Hace pocos meses, uno de los prohombres de la sanidad catalana que acumula dos ex consejerías y un buen número de ex cargos y encargos públicos, todos ellos hábilmente compatibilizados con actividades privadas y bien remuneradas, aseguraba en los medios de comunicación, generosamente subvencionados por su partido, que personas malvadas e irresponsables -entre las que públicamente me incluía- pretendían asimilar cierto hospital histórico de Barcelona con la cueva de Alí Babá; y negaba vehementemente que se pudiera demostrar ninguna irregularidad en la gestión, no ya sólo en ese centro, sino en ningún ámbito dentro del inmejorable modelo catalán de sanidad que, recientemente y mediante las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria, ha sido beatificado por obra y gracia de la incorrupta sociovergència sanitaria. Y para que no haya confusión quiero aclarar que cuando digo incorrupta me refiero a su acepción de "sustancia orgánica que no se descompone químicamente"; no a la otra, en cierto desuso, que es la de "persona que no se deja corromper con dinero o regalos".
Hace escasamente unas semanas se hizo pública la pretensión de los directivos sanitarios del CatSalut de incrementar sus retribuciones puesto que, al parecer y según manifestaba uno de los máximos responsables de ese organismo, no era justo que sus salarios se hubieran visto más mermados que los de los profesionales y trabajadores del sector sanitario público y concertado. Se hace difícil decidir si es más inmoral la pretensión o la mentira que contiene tal manifestación puesto que, en algunos centros catalanes y, en concreto, en ese hospital que se quiere contraponer a la cueva del relato infantil, la pérdida salarial que ilícitamente se ha impuesto a más de la mitad de sus facultativos es superior al 40% y ese recorte alcanza una detracción del 30% del salario del personal de enfermería.
El redactado no tiene nada de confuso y deja bien claro a qué tipo de personal hay que aplicar ese porcentaje: "Personal de alta dirección y personal directivo"
Las manifestaciones de los directivos del CatSalut causaron cierto escándalo en todo el sector, pero la pretensión no es novedosa. No sería el primer caso en que los directivos que imponen esos recortes utilizan dos varas de medir: una para ellos y otra para los demás. No hay dogma mejor que el de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Los directivos de ese hospital histórico han conseguido, hace ya tiempo, sustraerse de la aplicación de las normas que, sin reparo alguno e incluso contraviniendo resoluciones judiciales, aplican a los trabajadores del centro. Hay que recordar que el Decreto-ley 3/2010, que es donde se estableció el recorte salarial del 5% para todos los trabajadores del sector público hacia una referencia específica al recorte salarial que debía aplicarse al "personal de alta dirección y personal directivo", y que este recorte debía oscilar entre el 8 y el 15% dependiendo del importe máximo de sus retribuciones anuales.
El redactado no tiene nada de confuso y deja bien claro a qué tipo de personal hay que aplicar ese porcentaje: "Personal de alta dirección y personal directivo". A pesar de eso, los responsables de ese hospital, que eran los que debían aplicarse a sí mismos esos recortes, en un alarde de solidaridad con el resto de trabajadores del centro, decidieron equipararse a ellos y reducirse solamente el 5% de sus generosos salarios. Las razones que han venido argumentando ante los reproches de los representantes de los trabajadores han sido ingeniosas; según ellos, los directivos del hospital no tenían contratos de alta dirección y, puesto que carecían de ese tipo de contrato, no podían considerarse directivos. Estamos hablando de puestos tan indudablemente directivos como son las direcciones Médica, Asistencial, de Enfermeria, Económico-Financiera, de Sistemas de Información, de Recursos Humanos y de Servicios Generales, y de una empresa con más de 4.000 trabajadores. Pero, a los exclusivos fines de disminuir su salario, han estado insistiendo durante más de tres años en que no tenían la consideración de "directivos"; a su peculiar entender, el único cargo con la consideración de "directivo" era el del gerente.
Finalmente, y como no podía ser de otra manera, la autoridad laboral ha confirmado lo que era evidente para todo el mundo, menos para ellos: el personal directivo debe aplicarse una reducción salarial que oscila entre el 8 y el 15% y esos siete cargos directivos son, a todos los efectos, "personal directivo". Y ahora vienen las preguntas: ¿Devolverán el dinero que nunca debieron percibir? ¿Se abrirá la roca de su desvergüenza al grito de "¡Ábrete Sésamo!"? ¿Será necesaria alguna acción más contundente? ¿O es que, en el colmo de la desvergüenza, se atreverán a presentar recurso contra esa resolución, despilfarrando el dinero de todos los contribuyentes en su propio interés y beneficio? Veremos.
Hace unos años esos señores/as hubieran presentado su dimisión de forma inmediata o hubieran sido cesados fulminantemente. Hoy, tendremos que escuchar que han dado muestras de entereza frente a campañas de descalificación promovidas por personas irresponsables movidas por oscuros intereses contra el modélico sistema sanitario catalán y, a buen seguro, que esos valientes directivos serán debidamente recompensados por su valor y compromiso.
En el modelo sanitario catalán, los altos cargos del sistema son como la materia, que ni se crea ni se destruye, sólo se transforma
No es la primera vez que los responsables de ese hospital han sufrido confusiones respecto al tema de las retribuciones; mejor dicho: de las retribuciones de algunos. Cuando CiU ganó las elecciones autonómicas en el año 2010 hubo que buscar rápidamente nueva ubicación -que no es lo mismo que ocupación- a los cargos de confianza salientes del anterior gobierno. La sociovergència sanitaria no ha permitido nunca que sus fieles integrantes tengan que pasar por el desagrable trance de incorporarse al mercado laboral y, en consecuencia, dieron amparo en ese hospital a uno de sus destacados miembros, provinente de su anterior cargo en la capital de España. Pero para poder equiparar sus retribuciones a las que venía percibiendo hasta ese momento, encontraron una rápida solución: solicitar su reingreso en la plaza de funcionario de la que había estado excedente durante más de 30 años, tramitar una adscripción funcional al hospital y, como si no existiera normativa alguna sobre incompatibilidades, pues... ¡cobrar de los dos puestos! Y cuando los malvados detractores de tal excelso sistema los han pillado, ¿qué han hecho? Pues lo de siempre. Primero, negarlo todo; y después, ante la evidencia documental, intentar justificar lo injustificable; ni moral ni legalmente justificable. Lo más interesante, y cerrando el círculo de todo este tejemaneje, es que el director del ICS que participó y autorizó esa adscripción funcional en ese histórico hospital -y que aseguran no puede compararse a la cueva de Alí Babá- es el actual presidente del patronato que lo gestiona y dirige. En el modelo sanitario catalán, los altos cargos del sistema son como la materia, que ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Visto lo visto, 40 ladrones son muy pocos para una cueva tan amplia, puesto que se extiende mucho más allá de las lindes de ese Hospital y, como que los personajes que la habitan no suelen ser muy leídos, igual ignoran que Alí Babá no era el jefe de los bandidos, sino el que consiguió sus tesoros con aquello del "¡Ábrete sésamo!". Aunque yo creo que dada la voracidad y capacidad reproductiva de la especie que infesta nuestro sistema sanitario, mejor que clamar para que las rocas se abran lo que hay que hacer es contratar sin demora al flautista de Hamelín.