"Y por fin tomó partido de hacerse médico de partido, que fue el peor partido que pudo tomar". (Francisco de Quevedo)
A lo largo de la historia los médicos han tenido un papel relevante en la sociedad. No me refiero exclusivamente a la indiscutible incidencia de su actividad profesional en íntima relación con los avances de la medicina sobre la salud de la población, sino a su influencia social como colectivo y a las consecuencias de su vinculación con el poder político vigente en cada momento.
¿Alguien puede explicar el silencio del colectivo médico ante la situación sanitaria en Cataluña? ¿Cómo se puede justificar que las organizaciones médicas no se pronuncien sobre el desmantelamiento de la sanidad pública catalana?
Como es sobradamente conocido, y no está en modo alguno reservado al colectivo médico, en las situaciones más críticas es donde se pone de manifiesto lo mejor y lo peor de cada uno; la contraposición entre héroes y villanos es inseparable de los conflictos bélicos y de las crisis humanitarias. Sin intención de hacer una descripción histórica exhaustiva, basten dos ejemplos contrapuestos: los denominados "juicio de los doctores" y "complot de los médicos".
El "juicio de los doctores" fue el primero de los doce juicios por crímenes de guerra, genocidio y delitos contra la humanidad, que tuvieron lugar en Nuremberg tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Veinte de los 23 acusados eran médicos (Brack, Rudolf Brandt y Sievers eran oficiales nazis) y todos elllos fueron acusados de planear y llevar a cabo experimentos médicos sin el consentimiento de los afectados, tanto en pacientes hospitalarios como en prisioneros en los campos de concentración; experimentos médicos durante los cuales se cometieron asesinatos, torturas, atrocidades y otros actos inhumanos. También fueron acusados de planear y llevar a cabo el asesinato masivo de personas estigmatizadas, como ancianos, débiles, enfermos incurables o psiquiátricos, entre otros, mediante gaseamiento, inyecciones letales, desnutrición y otros medios. Esos "actos médicos" fueron realizados en residencias, asilos, hospitales y otras instituciones sanitarias durante el Programa de Eutanasia, legalmente vigente durante el gobierno del Partido nacionalsocialista que había accedido al poder -conviene no olvidarlo- tras obtener la mayoría absoluta. Siete de los imputados fueron condenados a muerte, otros siete fueron absueltos y el resto fue condenado a penas de privación de libertad entre 10 años y cadena perpetua (que fue conmutada por 15 o 20 años de prisión).
El "Complot de los Médicos" es el nombre dado a una supuesta conspiración dirigida por prestigiosos médicos de la Unión Soviética, mayoritariamente judíos, a los inicios de 1953. El objetivo de esta supuesta conspiración consistía en asesinar a altos dirigentes políticos soviéticos aprovechando los tratamientos médicos de éstos. Tras la muerte del dictador Iósif Stalin en marzo de 1953, los máximos jefes del Partido Comunista de la Unión Soviética admitieron que ese supuesto complot no había existido nunca y se había tratado de una farsa planificada por el propio Stalin, usando a médicos judíos como pretexto para una nueva y sangrienta purga dentro del régimen.
En el primer caso, verdugos, en el segundo, víctimas. Pero conviene recordar -porque la memoria a veces es débil- que los médicos condenados en Nuremberg y cuyas conductas se perciben unánimemente como absolutamente reprobables y condenables, gozaron de gran prestigio profesional, reconocimiento público, poder e influencia social durante el largo período en que las estuvieron realizando y que, además, esas conductas no sólo contaban con la aprobación de la autoridad política sino que se realizaban al amparo y en cumplimiento de la legalidad vigente en aquel momento. Y la disidencia o la mera crítica conllevaba no sólo estigmatización social o profesional, sino la eliminación física; aún así, hubieron opositores.
La doble puerta de entrada se extiende al abrigo de los recortes, que mantienen plantas y quirófanos cerrados a pesar de las dolorosas listas de espera del servicio catalán de la salud. Estos recursos "infrautilizados" se venden ahora al que los paga de su bolsillo
Salvando todas las distancias que, afortunadamente, son infinitas, ¿alguien puede explicar el silencio del colectivo médico ante la situación sanitaria en Cataluña? ¿Cómo se puede justificar que las organizaciones médicas no se pronuncien sobre el desmantelamiento de la sanidad pública catalana y sobre la gravísima incidencia que esas políticas están teniendo sobre la población? No se trata ya de la defensa de los derechos laborales de los profesionales, que también están siendo grave e injustamente lesionados; se trata de defender el derecho de nuestros pacientes a una asistencia sanitaria digna y equitativa. Durante el año 2012, y a pesar de haberse venido manteniendo estable desde el año 2007, el número de defunciones en Cataluña se ha incrementado en un 5,3%. Son datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), y ese mismo organismo asegura que la tasa de mortalidad (defunciones por cada 1.000 habitantes) se sitúa en el 8,4‰ en Cataluña. Por ámbitos territoriales, las tasas más altas se registran en las Tierras del Ebro (10,4‰) y el Alto Pirineo y Arán (10,3‰). De las 41 comarcas, 27 superan la media catalana, y presentan los valores máximos El Pallars Jussà (16,3‰) y El Priorato (13,9‰).
La causa puede vincularse directamente con los recortes en sanidad que la Generalidad ha realizado durante los últimos años, pues no se han registrado graves brotes epidemiológicos que justifiquen ese incremento. De hecho, las primeras pancartas de las manifestaciones contra la reducción del presupuesto para la sanidad pública ya alertaban que "los recortes matan", y, por desgracia, parece ser que no era una exageración. Así lo creen el 78% de los médicos, según los datos oficiales que han sido publicados por el sindicato Metges de Catalunya. ¿Algún comentario por parte de los directivos y responsables médicos de los ervicios y de los Hospitales de Cataluña? ¿Alguna denuncia o actuación por parte de las organizaciones colegiales o asociaciones de profesionales? ¿…?
Los datos estadísticos que han sido publicados por el Defensor del Paciente, y que no han sido desmentidos oficialmente, ponen de manifiesto que Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más pacientes en lista de espera: un total de 83.500 personas, sólo precedida por Andalucía (95.000) y seguida en tercer lugar por Madrid (70.000). Y se mantiene el silencio.
Pero es que la complicidad culpable de los que deberían levantar la voz y oponerse o, cuando menos, manifestar alguna disconformidad contra el gravísimo perjuicio social que está produciendo la actual política sanitaria en Cataluña, va todavía más allá aceptando y, en algunos casos, incluso colaborando activamente en la introducción y mantenimiento del sistema de doble puerta de entrada de pacientes; es decir: utilización de recursos financiados con dinero público para realizar actividad privada. Esta práctica supone, de facto, poner precio a las listas de espera, ya que se crean dos listas diferenciadas y dos velocidades distintas de atención asistencial, las cuales funcionan en razón de la capacidad económica de los pacientes y favorecen a aquellos que tienen más recursos.
Aunque no hay datos oficiales, parece ser que cada vez más hospitales financiados por la Generalidad se apuntan al carro de la atención privada. La doble puerta de entrada se extiende al abrigo de los recortes, que mantienen plantas y quirófanos cerrados a pesar de las dolorosas listas de espera del servicio catalán de la salud (CatSalut). Estos recursos "infrautilizados" se venden ahora al que los paga de su bolsillo. Esta es la realidad, lo demás es retórica.
Los incentivos para derivar a los pacientes a la vía de pago no son desdeñables; un cirujano cobra poco más de 100 euros si opera para la sanidad pública fuera de su jornada laboral, mientras que se puede embolsar miles de euros si lo hace para la sanidad privada
El ejemplo más conocido es el del Hospital Clínico de Barcelona, un centro de referencia internacional que abrió en el año 2000 Barnaclínic, empresa de asistencia privada que utiliza instalaciones y profesionales del hospital, que perciben por esa actividad privada generosas retribuciones adicionales. A pesar de que esa entidad funciona como "privada", recibe 12 millones de euros anuales de los presupuestos públicos de la Generalidad de Cataluña y, a pesar de eso, la distribución de sus beneficios y la retribución de los profesionales se mantiene en un absoluto secreto. Según publicaba hace unos meses El País, lo mismo ocurre en una decena de hospitales concertados y bajo control público: eluden dar explicaciones bajo el argumento de que se trata de un tema sensible sobre el que no hay que "hacer demagogia". Y sigue el silencio.
¿Conflicto de intereses por parte de los profesionales? Pues que cada uno juzgue por sí mismo: en algunos de estos centros sanitarios, los médicos que atienden a pacientes "públicos", atienden también pacientes "privados", fuera o dentro del horario contratado y retribuido para realizar actividad "pública". Los incentivos para derivar a los pacientes a la vía de pago no son desdeñables; un cirujano cobra poco más de 100 euros si opera para la sanidad pública fuera de su jornada laboral, mientras que se puede embolsar miles de euros si lo hace para la sanidad privada pero es que, además, y con la única finalidad explicable de maximizar el beneficio y disminuir el coste -el de la entidad y el de los profesionales- los médicos involucrados en estas actividades privadas suelen constituir sociedades profesionales a través de las que perciben la retribución de la institución que es la que gestiona la asistencia y el cobro directo al cliente privado. Es decir, los médicos mantienen una doble vinculación: laboral y mercantil, con el mismo centro y para realizar la misma actividad, lo que permite que ambos ahorren la obligada cotización a la Seguridad Social que correspondería a esas retribuciones extraordinarias si no las organizaran a través de esa sociedad instrumental, además de obtener así otros beneficios fiscales. Y algunos, encima, se atreven a sacar pecho y aseguran que lo hacen para beneficiar y prestigiar a la institución y no porque persigan ningún afán lucrativo.
A pesar de los interrogantes que estas prácticas suscitan, esta convivencia público-privada no está regulada más allá de lo que establece la Ley general de sanidad: "Las normas de utilización serán iguales para todos". Solo hay códigos éticos y recomendaciones voluntarias por parte de muy pocas entidades pero, en la práctica, el oscurantismo es total y cuando algunos disidentes se atreven a cuestionar esta forma de participación médica por su incuestionable finalidad lucrativa y por favorecer la inequidad respecto a los ciudadanos con menores recursos, el silencio se convierte en clamor por parte del grupúsculo de afines al nuevo orden sanitario contra aquellos que osan cuestionar esos tan nobles fines y, en el colmo de la desvergüenza, se invoca la ética y la deontología para conseguir que el silencio se mantenga y se consiga de una vez acallar esa molesta disidencia. No se trata, todavía, de una eliminación física pero la persecución personal y la campaña difamatoria orquestada por esos nuevos camisas pardas contra todos los que no mantienen el silencio decidido por el alto mando médico de Cataluña, no es inocente ni es casual.
Pero lo más preocupante, como decía Luther King “no es el grito de los malos, sino el silencio de los buenos”. Y así nos va.
Nota: El próximo día 12 de febrero se celebran elecciones en el Colegio de Médicos de Barcelona para elegir Junta y Compromisarios. ¿Seremos capaces de romper el silencio?