¿Por qué la pregunta de Miquel Iceta es reaccionaria?

Si el nacionalismo tuviera un sistema de financiación a imagen y semejanza del cupo vasco, si pudiera disponer de una nación a la altura de sus ficciones, imponer el catalán como única lengua nacional, y poseer Tribunales de Justicia propios, les aseguro que los independentistas menguarían hasta reducirse a folklore turístico. En realidad ya no necesitarían un Estado independiente, tendrían lo mejor de él y ninguno de sus inconvenientes.

Iceta está suplantando las aspiraciones del independentismo simulando que lo combate

Pues bien, cuando el socialista Miquel Iceta critica las dos preguntas de la consulta independentista y nos ofrece a cambio un referéndum pactado y legal con su propia pregunta: “¿Quiere que el Gobierno de Cataluña negocie con las instituciones del Estado un acuerdo que garantice el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, un pacto fiscal solidario y el blindaje de las competencias en lengua y cultura?", está suplantando las aspiraciones del independentismo simulando que lo combate. ¿Por qué?

Primero, porque acepta el discurso del derecho a decidir, la falacia más tramposa y contraria a la democracia que utiliza el independentismo para mantener una permanente beligerancia contra España y sus instituciones. En una palabra, su ayuda sirve a los fines rupturistas del nacionalismo sin que se note el cuidado. Después lo analizamos.

Segundo, porque detrás del pacto fiscal se esconde la aspiración a una fiscalidad asimétrica, o si prefieren, al cupo vasco; es decir, privilegios fiscales. Después daremos razones.

Y tercero, porque persiste en imponer la inmersión lingüística solo en catalán como modelo educativo sin interferencias del Estado y de paso, adoctrinar en el catalanismo para borrar desde la escuela cualquier sentimiento de pertenencia a España e impedir que la mitad de los alumnos catalanes castellanohablantes puedan estudiar en la lengua de su elección. También daremos razones.

Pero hay una cuarta aspiración encubierta, no por ello menos cicatera: la aspiración de convertir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la última instancia judicial; es decir, en el Tribunal Supremo de Cataluña al margen del sistema judicial español. Esta cuestión no está incluida, pero ya la colaron en el Estatuto de 2005, y ha sido reivindicada por el propio Iceta en repetidas ocasiones desde entonces. En cualquier caso, el reconocimiento de Cataluña como nación y como sujeto jurídico soberano conllevaría más pronto que tarde disponer de tribunales propios. Una bendición para Pujol e hijos, y las cuatrocientas familias Millet que viven del negocio nacional.

La pregunta planteada por Miquel Iceta, como vemos, no varía la deriva egoísta del nacionalismo un milímetro y además, engrasa su juego victimista

Como vemos, lo único que diferenciaría a los nacionalistas independentistas de estos nacionalistas federalistas es la estética de las esteladas y la murga de la independencia. O sea, la parafernalia. En el resto, en lo esencial, participarían de los mismos valores e intereses compartidos desde la transición. Se nota incluso en cómo viven el conflicto. El propio Iceta aseguró ya como secretario general del PSC: “España es una nación de naciones. Y si no se reconoce, antes o después se romperá. En una democracia, si la mayoría de un pueblo quiere marcharse, se marchará". A la altura intelectual de “España es una nación discutida y discutible”, de Zapatero. El tono, la renuncia a enfrentarse a la fatalidad que describe, dan cuenta de su estado de ánimo y de sus propias convicciones. No le parecerá tan mala la salida de la independencia cuando da por hecho que, cuando un pueblo la quiere, la consigue tarde o temprano. Intelectualmente se ha rendido antes de luchar, éticamente no cuestiona los fines egoístas del nacionalismo y políticamente se acomoda a lo que en realidad forma parte de su educación sentimental. Estas son las consecuencias por carecer de convicciones fuera de la atmósfera del catalanismo, o de ser rehén del nacionalismo. La primera prueba fehaciente de esa deriva es la pregunta que ha planteado, la segunda, nombrar a Àngel Ros, independentista declarado, presidente del PSC, cuyas primeras declaraciones han sido volver a hacer hueco a los nacionalistas díscolos y hacer de España un Estado plurinacional. O sea, la confederación, que no federalismo.

Pero volvamos al referéndum pactado y a la pregunta servil del ya primer secretario del PSC. Comencemos por el expolio fiscal convenientemente dulcificado con la mascarada del "pacto fiscal solidario". Dicho de otra manera, quieren “pactar” con el Estado. Solos, claro, de forma bilateral fuera de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), para lograr algo parecido al cupo vasco. Esto es lo que han significado hasta ahora todas las propuestas del PSC en materia fiscal. No nos van a engañar nuevamente camuflando la bilateralidad con la solidaridad. Ya han dejado por escrito que la solidaridad de Cataluña con el resto de comunidades debe tener límite en el tiempo. Si de lo que se trata es de un reparto fiscal justo, exigir un pacto [bilateral] carece de sentido, pues ya está la LOFCA con todas las comunidades autónomas representadas en ella. Luego lo que buscan no es el equilibrio, sino un acuerdo ventajoso a costa del resto. Aspiración profundamente reaccionaria en un partido que tiene como fundamento de su existencia, la igualdad. Un socialista consecuente jamás exigiría privilegios económicos para su región a costa de las necesidades de otra, ni buscaría limitar la solidaridad entre regiones. Por una sencilla razón, porque el fundamento del socialismo es la igualdad. Sólo el socialista que se ha intoxicado de nacionalismo o ha traicionado los principios de la solidaridad entre los desheredados de la tierra puede aspirar a convertir su parcela en un cortijo, como suele hacer el darwinismo social del capitalismo salvaje. Si el socialismo basa su cultura social en la progresividad fiscal individual (pagan más los que más tienen), ¿cómo puede negarla entre regiones? Sólo un socialismo mercenario, o simplemente nacionalista, podría conchabarse con el independentismo para lograr fines económicos tan reaccionarios. Puro fraude ideológico y ético. Hasta las sociedades del bienestar, a menudo dirigidas por partidos de derechas, actúan bajo el principio económico de la progresividad fiscal porque nada hay más justo que todos los seres humanos tengan los mismos derechos y deberes vivan donde vivan y puedan llegar a desarrollar sus facultades y alcanzar el bienestar general disponiendo de las mismas oportunidades. Ayer en España, hoy en Europa y mañana en toda la tierra.

Un socialista consecuente jamás exigiría privilegios económicos para su región a costa de las necesidades de otra, ni buscaría limitar la solidaridad entre regiones

Vergüenza les debería dar a estos hijos nacidos de padres andaluces, asturianos, catalanes… preocuparse sólo de los marginados de Olot, o de Cornellá, pero no de Mieres, Úbeda o Trujillo. Parece mentira que no se den cuenta de la trampa clasista que hay detrás y que tan manifiestamente se ve en la presencia de los apellidos en el Parlamento autonómico. Hasta el puesto 20 de los apellidos más numerosos en Cataluña no aparece un apellido catalán, y si tomamos los 30 primeros -García, Fernández, Martínez, López, etc.- como referencia, su representación en el Parlamento es casi inexistente en el primer apellido de nuestros diputados de CiU (1%), ERC (0%), o PSC (8%). Más escandaloso es que sólo 28 familias catalanas estén sobrerrepresentadas en el poder de Cataluña: "Menos de 2.000 personas catalanas de 28 familias -sí, señores, solo 2.000 personas de los 7,5 millones de catalanes- tienen el 20% de todos los diputados de CiU y ERC en el Parlament y casi el 20% de todos los miembros del Secretariado de la ANC".

Ajustar escrupulosamente el reparto del presupuesto del Estado a las necesidades de cada individuo y de cada territorio es de justicia (pacto fiscal solidario real), buscar privilegios, un abuso. Y el PSC debería ser el primero en combatirlo, no alentarlo.

Si en sus aspiraciones económicas son claramente reaccionarios, en su empeño por blindar la lengua y la cultura son excluyentes, pues pretenden consolidar la exclusión del castellano como lengua docente, asegurando, a la vez, el adoctrinamiento nacionalista sin interferencias. Ese rasgo de racismo cultural, tan evidente en las políticas lingüísticas identitarias de CiU, ERC y la CUP es enarbolado con insultante autosuficiencia por los tontos útiles del PSC. ¡O no tan tontos! Nadie como ellos hicieron tanto por reducir a rebaño sus cotos particulares de votos. Una vergüenza de tufo racista (la inmersión excluye y discrimina) y un comportamiento prevaricador que no respeta la separación de poderes (la inmersión es ilegal y, sin embargo, se niegan a aplicar las sentencias de los tribunales que obligan a la Generalidad a introducir el castellano como lengua docente junto al catalán).

Que nadie se lleve a engaño, la inmersión para los nacionalistas es la gallina de los huevos de oro por la que están dispuestos a todo. De ella depende el adoctrinamiento en el ideal nacionalista de las nuevas generaciones. Ese ideal se concreta en dos fines que debe conseguir la escuela: lograr la sensación de que el catalán es la única lengua de Cataluña y fabricar buenos nacionalistas; es decir, catalanes que aborrezcan todo lo español, o en el mejor de los casos, que se sientan avergonzados de serlo.

Si los socialistas son ajenos a esta evidencia, o bien no han salido del síndrome de Cataluña, o son la peor versión del nacionalismo camuflado.

Pretenden consolidar la exclusión del castellano como lengua docente, asegurando, a la vez, el adoctrinamiento nacionalista sin interferencias

La pregunta planteada por Miquel Iceta, como vemos, no varía la deriva egoísta del nacionalismo un milímetro y además, engrasa su juego victimista. ¿Un error del PSC, o lamentable sumisión al discurso nacionalista? ¡Qué más da si lo que importa es la escandalosa obscenidad de la pregunta! Nunca antes una demanda del nacionalismo había sido tan sucia. Sería bueno empezar por señalar que si hoy se rasgan las vestiduras, teatralizan y envenenan a los ciudadanos con el derecho a decidir es porque exigir un referéndum de autodeterminación de los pueblos está vedado por el derecho internacional. Cegado ese camino, han escogido esa falsa aspiración a la libertad democrática que aparenta poseer el derecho a decidir para vender victimismo al incauto y afear como antidemocrática la legitimidad constitucional. Pretenden cargarse de razón para saltársela. Y, sobre todo, porque no pueden enfrentar la secesión directamente y a las claras. Porque ese, ¡y solo ese!, es el derecho a decidir que piden. No lo hacen para que los catalanes alcancen el derecho a decidir como fórmula de ampliar sus derechos cívicos y políticos. En ningún caso. Los mismos nacionalistas que exigen el derecho a decidir nunca permitirían que tuviésemos el derecho a decidir la lengua en que queremos que estudien nuestros hijos, o si queremos o no otra ley electoral, Monarquía o República, recortes en Sanidad o en TV3, Guardia Civil o Mozos de Escuadra. No, todo se reduce a ver cómo consiguen el fin sin que se note el cuidado. Si los socialistas fueran socialistas, nunca se avendrían a seguirles el juego y mucho menos a secundarlo. El que sigan varados en la tramposa maniobra del derecho a decidir, es la salida más cobarde, más reaccionaría y más mezquina de cuantas pudieran tomar. Tengan la decencia de exigir un referéndum por la independencia, un referéndum a cara de perro, sin simulacros, dejen de jugar, acosar al personal, engañar a los propios, ampararse en la democracia para negarla, no sean cínicos. Hoy en nuestra vida política la corrupción es fundamentalmente económica. Disponemos de leyes, normas y cortafuegos para evitarla, pero no sirven porque hemos subvertido los valores: si puedes, ¡robas! El cáncer moral está generalizado, la metástasis llega incluso a los seguidores, pues son capaces de escandalizarse de la corrupción de los adversarios, pero enmudecer ante la de los propios. ¿Acaso no es pura corrupción plantear una pregunta tramposa, sucia, diseñada arteramente para evitar que las personas piensen por sí mismas y tomen decisiones con criterio? ¿Quién de ustedes montaría una empresa con un estafador de socio? ¿Estarían dispuestos a hacerlo con personas de malicia demostrada como los que nos están embaucando con el derecho a decidir?

Tengan la decencia de pedir un referéndum por la independencia a cara de perro. Con todas las consecuencias. ¿Desea que Cataluña sea un Estado independiente? Sin trampas, limpio. No hay que tenerle miedo, como muy bien lo ha expresado Dani Perales. Para llegar a él, apunto cuatro rasgos y algunas condiciones precipitadas:

1. Cambiar la Constitución, porque de momento la soberanía reside en todo el pueblo español, y así debe seguir siendo; tratar de que una parte pueda decidir sobre el todo no es lograr un derecho, es robárselo a los demás.

2. Lograr las mayorías parlamentarias necesarias para acordarlo y llevarlo a cabo sin romper la convivencia.

3. Poner los medios públicos de comunicación al servicio de la información de todos los ciudadanos y no del adoctrinamiento de quienes están a favor de la ruptura o su contrario. Para ello sería preciso que pasaran a ser dirigidos por profesionales independientes y estuvieran todos representados en sus contenidos.

4. Disponer de medios y tiempo suficientes para elaborar todo tipo de informes científicos sobre el coste de la ruptura, evaluando ventajas, desventajas y consecuencias. A la hora de decidir cuestión tan traumática para 47 millones de españoles, la decisión debe ser meditada, mejor informada y tomada con la máxima frialdad y racionalidad. Nadie toma decisiones sensatas cuando está borracho, como sería estúpido hacerlo en este estado de excitación emocional provocado por quienes buscan un momento de debilidad en la nación española para quebrarla.

5. En ningún caso se podría llevar a cabo el referéndum hasta 2018 o 2020 para que la sociedad pudiera digerir la información y votar en consecuencia, preparar una posible secesión y acomodar a la sociedad para que sufriese los mínimos inconvenientes por el trauma si el resultado fuese favorable a la ruptura.

6. La mayoría necesaria debería ser al menos de un 65 % y la participación no menor del 70 %. Mayorías mínimas con participaciones residuales como la del último Estatuto conducirían al enfrentamiento social.

7. En el caso de salir 'no', los responsables políticos se deberían comprometer a incluir en el Estatuto que no se podría plantear de nuevo un referéndum de secesión hasta pasados al menos 30 años (dos generaciones en términos orteguianos). Y a partir de ese momento desmantelar toda la red de subvenciones públicas a los agitadores de la secesión.

Los socialistas han de tomar conciencia de qué va esta aventura y actuar en consecuencia, con personalidad, con criterio propio; porque hasta la fecha uno tiene la sensación que están más preocupados porque no los tomen por traidores que de servir a la sociedad.