Primero fueron Blackstone y Patrizia. Ahora, el fondo Azora. Los grandes fondos se han cansado de la excesiva regulación de Barcelona y aceleran sus estrategias de desinversión de activos destinados al mercado residencial de alquiler.
Las gestoras repudian la inseguridad jurídica de Cataluña y su legislación, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a quien no pague. También critican las consecuencias del índice de referencia en el precio del alquiler o la moratoria para desahucios de okupas o inquilinos morosos.
El Eixample
La regulación "está imposible"
Tal y como avanzó este medio, Blackstone da a la ciudad por "imposible" y ha avisado a cientos de inquilinos que, una vez finalicen sus contratos, deberán abandonar los inmuebles, a no ser que quieran comprarlos. Algo parecido le ha ocurrido a la empresa española Azora.
Por su parte, Patrizia ha empezado a vender uno a uno los pisos de su cartera de alquiler en Cataluña. La gestora alemana ha sacado del mercado 542 viviendas repartidas en siete promociones, la mayor parte de ellas en la primera corona de Barcelona, como Sant Just o Badalona.
Menos pisos y más caros
La situación dejará "menos pisos en el mercado y más caros", explican fuentes del sector inmobiliario. Las mismas voces apuntan a que la decisión de los fondos "no extraña" y concluyen que "nadie se atreve a presentar ahora mismo un proyecto de inversión residencial en Cataluña".
La gran beneficiada de la huida catalana, una vez más, es Madrid, que capta proyectos de inversión residencial que escapan de Barcelona. También se benefician de ello Valencia o Málaga.