Como en una noche de los muertos vivientes revivida, el erial en que se ha convertido la política catalana bajo el efecto radioactivo del procés, se ha visto súbitamente poblado por un ejército de tietes zombis que nos anuncian el fin del mundo conocido y el nacimiento de uno nuevo. Mientras Nuria Feliu se burla de todo aquel que reniega de la verdad secesionista revelada, Forcadell y Casals, Casals y Forcadell, encarnación del dúo dinámico en este universo de Teresinesde última generación, señalan en una reciente entrevista que “No nos marcamos una cifra de participación por el 9N, pero trabajaremos para que sea lo más alta posible”. Normal. No se lo marcan porque no pueden. ¿Cómo podrían plantear un objetivo de participación en una consulta, o mega-giga-encuesta, o tanteo, o lo que sea, en la que no existe censo, no se sabe cuánta gente está convocada y no existirá más registro de participantes que lo que vayan anotando esos misteriosos voluntarios cuya procedencia y acreditación se ignora, en base a los datos que, según ellos, figuren en sus DNIs o tarjetas de residencia, o lo que se les ocurra?
Artur Mas ha desmontado, manoseado, ultrajado todos y cada uno de los conceptos que son los pilares de nuestra convivencia
F&C saben que se mueven en el género de la ciencia-ficción. Un mundo auto-referencial, gobernado por sus propias reglas, donde el marco de realidad que condiciona el transcurrir cotidiano de la gente normal y corriente como nosotros ni está, ni se le espera. Podemos darle otro nombre a esta situación. Podemos llamarlo farsa. Podemos llamarlo engaño. Podemos llamarlo fraude.
Nuestro entusiasmo por las posibilidades cómicas que abre el túnel de despropósitos por el que nos ha lanzado Artur Mas, nuestro timonel suicida, no nos debe apartar de lo sustancial de la situación. Más allá del resultado impredecible de su aventura, más allá de la miseria de sus motivaciones personales, más allá de lo oscuro de sus juegos políticos malabares, el daño más grave e irreparable por el que el President deberá responder ante la Historia es, sin duda, el malbaratamiento, la degradación y la descomposición a la que ha sometido a nuestro sistema, a nuestro marco de convivencia. Es un perjuicio irreparable de hoy para mañana, un mal que costará décadas remediar. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde quedan las reglas de convivencia? ¿Qué flema será necesaria a partir de ahora para ponerse ante los ciudadanos, mirarles a los ojos, y pedirles que cumplan y respeten la ley? ¿En base a qué? ¿A qué legitimidad? ¿Existe todavía el concepto de legitimidad, de orden, de autoridad?
Artur Mas ha desmontado, manoseado, ultrajado todos y cada uno de los conceptos que son los pilares de nuestra convivencia. Soberanía, nación, Estado de Derecho, legalidad, justicia, democracia han sentido en su nuca el aliento ávido del yonqui político del Palau. Todas las ideas han sido utilizadas en su estafa continuada. Es lo que el President denomina “astucia”. No hay ya en la Cataluña política, ni entre la ciudadanía, quien no se sienta engañado o utilizado por quien es o debería ser la máxima representación del Estado, ese enemigo, en la Comunidad, y esto afecta no sólo al procés o a las fantasías mesiánicas del President, sino a nuestro futuro, a las posibilidades reales de hacer de este lugar un sitio apto para la vida civilizada, abierta, en concordia.
El último truco, de momento, es la convocatoria oral por vía de facto de un proceso consultivo por parte de un Gobierno de la Generalitat súbitamente ágrafo. Los hechos son sobradamente conocidos por todos. A finales de septiembre se aprobó la Ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana e inmediatamente se ratificó y publicó el Decreto de convocatoria de la consulta. Con una diligencia encomiable, por una vez a la altura de las circunstancias, el Pleno del Tribunal Constitucional suspendió en un plazo de tres días los artículos 3 al 39 y diversas disposiciones de la Ley, así como el Decreto de convocatoria. Ahora bien, lejos de arredrarse, el President de la Generalitat, el enemigo declarado del Estado español, lanzó su penúltimo órdago y convocó, en rueda de prensa, una consulta popular de idéntico contenido material que la anterior, a la que denominó eufemísticamente y con la habilidad semántica que le caracteriza, “Procés de participació ciutadana”. Para ello, se amparaba formalmente en los artículos 40 y siguientes de la Ley, no suspendidos por el TC. Idéntica consulta, idéntica pregunta, pero un hecho, según el Govern, totalmente diferente y legal. Si en el mundo real, de acuerdo con el dicho popular, blanco y en botella, es leche, en el mundo paranormal de Artur Mas blanco y en botella puede ser leche, o vino, o aromas de Montserrat. Esto, dice él, parece, pero no es, lo mismo.
Desde el momento seminal de su comparecencia pública la pasada semana para desdecirse y decirse simultáneamente, Artur Mas se ha lanzado a una carrera delictiva sin precedentes en la historia política de este país, aunque esto último sea mucho decir en el actual contexto. El President y su Govern se mueven permanentemente en la oficiosidad, actúan pero no decretan, nada se publica ni se escribe. El criminal intenta borrar toda evidencia del escenario del crimen, lo cual no deja de ser un cliché más en esta novela de género, a la vez que se ponen en marcha todos los procedimientos dirigidos a ejecutar el plan del Honorable y a esquivar la justicia española, esa enemiga. Una página web creada ad hoc substituye al Decreto de convocatoria no nato de la neo-consulta, un registro de voluntarios suplanta a la Junta Electoral y a los responsables de las mesas. Todo es y no es. Todo tiene un aire familiar. La invasión de los ultracuerpos.
El último movimiento nos pone, de nuevo, cara a cara con la indignidad del momento que nos ha tocado vivir. La semana pasada, los distintos Servicios Territoriales del Departamento de Enseñanza convocaron a todos los directores de los centros educativos públicos de secundaria a una serie de reuniones semi-clandestinas por las que, discretamente, se les solicitó que pusiesen los centros que dirigen a disposición de la Generalitat en su calidad de titular, para poder celebrar la consulta, así como que colaborasen en la organización de ésta captando voluntarios entre los profesores funcionarios, los padres y el personal no docente. Se les solicitó discretamente, pero sobre todo, oralmente. Este hecho sorprendió a los asistentes más atrevidos, que pidieron que se les comunicase por escrito al temer que pudieran cometer un delito al participar en esta farsa sin una orden expresa y escrita por parte de la Administración, ya que se les conminaba a participar con actos de ejecución material (búsqueda de voluntarios, facilitación de material e instalaciones del centro escolar, entrega de llaves del instituto,….) en un proceso posiblemente ilegal y en un marco de fraude de ley. Por descontado, los más sumisos y los acólitos se apresuraron a ejecutar las órdenes. La Generalitat, en su estrategia de engaño generalizado, de trampa, de corrupción, aprovecha su superioridad jerárquica y su capacidad de coerción para coaccionar a los directores y funcionarios docentes en una maniobra que nos da la medida del futuro autoritario, totalitario, al que todo este despropósito parece dirigirnos. Mientras tanto, el Gobierno de España, impávido, observa y espera, sin mover un músculo, a que todo suceda por sí mismo.
Estamos ante un evidente fraude de Ley dirigido a burlar de manera consciente la suspensión del Tribunal Constitucional, una actuación prevaricadora de la Generalitat
Estamos ante un evidente fraude de Ley dirigido a burlar de manera consciente la suspensión del Tribunal Constitucional, una actuación prevaricadora de la Generalitat en la que se incita a funcionarios públicos a actuar de forma ilegal, una malversación de caudales públicos a través de campañas institucionales y gastos organizativos, lo habitual en el universo post-Mas en el que nos movemos.
Ante esta situación, y ante la inactividad del Gobierno y de las fuerzas constitucionalistas con representación parlamentaria en Cataluña, UPyD Cataluña ha presentado este martes, 21 de octubre, una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña poniendo todos estos hechos en su conocimiento y solicitando que realice todas las actuaciones pertinentes para que se restaure la legalidad, se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspensión de la consulta secesionista, se impida la ejecución del fraude de Ley mediante la convocatoria de facto del llamado “proceso de participación ciudadana” del día 9 de noviembre de 2014 para burlar dichas resoluciones, y se garanticen y protejan los derechos y libertades de los funcionarios conculcados por el Presidente, el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Cataluña en lo que han dado en llamar el proceso de participación ciudadana.