En política hay muchas líneas que no deberían cruzarse. Una de ellas es la de alimentar el odio hacia aquellos que tienen encomendado el deber —y la responsabilidad— de protegernos a todos. Esta semana, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha traspasado con holgura esa línea al acusar públicamente a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Nacional de practicar controles racistas. Y lo ha hecho sin aportar una sola prueba. Ninguna.

Según la dirigente morada, si los Mossos asumen las competencias en materia de inmigración —tal y como plantea el Govern—, las ejercerán con sesgo racial, deteniendo a personas solo por el color de su piel. Asegura, además, que eso es precisamente lo que ya estaría ocurriendo en Cataluña bajo la actuación de la Policía Nacional.

El problema no es solo la gravedad de sus palabras, sino la absoluta falta de fundamento. Lo que Belarra ha hecho es lanzar una acusación directa y generalizada contra los cuerpos de seguridad del Estado, y lo ha hecho sin cifras, sin informes y sin hechos contrastables. Solo con prejuicios ideológicos y con una voluntad evidente de crear enfrentamiento.

Las competencias de inmigración no consisten en perseguir a nadie por su aspecto, sino en verificar la situación administrativa de quienes se encuentran en territorio español. La ley no pregunta por el color de piel, sino por la documentación. Da igual el origen, la raza, la cultura o la etnia.

Convertir ese control legal en un arma arrojadiza contra las fuerzas del orden es una falta de visión y de responsabilidad preocupante. Especialmente en un momento en que los atentados a la autoridad han aumentado de forma alarmante —en Cataluña y en el resto del país—, y en el que recuperar la confianza en los cuerpos policiales cuesta tanto.

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional no solo actúan bajo un marco legal estricto, sino que, además, lo hacen con una presión social creciente y muchas veces (a la vista está) sin el respaldo político que merecen.

Señalarles como racistas, sin pruebas y desde una tribuna pública, no es solo un error político: es una incitación al odio. Un discurso tergiversado y manipulado, que pretende hacer pasar por opresores a quienes simplemente cumplen su función, arriesgando su vida a diario por la seguridad de todos.

La señora Belarra no vive en Cataluña, no conoce de primera mano la complejidad del modelo policial catalán ni el contexto social en el que operan los agentes. Sus declaraciones demuestran una desconexión profunda con la realidad y una voluntad clara de incendiar el debate. No para aportar soluciones, sino para erosionar aún más el principio de autoridad.

Lo más paradójico es que Ione Belarra parece no entender que señalar sin pruebas no es hacer política: es hacer espectáculo. Y lo hace desde una comodidad envidiable, sin conocer el terreno, sin pisar la calle, y sin asumir ninguna consecuencia. Como si la política fuera un plató y no una responsabilidad. Como si crear sospechas bastara para construir un modelo mejor. Y mientras tanto, los que sí asumen riesgos, los que sí están en la calle y sí rinden cuentas, tienen que soportar que se les acuse de racismo por puro cálculo político. Si esta es la propuesta progresista para abordar la inmigración, quizá el verdadero problema no esté en las fronteras... sino en los discursos.

De este modo, en un país que necesita más diálogo, más respeto institucional y menos trincheras ideológicas, declaraciones como estas no solo están fuera de lugar: son un auténtico dislate. Ojalá que quienes aún tienen sentido de Estado dentro de su formación, si es que queda alguno, le hagan entender que la política no puede consistir en señalar al enemigo y agitar la bandera del populismo cada vez que se buscan titulares.