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Barcelona, verano de 2025. Durante meses se anunció que el turismo en Cataluña sería más caro. Medios, agencias y alojamientos hablaban de una nueva tasa turística que podía alcanzar hasta 11 euros por persona y noche en Barcelona. La fecha marcada era el 1 de mayo de 2025.

Pero a medida que avanzaba la primavera, el calendario político, con la falta de consenso, y la presión del sector turístico forzaron un giro inesperado: el nuevo impuesto no entró en vigor. Y, al menos por ahora, todo sigue como estaba.

La subida que no fue

A principios de año, el Govern catalán, con apoyo de los Comuns, propuso duplicar la tasa turística que pagan las personas que se alojan en hoteles, viviendas turísticas y cruceros en Cataluña. La medida iba dirigida especialmente a Barcelona, donde se sumaría el recargo municipal de 4 euros Así, un viajero que pasara una noche en un hotel de cinco estrellas podría pagar hasta 11 euros extra por noche.

El objetivo inicial era ambicioso: destinar al menos el 25% de lo recaudado a políticas de vivienda, en un contexto de fuertes tensiones sobre el acceso a alquileres, especialmente en la ciudad condal. El resto se invertiría en promoción cultural, sostenibilidad y servicios afectados por la masificación turística.

Sin embargo, desde el primer momento la propuesta generó polémica. Hoteleros y propietarios de viviendas turísticas la consideraron excesiva y alertaron del impacto negativo sobre la competitividad. La patronal del sector turístico fue clara: con esta tasa, según ellos, Barcelona se convertía en la ciudad con el impuesto turístico más alto de Europa.

Un freno político (y económico)

A pesar de la oposición del sector, el Parlament aprobó el nuevo impuesto mediante un decreto en febrero. Se anunció oficialmente que la subida comenzaría a aplicarse el 1 de mayo de 2025. Los alojamientos turísticos empezaron a prepararse para actualizar tarifas, sistemas de facturación y comunicación con sus clientes.

Pero las discrepancias no tardaron en aparecer también dentro del propio Govern. ERC, Junts y varios ayuntamientos cuestionaron el procedimiento acelerado, el impacto social y la falta de debate parlamentario. Mientras tanto, los Comuns, impulsores de la medida, negociaban para mantener su esencia sin poner en riesgo acuerdos más amplios.

Finalmente, en mayo, se pactó un aplazamiento de la entrada en vigor a cambio de nuevos compromisos en vivienda: inversión de 59 millones de euros, registro de grandes tenedores y medidas para regular los pisos turísticos. El acuerdo se oficializó en el Decreto Ley 10/2025, validado por el Parlament el 18 de junio.

Sin cambios, por ahora

Para los turistas que viajan este verano a Barcelona, como Jules, todo sigue como antes. Reservó tres noches en un hotel del Eixample, pero, pese a lo que había leído en la prensa, finalmente le cobraron el mismo impuesto de años anteriores: 3,50 euros por noche en su categoría de alojamiento, más el recargo municipal de 4 euros, como ya estaba establecido.

No hubo sobresaltos, ni pagos inesperados. Lo que parecía un cambio inminente, quedó en pausa.

Para los gestores de apartamentos turísticos, la noticia fue un alivio temporal.

El nuevo impuesto no se aplicará al menos hasta otoño de 2025, cuando el Parlament debata y apruebe una versión definitiva, esta vez como ley ordinaria y no mediante decreto.

¿Y después del verano?

Aunque el impuesto no ha entrado en vigor este verano, el Govern, como decíamos, mantiene su intención de aprobar la medida como ley ordinaria en otoño. El objetivo es que la nueva tasa turística —ya reformulada y negociada— comience a aplicarse a finales de 2025, dependiendo del ritmo parlamentario.

Los alojamientos ya han sido advertidos de que el aplazamiento es temporal y la Generalitat ha confirmado que no se renuncia al modelo actualizado: incluirá tarifas más altas en función del tipo de alojamiento, el destino y el impacto turístico, con una parte obligatoria destinada a vivienda asequible.

Además, algunos ayuntamientos —como el de Barcelona— han solicitado margen para modular el recargo municipal o establecer bonificaciones, algo que se debatirá en la fase final de tramitación legislativa.

Cuánto pagarán los turistas a partir de octubre

Después de verano se espera que, una vez aprobada la ley, todos los turistas que pernocten en Barcelona —sin importar si se alojan en un hotel de lujo, un hostal o llegan en crucero— deberán pagar un recargo municipal fijo de 4 euros por noche y persona. Esta modificación, impulsada por una propuesta de ERC en el pleno del Ayuntamiento, supone una subida respecto a la tarifa actual, que era de 3,25 euros para la mayoría de alojamientos, y ya alcanzaba los 4 euros en el caso de pisos turísticos o cruceros de escala corta (menos de 12 horas en puerto).
Este recargo municipal se suma al impuesto autonómico conocido como IEET (Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos), gestionado por la Generalitat. Su importe varía según la categoría del alojamiento:
  • Un euro por noche en hoteles de gama media o baja.
  • Hasta 3,50 euros por noche en hoteles de cinco estrellas.
En total, los visitantes que se alojen en la ciudad deberán abonar entre 5 euros y 7,50 euros por persona y noche, dependiendo del tipo de alojamiento. Esta nueva estructura fiscal busca reforzar la capacidad de inversión pública ante el elevado impacto del turismo, pero también ha reactivado el debate sobre la justicia fiscal, la competencia entre destinos y el modelo turístico de Barcelona.

Un espejo del conflicto urbano en Barcelona

Lo ocurrido no deja de poner de manifiesto el complejo equilibrio entre turismo, economía y políticas públicas. La tasa turística se ha convertido en una herramienta con múltiples significados: financiación, regulación, sostenibilidad… pero también es un símbolo de conflicto entre los distintos modelos de ciudad.

Para algunos partidos, como los Comuns, es una forma de hacer justicia social en una ciudad donde el turismo ha desplazado a muchos vecinos. En este contexto, durante una sesión del Parlament el pasado junio, uno de los integrantes del partido, David Cid, ya le reprochó a Junts (grupo contrario a la medida, a la que tildó de dictatorial) actuar como “defensor de los guiris”, a lo que añadió: “¿Ustedes creen que algún turista que paga 800 euros por una noche en el Paseo de Gràcia no vendrá porque tiene que abonar 8 euros de tasa turística?”.

En cambio, para otros, es una medida apresurada que pone en riesgo uno de los motores económicos de Cataluña, sobre todo cuando otras regiones compiten con menores cargas fiscales.

El aplazamiento también ha revelado una fractura en la forma de gobernar: decisiones adoptadas por decreto sin consenso suficiente pueden acabar generando más ruido que transformación.

La cuenta pendiente

Jules se marcha de Barcelona sin haber pagado más de lo previsto. Pero se queda con una pregunta que muchos comparten: ¿qué tipo de turismo quiere esta ciudad? ¿Y cómo se puede gestionar de forma justa y sostenible?

La tasa turística no ha muerto. Solo duerme. Su reactivación está en manos del Parlament y del consenso político. Cuando vuelva —tal y como está previsto—, deberá ser clara, gradual y bien comunicada. Mientras tanto, Barcelona sigue recibiendo visitantes, generando ingresos… y buscando un equilibrio que aún no encuentra.

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