Propiedad en venta
Imposible alquilar, imposible comprar
"Solo un 12% de los compradores tiene menos de 31 años; en 2007 eran el 25%"
A estas alturas nadie se sorprende si se afirma que tener casa en Cataluña se ha convertido en un privilegio. Sobre todo para los jóvenes. Y convendría aclarar hasta cuándo se considera hoy “joven”.
La perversión es evidente. Si ya es difícil alquilar una vivienda —una entera, digna, no una habitación con derecho a cocina—, comprarla es directamente una quimera.
En un país tradicionalmente de propietarios, esa condición se está diluyendo. Nos estamos acostumbrando a que 500.000 euros por un piso razonable sea “precio de mercado”. Y lo aceptamos con inquietante normalidad.
¿Quién puede pagarlo?
La cuota hipotecaria no es el gran muro. El verdadero muro es la entrada. Para acceder a una vivienda media se necesitan fácilmente 50.000, 60.000 o incluso 100.000 euros entre ahorro previo y gastos. ¿Qué menor de 30 años dispone de esa cantidad sin ayuda familiar?
Sin red, no hay compra.
El precio del metro cuadrado se ha disparado. La oferta es escasa. La presión, constante. El resultado es demoledor: solo un 12% de los compradores tiene menos de 31 años. En 2007 eran el 25%.
Hoy apenas uno de cada ocho jóvenes logra acceder a la propiedad.
El resto —siete de cada ocho— queda atrapado en el alquiler, con rentas elevadas, poca oferta y contratos cada vez más inestables. O directamente en casa de sus padres.
¿Han servido los topes al alquiler para corregir esta dinámica?
Cuando la vivienda se convierte en una carga regulatoria, muchos propietarios optan por retirarla del mercado. La venden. O la destinan a otras fórmulas.
¿Y las sanciones a los grandes tenedores?
El debate público se ha construido en parte sobre la idea de que los fondos controlan el parque residencial. Pero la mayoría de viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. Si a ellos se les ahoga con incertidumbre jurídica y cargas crecientes, la reacción es previsible: salir.
No se pueden imponer límites sin ampliar la oferta.
La alternativa prometida son miles de viviendas públicas anunciadas por el Govern. El problema es el calendario. Entre el anuncio y la entrega hay años. Y el mercado no espera.
La consecuencia social es profunda.
Se retrasa la emancipación. Se aplazan proyectos vitales. Tener hijos deja de ser una decisión personal y pasa a ser una ecuación económica. La brecha generacional se ensancha.
La vivienda empieza a heredarse más de lo que se conquista. Ahí está la gran paradoja catalana.
Quien compró hace 15 años acumula patrimonio. Quien intenta comprar hoy acumula frustración. El debate ya no es ideológico. Es estructural.
Cataluña necesita más vivienda. Más oferta estable. Más parque público real —no simbólico—. Más seguridad jurídica para que haya pisos en el mercado.
Y más instrumentos financieros que permitan a los jóvenes acceder sin depender exclusivamente del apoyo familiar.
Porque el problema no es solo el precio. Es la barrera de entrada. Es la precariedad salarial. Es la desconexión entre ingresos y mercado inmobiliario.
Para miles de jóvenes catalanes, independizarse no es cuestión de voluntad. Es cuestión de matemáticas. Y las cuentas no salen.
Imposible alquilar. Imposible comprar. ¿Hay solución convincente a corto plazo? En un futuro lejano, sobrarán viviendas y se hundirán los precios. Cuestión demográfica.
Hoy, sin embargo, no estamos en ese escenario. Así no hay proyecto de país que aguante.
