Legalidad y legitimidad

"Si quieres que algo salga adelante, encárgaselo a una persona; si quieres que se eternice, crea comisiones". Artur Mas parece emplear a fondo esta máxima porque desde que empezó su segundo mandato, más que gobernar, le hemos visto formando los más variopintos grupos de trabajo y ya hemos perdido la cuenta de las cumbres que ha convocado. Quizá lo que mejor ilustra la cita inicial es el de la constitución del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

Bajo tan rimbombante nombre se dieron cita el pasado 26 de junio una cuarentena de entidades (cabe recordar que la suma de las subvenciones de todos ellas desde el 1 de enero de 2011 hasta ese día era de 64.179.266 euros) y algunos de los grupos parlamentarios, con la excepción de PSC, PP y C’s. Tal multitud se reunió en el Parlamento autonómico, se hicieron varias fotografías y todo lo que se sacó de aquello -además de salir en los medios, claro- fue la decisión de que encargarían a Joan Rigol que escribiera una declaración constitutiva.

Si el Gobierno no se aviene a aceptar lo que se propone, pues nada, nos olvidamos de la legalidad y vamos a por la legitimidad que viene dada, entre otras cosas, por su peculiar visión de la historia

¿Una cincuentena de personas y todo lo que logran es mandar escribir un texto a otro? Vaya, no se puede decir que sean precisamente eficaces. Desde entonces, nunca más se supo de ese famoso Pacto que tuvo su momento de fama warholiana a principios de verano. Ahora parece que se van a volver a reunir. A ver si esta vez les cunde un poco más el tiempo.

Luego ya pasamos al Consejo Asesor para la Transición Nacional, graciosamente apocopado CATN. Podemos ver que hoy en día, si algo no lleva la palabra "nacional" no es nada. Aquí la cosa ya tenía un poco más de enjundia porque dicho consejo está formado por expertos de primer nivel. Estos trabajaron bastante más que los del Pacto, y el 25 de julio evacuaron un informe de unas 200 páginas con todas las opciones legales y "legítimas" para conseguir la independencia.

Pero, ¿eran necesarias trece personas para llegar a esas conclusiones? Sin lugar a dudas, no. De hecho, ya lo había hecho Joan Ridao, jurista y doctor en Ciencias Políticas, en su libro Podem ser independents? (RBA, 2012) que lleva en el mercado cerca de un año. Conclusión, mucho ruido y pocas nueces.

En dicho informe resulta cuanto menos curiosa la separación entre legalidad y legitimidad. Según nuestro ordenamiento jurídico, el pueblo soberano es el español y es el único que puede tomar decisiones tan importantes como la que se plantea en un referendo secesionista -es, sin duda, en esa línea en la que se enmarca la Declaración de Soberanía del Parlamento autonómico, para poder reivindicarse como demos frente al demos español- así que, de entrada, desde el punto de vista del derecho constitucional, lo que se propone parece ilegal. ¿Quiere decir esto que todas las vías están cerradas? No, por supuesto que no. Se puede intentar pactar con el Gobierno alguna opción. Estas negociaciones no son, de entrada, fáciles y, ni mucho menos, rápidas, pero es que si alguien está realmente comprometido con un proyecto de esta envergadura no puede precipitarse.

Cuando hay dos posturas enfrentadas se necesita habilidad para conseguir llevar el agua a tu molino y eso requiere de tiempo, quizá incluso de mucho tiempo. Por eso resulta llamativo que en el informe se insista una y otra vez en que el proceso no puede alargarse. ¿Cómo que no? ¿O es que el plan es que se hace lo que yo digo o rompemos la baraja? Así, mientras que por una parte se dice que es necesario respetar las reglas del Estado de derecho (p. 49), pronto se advierte de que si el Gobierno no se aviene a aceptar lo que se propone, pues nada, nos olvidamos de la legalidad y vamos a por la legitimidad que viene dada, entre otras cosas, por su peculiar visión de la historia (p. 31). De hecho, se dice literalmente que no es necesario intentar las cinco vías previstas aunque estaría bien intentar más de una (pp. 57-58). La sensación que queda tras leer este texto es que alienta a realizar un par de propuestas para que se vean las intenciones de negociar -sobre todo de cara al exterior- y después de la negativa recurrir ya a la legitimidad.

En todo caso, no parece de recibo que ciertos políticos catalanes se permitan reivindicar la legitimidad frente a la legalidad. Cierto que lo de la legalidad no suena demasiado atractivo y que queda muy bonito eso de la voluntad del pueblo por encima de todo, pero la realidad es que no es posible la democracia sin el Estado de derecho. Si seguimos esa máxima de que la voluntad del pueblo está por encima de las leyes, damos por hecho que una hipotética Cataluña independiente estaría libre de constituciones -¡no tendría sentido!- así que, por ejemplo, el "pueblo" de, pongamos, el Valle de Arán, que tiene una lengua y, por lo tanto, una cultura propia, también podría independizarse y lo mismo los tortosinos, convencidos de su peculiaridad. En este sentido, cabe recordar las palabras de Stéphane Dion en su segunda carta abierta: es una contradicción pensar que Canadá es divisible y Quebec no.

Llama la atención que esta serie de expertos, a los que se les presupone el rigor metodológico, no incluyan el índice de participación cuando hablan de las consultas soberanistas realizadas entre 2009 y 2011

Volviendo al informe del CATN, quizá esta coincidencia con ciertos políticos catalanes en lo que se refiere a la legalidad y la legitimidad tenga que ver con que todos sus miembros oscilan entre la simpatía por la independencia y la más ferviente militancia. Resulta poco coherente que las mismas personas que se llenan la boca con lo de la "radicalidad democrática" creen una comisión nada plural cuando la pluralidad es una de las condiciones necesarias para la democracia. Con respecto a este sesgo ideológico, llama la atención que esta serie de expertos, a los que se les presupone el rigor metodológico, no incluyan el índice de participación cuando hablan de las consultas soberanistas realizadas entre 2009 y 2011 (p. 40), quizá porque el dato, en este caso, no resulta demasiado legitimador. En Barcelona, por ejemplo, votó el 18% de la población pese a que las urnas estuvieron en las principales calles de la ciudad durante nada más y nada menos que cuatro meses.

Así, el informe es descaradamente tendencioso y, aunque no es el objetivo de este artículo su análisis detallado, baste señalar que, pese a que consideran que no es necesaria una mayoría absoluta ni un índice mínimo de participación, si gana el sí, este triunfo sería irrevocable mientras que, en caso de que el no fuera la opción vencedora, la consulta puede volver a repetirse y para esto si se tiene en cuenta lo ajustada que haya sido la victoria (p. 132). Más sorprendente resulta aun, si cabe, que se aconseje realizar la consulta antes que la de Escocia para que el resultado no afecte al proceso. Claro que lo mismo podrían reclamar los escoceses, que ya tienen la fecha pedida. Y, por si a alguien aun le queda alguna duda del sentido de estas afirmaciones, días después de hacerse público el informe, ERC afirmó que la consulta se tenía que realizar antes que la de Escocia, no vaya a ser que el resultado perjudique al sí. Dicho esto, resulta cuanto menos curioso que poco más de un mes después de entregar el informe, Carles Vives Pi-Sunyer, presidente del CATN, afirmara en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio: "Nos estamos fijando mucho en el 2014 y es posible que en 2014 no podamos hacer todavía esta consulta porque nos la impidan". ¿En qué quedamos?

Evidentemente, en Cataluña ya nadie aspira a la ecuanimidad ni a que las diferentes sensibilidades estén representadas de forma equitativa en ningún aspecto de la vida pública. ¿Alguien se imagina que los medios públicos y subvencionados catalanes dedicarán la mitad de su tiempo a cada una de las posturas? Pues bien, ese sería un requisito sine qua non para que la OSCE pudiera avalar el proceso. Pero claro, el simple hecho de que este organismo internacional se presentara aquí para controlar el buen funcionamiento ya sería un milagro porque, como han repetido hasta la saciedad todas las instancias internacionales, se trata de una cuestión interna española. Y es que, por más que se empeñen en internacionalizar el conflicto, la realidad es que el "derecho a decidir" no tiene más cobertura que la de una especie de derecho natural inventado que solo existe en la imaginación de quienes lo proponen.