Si no ocurre nada imprevisto, el Ayuntamiento de Argentona aprobará hoy una moción presentada por la CUP en contra del decreto del Tratamiento Integral de Lenguas (TIL), que el Gobierno autonómico balear, presidido por el popular Bauzá, ha empezado a aplicar este curso en la enseñanza pública y concertada del archipiélago y que consiste, a grandes rasgos, en la progresiva implantación de un modelo trilingüe -catalán, castellano, inglés- en lo relativo al idioma vehicular. La moción insta al pleno del Ayuntamiento a "declarar su rechazo al TIL aprobado por el Gobierno de las Islas, por suponer un ataque político a la lengua catalana no consensuado con la comunidad educativa" y a defender, a un tiempo, "la lengua catalana, su uso social y su papel como eje vertebrador de la inmersión lingüística en el sistema educativo". Esa misma moción ha sido aprobada ya en otros consistorios catalanes gobernados por la CUP o donde la marca del diputado autonómico Fernàndez dispone de representación, como por ejemplo Figueras, Berga, Mataró o Sant Celoni.

Ni las declaraciones ni la resolución van a llevar a Bauzá a retirar el TIL; más bien lo contrario, dada la intolerable intromisión que supone por parte de los poderes públicos catalanes en asuntos que no son de su competencia

Naturalmente, una declaración de este tipo no tiene otro valor que el simbólico. Y lo mismo sucede con aquella resolución que el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó a fines de septiembre, al término del debate de política general, en la que, aparte de reconocer los "Países Catalanes como una realidad cultural, lingüística e histórica compartida entre sus diferentes territorios", se defendía el modelo de inmersión y se cargaba contra el decreto del Gobierno autonómico balear. Ni las declaraciones ni la resolución van a llevar, por supuesto, al Ejecutivo autonómico de Bauzá a retirar el TIL; más bien lo contrario, dada la intolerable intromisión que ello supone por parte de los poderes públicos catalanes en asuntos que no son de su competencia. Pero sí sirven para que el colectivo asambleario de maestros y profesores del sistema educativo público balear, secundado por determinadas asociaciones de padres, siga negándose a aplicar el decreto y obstruyendo su puesta en marcha y se sienta, en definitiva, reforzado en su insumisión.

Como sirve también la postura del Gobierno de la Generalidad cuando, por boca de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, o, más recientemente, del propio presidente autonómico Mas, anuncia que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva ley de educación, la LOMCE, por considerar que invade sus competencias o, lo que es lo mismo, que su desarrollo pone en riesgo el modelo de inmersión lingüística. Y si me apuran, y ya que de Países Catalanes se trata, a esa cadena de desobediencias cabría añadir asimismo la que se ha producido en Valencia a raíz de la liquidación de Canal 9, no tanto por el empecinamiento de sus trabajadores en mantener las emisiones a pesar del cierre patronal, como por la circunstancia de que el principal argumento aducido para negarse a aceptar lo inexorable no ha sido tanto la defensa de los puestos de trabajo como el hecho de que la desaparición de la radio y la televisión públicas valencianas constituye "un ataque a toda la sociedad, que quiere tener una radio y una televisión en su propia lengua", tal y como declaraba este sábado el presidente del comité de empresa de RTVV.

Esa pandemia lingüística, esto es, esa conversión de la lengua llamada "propia" en el eje de una política subversiva -sí, subversiva, en la medida en que tiene siempre como misión, lo mismo desde un cargo gubernamental que desde un puesto de trabajo funcionarial o asimilado, lo mismo en las instituciones que en las aulas o las ondas, subvertir el marco legal-; esa pandemia lingüística, decía, lleva trazas de perdurar. Y, lo que es peor, de enquistarse. Habrá que resignarse, pues, a convivir con ella. Mientras se pueda convivir, claro.