Balón de oxígeno para las autonomías
Una de las asignaturas pendientes del gobierno Rajoy es la financiación de las Comunidades Autónomas. De hecho, el sistema debería haberse revisado en 2014, pero el ministro Montoro no lo consideró oportuno y sin demasiadas explicaciones dio carpetazo al asunto. No cabe duda que afrontar el problema es lo mismo que abrir la caja de los truenos, pero postergarlo no es la solución, así lo que se consigue es encabritar al personal, máxime cuando en las consejerías de economía de las CCAA están con el agua al cuello.
Debemos admitir que una parte de las dificultades financieras de algunas comunidades tienen su origen en una gestión irresponsable
La culpa es muy negra y no la quiere nadie, pero a estas alturas se hace muy difícil cuantificar quien tiene más responsabilidad en la generación del inmenso agujero económico que es la financiación de las CCAA. Es cierto que los medios actuales son insuficientes y que los gobiernos autónomos han de mantener los servicios básicos tales como sanidad, educación, seguridad políticas sociales. Pero también debemos admitir que una parte de las dificultades financieras de algunas comunidades tienen su origen en una gestión irresponsable. Tal vez parezca inverosímil, pero en nuestro país se ha pagado la construcción de aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros, ciudades de la cultura vacías y otras bagatelas diversas, y lo más sangrante: no ha habido una sola dimisión por todos esos desaguisados.
Con este panorama de fondo el ministro Montoro y aunque haya sido a regañadientes, no ha tenido más remedio que coger el toro por los cuernos. En principio se había especulado con la posibilidad de conceder una quita a las comunidades, pero eso no gusta en Bruselas, de ahí que se haya optado por un sucedáneo como es suprimir los intereses de los créditos.
De hecho, el problema no estriba tan solo en la carga que representan los intereses que es, en sí misma, una buena mordida a las cuentas públicas —casi 9.000 millones de euros al año entre todas las comunidades—, sino los vencimientos de deuda que merman la tesorería y dejan a estas administraciones sin recursos suficientes con los que afrontar los gastos más perentorios.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las comunidades autónomas deberán abonar a las entidades financieras unos 35.000 millones de euros por los vencimientos de la deuda pública previstos para 2015. Asimismo el ministerio calcula que deuda de las administraciones autonómicas con los bancos y fondos de inversión anda sobre los 232.000 millones de euros, es decir lo que viene a ser el 22% del PIB de nuestro país.
Cataluña es la comunidad autónoma que más pagos por deuda tiene que afrontar en este 2015, unos 7.676 millones de euros. Por el contrario Madrid ostenta la menor carga financiera de todas las comunidades: solo un 13,3% del PIB, frente al 22% de media del conjunto de las otras comunidades.
Cataluña es la comunidad autónoma que más pagos por deuda tiene que afrontar en este 2015, unos 7.676 millones de euros
Desde que nació la España de las autonomías, éstas, y de manera creciente, se fueron financiando a base de préstamos y emisiones de bonos y letras. Si bien es cierto que cada vez las condiciones de los mercados eran más draconianas. Pero en 2012 y con los mercados prácticamente cerrados tuvieron que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la ventanilla que les abrió el Estado para ofrecerles liquidez en unas condiciones ventajosas. Aunque algunos gobiernos autonómicos hubieran preferido seguir como antaño por aquello del orgullo patrio. Eso de que Madrid nos eche un cable en determinados casos es poco menos que un ultraje.
Sea como sea, la realidad es que el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas de liquidez, mediante las cuales ofrecerá créditos gratis, al 0% de interés, durante 2015 a las CCAA. De esa forma las autonomías podrán refinanciar los créditos que tenían concedidos sin ningún coste adicional. Esta medida, ideada por Hacienda, liberará presión de la tesorería de las comunidades, ya que ahorrarán unos 5.811 millones en gastos financieros.
De todos modos, conviene recordar que el problema de fondo sigue existiendo: se necesita un sistema de financiación para las CCAA, sólido, sostenible equitativo, justo y eficaz. Las medidas ahora adoptadas están bien, pero no dejan de ser un parche y no se puede vivir con parches toda la vida.
