Quieren decir secesión

Si un concepto ha hecho fortuna en Cataluña en los últimos tiempos ese es, sin duda alguna, el de "derecho a decidir". Las razones de su éxito son fáciles de deducir: a todo el mundo le encanta tener derechos -el tema de los deberes ya nos cuesta un poco más- y se trata de algo que parece incontestable porque la persona que ose cuestionarlo será acusada inmediatamente de mezquindad. Y es que solo desde la perfidia se pueden negar los derechos de un pueblo. Sin embargo, la realidad es que no se trata, precisamente, de un concepto diáfano, como trataré de demostrar.

Para empezar, según Eva-Maria Poptcheva, doctora en Derecho constitucional y especialista en Derecho internacional, se trata más bien de un concepto de propaganda política que de un concepto con valor jurídico. Lo único que podría representar jurídicamente el derecho a decidir es la democracia directa, es decir, que la ciudadanía decida sobre cualquier asunto de forma directa y no a través de sus representantes, tal y como sucede en nuestra democracia representativa.

Parece obvio que esta no es la forma más eficaz de toma de decisiones y que, en todo caso, no es la que persiguen los políticos catalanes. Para que exista un derecho tiene que existir una norma, es decir, la norma es previa al derecho y, como no existe ninguna norma al respecto, el mal llamado derecho a decidir no es ningún derecho como se nos pretende hacer creer.

Esto no parece ser ningún obstáculo para los políticos catalanes que contraponen legalidad versus legitimidad con total ligereza. De nuevo estamos ante una de esas afirmaciones de tono épico que tanto gustan porque no hay nada más bonito que la idea de la voluntad de un pueblo -recordemos el eslogan de CiU en los últimos comicios- frente a algo tan prosaico como las leyes.

Pues bien, no debemos olvidar que si estamos en un Estado de derecho que garantiza, por ejemplo, la protección de las minorías, es gracias a las leyes. Por otra parte, cuando se contrapone legalidad y legitimidad se niega la legitimidad de la otra parte. ¿Por qué es más legitima la opinión de los que se quieren saltar la Constitución que la de quienes la quieren respetar?

¿Decidir qué?

Si seguimos analizando este concepto, aparece una nueva duda: decidir exactamente qué. Decidir es un verbo transitivo y, por lo tanto, necesita un complemento directo (CD). Si bien tanto en español como en catalán este verbo se puede usar de forma absoluta -es decir, sin necesidad de CD en construcciones como "siempre decides tú"- no parece que este sea el caso, porque aquí no queda nada claro qué es lo que se puede decidir, y la prueba más evidente de ello es que no se traduce a otras lenguas. En ningún país de nuestro entorno se entiende esta construcción porque no se especifica qué es lo que se puede decidir.

Se trata, entonces, de un supuesto derecho a decidir en el que se obvia el CD de tal manera que recuerda a la protagonista de la copla Yo soy esa que, sin nombre propio, se tiene que conformar con lo que le quieran llamar. A veces parece que lo que se puede decidir es ser independiente y otras, según palabras de Núria de Gispert, presidenta de la Comisión del Derecho a Decidir en el Parlamento autonómico de Cataluña, el ámbito de las decisiones es de lo más variopinto y propone hasta cinco cuestiones que van desde el concierto económico hasta que nadie se inmiscuya en cuestiones lingüísticas. Por supuesto, esta multiplicidad va totalmente en contra de la claridad de la pregunta como señala a Ley de Claridad canadiense de 2000 o el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral (2002) de la Comisión de Venecia. Entonces, ¿por qué se ha escogido un sintagma tan confuso?

"Derecho a decidir" se empieza a utilizar en 2003 en el País Vasco en el conocido popularmente como Plan Ibarretxe. Ni esta Comunidad Autónoma ni Cataluña son colonias, ni sufren una dictadura ni son pueblos oprimidos -aunque uno podría creer lo contrario si lee los argumentarios de ciertos partidos políticos- así que no pueden acogerse al derecho de autodeterminación y de ahí que necesitaran de este invento de la neolengua nacionalista.

¿Tenemos derecho a decidir?

Según la propaganda oficial, este es un clamor que surge del pueblo y por eso los buenos demócratas han de darle una respuesta pero, sin embargo, la realidad es que en 2006 se constituye la Plataforma del Dret a Decidir (PDD) subvencionada por la Generalidad. Seis años después, el Centre Unesco de Catalunya (Unescocat, que tiene más que ver con la Generalidad que le otorgaba generosas subvenciones que con la UNESCO) publica un informe titulado Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin estado, en el que se insta a sustituir el derecho de autodeterminación por el derecho a decidir.

Dicho informe está firmado por Jaume López Hernández que, casualidades de la vida, fue socio fundador y presidente de la PDD. Así pues, derecho a decidir es un neologismo creado desde el poder -y no por la voluntad espontánea del pueblo- para soslayar el derecho internacional, que no se utiliza en ningún otro país y que no se recoge en ninguna legalidad internacional. En dicho documento se señalan, además, unas "propuestas de actuación" que deben seguir los partidos y entidades nacionalistas y se trata de desvincular el derecho a decidir -considerado una reivindicación soberanista- del derecho de autodeterminación. Así, según el autor, el derecho a decidir se basa en un principio de radicalismo democrático y no en una reivindicación independentista.

Finalmente, tal y como recordó Artur Mas el 6 de junio de este año, en caso de celebrarse el referendo -algo bastante complicado con la ley en la mano-, este no sería vinculante con lo cual, más que de decidir deberíamos hablar de opinar. Estamos pues ante un derecho que no es tal; ante un ámbito de decisión absolutamente indeterminado y en el que, para colmo, en realidad no podemos decidir nada sino tan solo opinar.

Y pese a todo, bajo este sintagma nominal se construyen comisiones, pactos e incluso conciertos y otros actos lúdico-reivindicativos. Quizá ya va siendo hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre y cambiar el poco pertinente derecho a decidir por consulta sobre la secesión. Y veremos quién sigue defendiéndolo.