Las seis empresas públicas catalanas que más directivos fichan a dedo

Cataluña destaca como una de las comunidades autónomas con más entidades dentro del sector público. Aún considerando su tamaño y densidad demográfica, el número de empresas públicas supera a otras regiones con características similares. El Dedómetro, un informe elaborado por la fundación Hay Derecho para determinar la capacitación de los directivos de las empresas públicas, señala a las seis empresas que más a dedo eligen a sus altos cargos.

El informe destaca una gran deficiencia de estas empresas, y es la ausencia de algún tipo de control que certifique la capacitación de los directivos de estas entidades. En el sector público catalán no existen ningún tipo de requisitos legales mínimos de méritos y capacidad para elegir a un directivo, lo que se traduce en nombramientos de perfiles con escasa o nula adecuación funcional, pero elevada politización.

Gráfico No. 19. Diagramas de cajas sobre meritocracia por entidad Har Derecho

Las seis empresas que destacan más por su elección de directivos con perfiles poco adecuados para el puesto y procesos de selección casi sin requisitos, son las siguientes: la Agencia Catalana de la Joventut (ACJ), la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el Institut Català del Sòl (Incasòl), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Equacat y la Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Todas las anteriores han sido seleccionadas, entre las 40 empresas y más de 150 directivos analizados, por tener directivos claramente relacionados con la política y que en muchos casos carecían de la formación necesaria para ocupar un cargo de esas características. El estudio no solo mira los ocupantes de los cargos actuales, sino el histórico desde 2016 para poder determinarlos dentro de una escala de idoneidad.

Gráfico No. 21. Evolución de la idoneidad de máximos responsables de la ACJ Hay Derecho

Agencia Catalana de la Joventut (ACJ)

"Podríamos pensar que en esta entidad ponen jóvenes en los cargos directivos con la intención de conectar más con la juventud y que por esa razón puntúan tan bajo. Sin embargo, al analizar más de cerca los perfiles descubres que son extremadamente politizados y que este puesto se constituye como un típico sitio de descanso de políticos", asegura en la presentación del informe Rafael Rivera, responsable de investigación de datos de Hay Derecho.

Ahora mismo, la empresa que trabaja bajo el amparo del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña cuenta con un presupuesto anual de más de 26 millones de euros y una plantilla cercana a los 300 empleados. El principal objetivo de la institución es la implementación de políticas de juventud. La gráfica muestra que sistemáticamente se nombran directivos --con actualmente un sueldo de 95.023,94 euros-- con indicadores muy bajos de mérito y capacidad.

Gráfico No. 22. Evolución de la idoneidad de máximos responsables de la ACCD Hay Derecho

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

La ACCD es una de las empresas con mayor peso presupuestario dentro del área de relaciones internacionales del Govern. Cuenta con un presupuesto superior a los 41 millones de euros y está adscrita al Departamento de Acción Exterior y Unión Europea. Esta empresa presenta un caso más curioso que la anterior, porque se han registrado unos resultados muy dispares en los indicadores de idoneidad.

La gráfica evidencia una marcada discontinuidad y una falta de coherencia institucional en los nombramientos. Este patrón refuerza la percepción de una agencia cuya relevancia estratégica ha ido disminuyendo progresivamente, sin lograr consolidar una línea clara en la profesionalización de su liderazgo. Más allá de Marta Macias Quesada --quien sí contaba con un perfil sólido--, el resto obtiene una puntuación inferior a cinco en una escala de diez.

Algunos incluso han hecho uso de la ACCD para crear currículum y seguir el camino por la vía de la cooperación. Este es el caso de Carles Llorens quien, tras ocupar el puesto de director general de la ACCD (2010-2014) sin experiencia específica en el sector, ha continuado su carrera en el ámbito internacional, trabajando actualmente como secretario general de la Organización de Regiones Unidas (ORU-Fogar).

Gráfico No. 23. Evolución de la idoneidad de máximos responsables de Incasól Hay Derecho

Institut Català del Sòl

Incasòl es otra organización que sigue la línea de la anterior, ya que cuenta puntualmente con directivos a la altura del cargo, pero que destaca por la baja permanencia de este puesto de trabajo. Podemos observar que casi en cada legislatura cambia también el cabecilla de la organización.

El presupuesto de la entidad ronda los 194 millones de euros y una plantilla superior a los 1.600 empleados. La empresa gestiona competencias en materia de planeamiento urbanístico, administración del suelo y promoción pública de vivienda, por lo que está adscrita al Departamento de Territorio.

Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, señala que en una materia tan importante como la vivienda, que tanto debate está generando, resulta problemático que una empresa cuyo objetivo es gestionar esta cuestión en un área tensionada como Cataluña no pueda contar con una línea estratégica a largo plazo, debido a la escasa duración de las personas en el cargo, más allá de que estén o no preparadas para el puesto.

Gráfico No. 24. Evolución de la idoneidad de máximos responsables de CCMA Hay Derecho

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

La corporación cae en otra categoría. En las empresas que sí tienen requisitos --aunque eso no significa que se apliquen o, más bien, que realmente repercutan en un perfil más sólido de los candidatos, ya que si no existen mecanismos efectivos de cumplimiento, rendición de cuentas y control de mandatos--, pierden relevancia los requerimientos que hayan tenido que cumplir los directivos de la entidad.

La CCMA cuenta con un presupuesto anual de 280.397.260,47 euros (según la Ley de Presupuestos de 2023) y una plantilla de 2.388 empleados. Su presidente percibe una retribución anual de 124.390,70 euros. Para su elección se valoran sus méritos profesionales en el ámbito audiovisual, experiencia directiva y deben presentar un proyecto de gestión. Sin embargo, como finalmente se debe aprobar en el Parlament, es difícil mantener este cargo alejado de la politización.

Gráfico No. 25. Evolución de la idoneidad de máximos responsables de Equacat Hay Derecho

Equacat

Equacat es una empresa que casi pasa desapercibida, y cuyo único propósito parece ser la gestión del Canal Olímpic de Cataluña en Castelldefels. La sociedad sobrevive íntegramente con capital público --está participada al 50% por la Generalitat de Cataluña y al 50% por el Institut Català del Sòl (Incasòl)-- con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Los únicos dos responsables que ha tenido la empresa en la última década tienen una puntuación de idoneidad cercana al dos. Actualmente, el máximo responsable recibe un salario de 71.738,52 euros. Este modelo recuerda al de la ACJ; no obstante, destaca por su escaso valor estratégico, porque lo que sirve para ilustrar los riesgos de mantener entidades de este estilo bajo esquemas de nombramiento poco exigentes.

Gráfico No. 26. Evolución de la idoneidad de máximos responsables de ARC Hay Derecho

Agència de Residus de Catalunya

La ARC desempeña un papel clave en la planificación, gestión y regulación de los residuos generados en el territorio catalán. El órgano de dirección recae en una figura nombrada políticamente --con un sueldo de 99.135,54 euros-- por la Presidencia del Consejo, en coordinación con el Departamento de Territorio de la Generalitat.

Pese a ser un organismo clave en la política ambiental y de transición ecológica, ha estado marcado históricamente por nombramientos más vinculados a intereses políticos que a perfiles técnicos especializados. Muchos de sus primeros responsables provenían del ámbito local o partidista sin experiencia ambiental, lo que convirtió a la entidad en una plataforma para ganar legitimidad técnica tras acceder al cargo.

El último nombramiento supone un avance al incorporar mayor especialización sectorial, aunque sigue sujeto a designación política, reflejando la débil profesionalización y las oportunidades desaprovechadas para consolidar un liderazgo técnico en un área estratégica para Cataluña.