Discreto encanto de la reordenación sanitaria

El hundimiento de la sanidad catalana es como el del Titanic pero, desgraciadamente, mucho más lento. Y digo desgraciadamente porque debido al tamaño del buque y a la distribución de la marinería y del pasaje en compartimentos estancos, parece ser que pocos perciben la magnitud del naufragio y de los daños irreparables que ya está comportando y que, de forma irremediable, se incrementarán en un futuro reciente.

La gravedad de la situación es pareja al descaro y a la desvergüenza de los políticos responsables y del nutrido grupo de palmeros que prefieren denominarse a sí mismos "profesionales de la gestión". No les falta razón: son unos auténticos profesionales del desastre sanitario frente al que no sólo permanecen impertérritos, impasible el ademán, sino que incluso colaboran activamente intentando evangelizar a los descreídos y tibios frente la religión que ellos profesan: buen sueldo y colocación garantizada, sin concurrir a ningún concurso de méritos ni tener que participar en proceso alguno de selección de personal.

Si los datos económicos son alarmantes, los referidos a distribución y gestión de la actividad asistencial son de escándalo

Algunos medios de comunicación, no todos, publican periódicamente algunos datos económicos que dan idea del destrozo: disminución del gasto sanitario global superior al 20% durante el primer semestre del 2013 y disminución superior al 6% del gasto por parte de los centros del ICS. La disminución presupuestaria acumulada que han sufrido los centros concertados oscila entre el 8 y el 20%. Cualquier empresario, por poco experimentado que sea, sabe perfectamente que esta disminución es absolutamente incompatible con el mantenimiento de la actividad y que pone en grave riesgo la viabilidad del negocio.

Pero ya tuvimos ocasión de comprobar los conocimientos empresariales del señor Boi Ruiz cuando explicó a los medios que el concurso de acreedores que proponía para el Hospital de San Pablo, y que por cierto ni se ha presentado ni se le espera, no tenía nada que ver con una suspensión de pagos y que, a pesar de la inminencia del concurso, los créditos de los acreedores estaban garantizados en su totalidad (!). Podrían nombrarlo empresario del año; si eso es lo que sabe sobre gestión empresarial, vale más no averiguar lo que sabe de medicina o de sanidad.

Si los datos económicos son alarmantes, los referidos a distribución y gestión de la actividad asistencial son de escándalo. En el Hospital Clínico de Barcelona se ha anunciado el cierre de 74 camas que, al igual que una parte de la actividad de baja complejidad, pasarán a depender del Hospital Sagrado Corazón, gestionado por la multinacional IDC Salud (antigua Capio). Esa decisión, impuesta al parecer por la Consejería de Salud, supone derivar a esa empresa privada los 17,5 millones de euros que venía recibiendo el centro público por realizar tal actividad.

Y, además, la Consejería pretende que esa privatización de la actividad asistencial se haga con el "apoyo profesional" de los responsables del Hospital Clínico. Es decir: el negocio para el centro privado pero la responsabilidad médica a cargo del centro público y de sus profesionales. Ni que decir tiene que algunos conocidos prohombres (y mujeres) de la sanidad catalana prestan ahora servicios en esa conocida multinacional.

¿Privatización encubierta? ¡No, qué va! A esto le llaman "plan de reordenación territorial de la actividad"

La historia no es nueva. Recientemente, la Consejería pretendía desmantelar el Hospital de Viladecans, el más pequeño y el más eficiente de los hospitales del ICS, y convertirlo en un centro menor, para poder derivar toda la actividad sanitaria de la zona a un centro concertado privado, que gestiona la empresa donde presta sus servicios otro prohombre de la sanidad catalana, cargo que ha venido compaginando con la presidencia del Patronato del Clínico y el del San Pablo.

A principios de año y en absoluto secreto, los médicos del Hospital de San Pablo tuvieron noticia a través de sus pacientes, de que una parte del área sanitaria del hospital había sido "adjudicada" al Hospital Dos de Mayo, respecto al que una entidad privada con sede principal en Tarrasa tiene importantes planes de futuro.

¿Privatización encubierta? ¡No, qué va! A esto le llaman "plan de reordenación territorial de la actividad" pero, igual que ocurre con la masonería que aunque no es secreta sí es discreta, este plan es muy, pero que muy discreto: nadie lo conoce en su totalidad ni tampoco conoce sus supuestas bondades.

La diferencia entre un gobierno democrático y uno dictatorial es que a diferencia de lo que hace el primero, el segundo rehuye y evita el debate sobre los temas que afectan a los ciudadanos y respecto a los que existen intereses económicos difíciles de defender. Parece ser que el Gobierno autonómico considera que la sanidad no es un tema de interés y que no es necesario que sea debatido en sede parlamentaria, donde está la legal y legítima representación de todos los ciudadanos de Cataluña.

Es una lástima que este gobierno, que es tan proclive a escuchar la voz del pueblo, padezca una sordera completa cuando ese pueblo plantea su derecho a decidir respecto a la aanidad. Tal vez tendríamos que ocuparnos menos de las banderas y preocuparnos más de las listas de espera, de las que ya hablaremos otro día.