No con mis datos

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha anunciado que está elaborando un censo que le sirva de base para poder llevar a cabo la consulta independentista que, dicen, se celebrará el 9 de noviembre de 2014. La vicepresidenta del Gobierno autonómico ha asegurado que un grupo de 20 personas ya está trabajando en ese llamado "censo de participantes" que, según cuentan algunos, está recabando datos de las tarjetas sanitarias de los catalanes.

Me parece sorprendente que el Gobierno de Cataluña desconozca o, simplemente, decida incumplir la normativa española sobre protección de datos de carácter personal, una de las más garantistas de Europa. Tampoco hemos oído a los responsables de la Autoridad Catalana de Protección de Datos pronunciarse al respecto. El fin no puede justificar los medios y ni Artur Mas ni su gobierno pueden obviar que los catalanes, como el resto de españoles, tenemos reconocido y garantizado el derecho a proteger nuestra información personal.

Teniendo en cuenta que la Generalidad no tiene atribuida la competencia para llevar a cabo la consulta secesionista, está incumpliendo claramente la normativa recogida en la LOPD

En España, el consentimiento es la pieza angular en la protección de datos. Constituye el principio sobre el cual se articula el poder de disposición y control de cualquier persona sobre sus datos de carácter personal. Así, cuando la Generalidad anuncia públicamente que está elaborando un censo para llevar a cabo la consulta independentista debe ser consciente que ya está incumpliendo una ley orgánica que protege un derecho fundamental. Para que nuestros datos figuren en ese "censo de participantes" debemos autorizarlo expresamente.

Las personas que están trabajando en este censo dicen que no hará falta el consentimiento de los ciudadanos ya que se va a elaborar y aprobar en el Parlamento autonómico catalán una ley que así lo permita. En este sentido, no debería olvidar Joana Ortega que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) habilita a las administraciones públicas, también a la Generalidad, para que recoja los datos necesarios para ejercer sus funciones, en el ámbito de sus competencias. Teniendo en cuenta que la Generalidad no tiene atribuida la competencia para llevar a cabo la consulta secesionista, está incumpliendo claramente la normativa recogida en la LOPD.

De acuerdo con la normativa de protección de datos, el consentimiento que cualquier ciudadano de Cataluña debería dar para figurar en ese censo anunciado por la vicepresidenta del Gobierno autonómico debería ser inequívoco (la solicitud y el otorgamiento del consentimiento se tienen que producir de forma clara), libre (la persona tiene que disponer de la posibilidad de rechazar libremente que se traten sus datos), específico (el consentimiento se refiere a tratamientos concretos y para una finalidad determinada, explícita y legítima del responsable del tratamiento, sin que se puedan hacer habilitaciones genéricas) e informado (el gobierno debería de informar a las personas afectadas de acuerdo con lo establecido por el artículo 5 de la LOPD a fin de que, con antelación al tratamiento, puedan conocer de su existencia y finalidades).

Estoy convencido de que, como yo, muchos ciudadanos no van a dar su consentimiento para que el Gobierno de la Generalidad utilice nuestros datos de carácter personal para elaborar un censo que le permita llevar a cabo una consulta ilegal sobre si Cataluña debe ser o no un Estado independiente. Hasta ahí podíamos llegar.