La transición trajo consigo la voluntad mayoritaria de devolver al catalán el terreno que había perdido a todos los niveles durante la dictadura. La primera normativa sobre la inmersión lingüística se remonta al 83, cuando el Parlament se conjuró para blindar un derecho arrebatado a las familias catalanas durante décadas.

¿El objetivo último? Que el alumnado tenga pleno dominio del catalán y del castellano. Así de deseable.

No hay que olvidar que, sin la escuela catalana, muchos adultos nacidos en Cataluña no serían capaces de desarrollar su vida en el bilingüismo. Pero cuatro décadas más tarde, tampoco es una exageración señalar que este proyecto común se ha estrellado, si nos ceñimos al mencionado propósito.

Sin voluntad de generalizar, una cantidad no desdeñable de menores del interior de Cataluña arrojan evidentes carencias en el idioma de Miguel de Cervantes, sobre todo en el uso oral. ¿Lo pueden hablar? Sí, pero el siempre colorido acento catalán queda opacado por la inseguridad y las patadas al diccionario de la RAE.

También con las debidas reservas, la lengua de Pompeu Fabra sufre para abrirse un camino digno entre los estudiantes de colegios e institutos públicos de barrios periféricos y generalmente azuzados por la inmigración de inicios de siglo.

Se plasma en el universitario que se marcha a Madrid para evitar la universidad en catalán, al no estar lo suficientemente preparado; también se ve en el que suda la gota gorda cuando se sienta frente al suegro catalanohablante en las cenas familiares, aun habiendo nacido en Cataluña.

Un modelo único de educación lingüística no resuelve las necesidades de una región tan diversa y compleja. Y el problema se complica al tratarse de una cuestión subyugada a la identidad cultural de cualquier región, cosa que la hace objeto del romanticismo enervado de nacionalistas; de un lado, pero también del otro.

Al margen del debate de la vehicularidad de una sola lengua tumbada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, probablemente el 25% mínimo de castellano que venía exigiendo se quede corto para el alumnado de ciudades como Vic u Olot.

Asimismo, el catalán es minoritario incluso entre el profesorado de algunos sectores de Barcelona, ya sea por dejadez o por comodidad para relacionarse con sus estudiantes.

Las direcciones deberían tener la suficiente diligencia para adaptar sus proyectos a la composición de sus alumnos. Y a los servicios territoriales de Educación de la Generalitat les correspondería actuar con responsabilidad para que los centros no se rindan al patriotismo catalán.

No se plantea ningún escenario de debate o cambio en el modelo lingüístico, a pesar de que haya territorios entregados a una lengua u otra. Por el contrario, la respuesta conocida hasta ahora es persistir en un choque que hace tiempo que ya escaló al estamento judicial.

Seguimos --y seguiremos-- a vueltas con la inmersión, pero la Cataluña posprocés aún no está lo suficientemente madura como para cerrar este melón desde la razón y la serenidad que merece.