecto de Plurilingüismo es una Ley de Lenguas Oficiales, la cual consistiría en hacer del catalán, el gallego y el vasco lenguas oficiales de las instituciones estatales, junto con el español. Ello permitiría que el catalán, el gallego y el vasco tuvieran una presencia y un uso en las instituciones y actos del Estado, sin menoscabo de que el español siguiera siendo la principal lengua de trabajo y comunicación. Para una presentación en más detalle de la Ley de Lenguas Oficiales y una reflexión sobre sus motivos, quería remitir al lector a este enlace.

Es un reciente artículo en El País escrito conjuntamente con mi colega y amigo Juan Claudio de Ramón, ensayista y diplomático de la Embajada española en Canadá. El lector podrá encontrar aquí el contenido concreto de la Ley y sus áreas de aplicación. Aunque esta ley es una medida con claras y necesarias repercusiones prácticas, es importante señalar que su principal objetivo es el mensaje que transmite: es decir, un mensaje de cercanía y complicidad hacia estas lenguas por parte del Estado que compartimos. Se trataría, sobre todo, de un reconocimiento simbólico hacia estas lenguas, el cual sería sin duda valorado muy positivamente por una mayoría de ciudadanos en las comunidades bilingües.

Así, además de creer en el plurilingüismo del Estado como una actuación buena, inclusiva y justa en sí misma, aquellos involucrados en este proyecto creemos que, si se aplicara, podría resultar en una muy buena estrategia para incidir en la PL de Cataluña y lograr, esta vez sí, avanzar gradualmente hacia el bilingüismo. La razón de su potencial efectividad radica en que es un plan reformista que busca cambiar al nacionalismo ocupando parte de su terreno: lo más importante de la aprobación de la Ley de Lenguas Oficiales es que implicaría el fin del nacionalismo como el representante, defensor y gestor único del catalán. Hasta ahora los nacionalistas catalanes han tenido el monopolio del discurso público y del quehacer legislativo sobre el catalán. Ya ha llegado la hora de que el Estado dispute este monopolio y elabore su propio discurso y sus propias actuaciones legislativas respecto a esta lengua, a partir de hacerla oficial en las instituciones del Estado (junto con el vasco y el gallego).

Entonces podríamos todos visualizar como la Generalitat practica el monolingüismo y la exclusión del español y el Estado practica el plurilingüismo y la inclusión de todas las lenguas de España. ¿No se nos abriría una puerta importantísima en Cataluña si tuviéramos un escenario así?

De ninguna manera, y sería realmente un gran equívoco, debe entenderse la propuesta de Ley de Lenguas Oficiales como una concesión al nacionalismo. En la segunda parte de este artículo, desarrollaré en más detalle esta cuestión. Hasta aquí, el diagnóstico de la situación que abordamos y una breve presentación del Proyecto de Plurilingüismo y su concreción, la Ley de Lenguas Oficiales.