La justicia distributiva

Antes que nada conviene dejar claro, un vez más, que a la justicia distributiva en España contribuyen las personas físicas y jurídicas que residiendo en Galicia, Extremadura, Cataluña, Baleares, etc., pagan sus impuestos de acuerdo con sus ingresos o beneficios y con la finalidad de mantener o crear escuelas, hospitales, juzgados o carreteras. No es Madrid, no es Cataluña, no son los territorios los que pagan, son las personas.

Los ciudadanos de Cataluña y las empresas residentes en Cataluña contribuyen globalmente a la igualdad y bienestar conjunto de los ciudadanos de España. Sin embargo, los nacionalistas soberanistas y sobre todo los independentistas han decidido que, a partir de ahora: lo mío, para mí. Han decidido convertir a sus conciudadanos andaluces, extremeños, madrileños, valencianos... en extranjeros. Han decidido reducir, como escribe Félix Ovejero, "el perímetro de la justicia y la democracia", disminuir el "nosotros", para así desentenderse de la igualdad de oportunidades o de la igualdad de acceso a los servicios públicos de sus, todavía, conciudadanos. Allá se las apañen, dicen o piensan.

Ahora ya sabemos, sin ninguna duda, que son iguales que la Liga Norte de Bossi

Con su actitud han puesto al descubierto la ideología reaccionaria en que se sustenta el nacionalismo, contraria al impulso igualitario que debe estar presente en todo Estado social y democrático moderno. Únicamente gracias a que en Cataluña el nacionalismo es compartido en gran medida por el PSC e ICV han podido semiocultarla. Sin embargo, solo hay que ver los objetivos que persigue para darse cuenta de que es una ideología reñida con la igualdad y la justicia distributiva. Ahora ya sabemos, sin ninguna duda, que son iguales que la Liga Norte de Bossi.

Los independentistas manifiestan que quieren marcharse para, levantando una frontera, garantizar la soberanía económica, fiscal, lingüística y cultural. Por su parte, los soberanistas, de forma más inteligente, pretenden conseguir lo mismo mediante el blindaje competencial. Quieren, estos últimos, que la Generalidad detente las competencias exclusivas en materia de lengua, cultura y justicia y conseguir un pacto fiscal, de corte foral similar al concierto vasco y navarro, que reduzca la solidaridad de Cataluña con el resto de Comunidades Autónomas a niveles paupérrimos.

En lugar de exigir equidad y justicia para todos, los nacionalistas, ya sean soberanistas o independentistas, agitan la bandera de los pueblos o los territorios maltratados. En lugar de querer reducir los límites de la solidaridad, deberían, junto al resto de españoles, exigir un mayor grado de equidad y justicia en la redistribución territorial en España. En lugar de demandar que las inversiones que el Gobierno central realice en infraestructuras en las diferentes Comunidades Autónomas se haga teniendo en cuenta el peso de cada una de ellas en el PIB de España, contribuyendo con ello a que las más ricas sean cada vez más ricas, deberían exigir que el Gobierno cumpla con una de sus principales funciones: la de vertebrar España mediante una redistribución territorial que procure un desarrollo socioeconómico lo más equilibrado y equitativo posible de todo su territorio.

Parece razonable que un gobierno democrático intente distribuir los derechos lingüísticos de manera equitativa, tan igualitariamente como sea posible entre los hablantes

Pero no sólo en el campo económico los nacionalistas no son partidarios de la redistribución, tampoco en el terreno lingüístico y cultural. Como explica José María Ruiz Soroa, "la política lingüística consiste, en último término, en repartir desde el gobierno los derechos lingüísticos entre las personas que forman una sociedad". Cuando el poder público establece cuál o cuáles serán los idiomas oficiales de un país, los idiomas vehiculares, etc., está estableciendo que los hablantes de esos idiomas los podrán usar en sus relaciones públicas, es decir, atribuye el derecho a ser atendidos en ese idioma, a utilizarlos y aprenderlos en la escuela, etc.

Parece razonable que un gobierno democrático intente distribuir los derechos lingüísticos de manera equitativa, tan igualitariamente como sea posible entre los hablantes. En consecuencia, parece razonable que en una sociedad como la catalana donde aproximadamente la mitad de su población son catalanohablantes y la otra mitad castellanohablantes, los unos y los otros, tuvieran los mismos derechos lingüísticos.

Pedir racionalidad al nacionalismo en este terreno es como pedir peras al olmo. Resulta un imposible para una ideología que se caracteriza por primar los sentimientos y las identidades por encima de las instituciones y las estructuras políticas y pone a éstas al servicio exclusivo y excluyente de su sentimiento y su identidad. Ellos no quieren un Estado de derecho, quieren un Estado nacional hecho a su medida.