Barcelona pasa el radar a los grupos municipales para saber quién tiene vínculos con empresas de Israel

El Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a sondear a los grupos que componen la corporación municipal y los entes vinculados a ellos para conocer la relación que pudieran mantener con empresas que están operando de forma ilegal en asentamientos israelíes en suelo palestino.

En pleno debate sobre las actuaciones del Gobierno israelí en Palestina y la conveniencia de mantener relaciones con este Estado, el Ayuntamiento ha remitido a estas entidades un formulario a fin de que aclaren eventuales vínculos con cerca de un centenar de empresas. 

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Concretamente, las señaladas por el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr, por sus siglas en inglés) por operar ilegalmente en asentamientos israelíes en tierras palestinas. De acuerdo con este informe, cuya última actualización es de junio de 2023, la actividad de estas empresas en la zona tiene impacto en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el territorio ocupado. 

“Según Naciones Unidas, esto supone una violación de los derechos humano”, recuerda el Consistorio de la Ciudad Condal. La corporación liderada por el alcalde, Jaume Collboni, recuerda que es precisamente esa vulneración de derechos la que podría impedir que esas empresas fueran contratistas tanto del Ayuntamiento como de cualquiera de los entes que dependen del Grupo Municipal.

Imagen de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona

La mayoría de las 97 empresas que figuran en la relación del organismo dependiente de Naciones Unidas es de nacionalidad israelí, concretamente algo más del 83%. Sin embargo, muchas de las restantes son multinacionales con una amplia implantación en España, con lo que no sería descartable que figuraran entre los contratistas de los entes dependientes de la corporación municipal.

Entre estas multinacionales, destacan aquellas relacionadas con el sector del turismo. Sin ir más lejos, Airbnb, polémica también en Barcelona por el debate sobre los alojamientos turísticos, cuya sede radica en EEUU. En la relación también está presente Booking.com, especializada en búsquedas y reservas de vuelos y hoteles, cuya matriz está en Países Bajos. 

Un usuario consulta un ordenador con el logo de Airbnb de fondo EP

Expedia y TripAdvisor, ambas con la base establecida en EEUU, engrosan igualmente el listado de empresas que operan actualmente en los citados asentamientos.

Además, 17 empresas aparecen en el listado, aunque el informe matiza que no están directamente relacionadas con operaciones consideradas como ilegales en el territorio palestino sino que figuran como matrices de unidad que sí se encontrarían en esta situación. 

El caso de eDrems

A este último grupo pertenece eDreams Odigeo, uno de los gigantes mundiales en reservas de viajes y comercio electrónico, cuyas oficinas centrales se encuentran en Barcelona. En situación idéntica se encuentra el fabricante ferroviario francés Alstom, que cuenta con una planta de producción en la localidad de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

El informe del Ohchr establece diez criterios para determinar si una empresa está operando de forma ilegal en la zona, con la vulneración de los derechos humanos de la población que habita en la misma o que pertenece a su entorno.

Actividades señaladas

Entre ellos figuran desarrollar actividades de construcción y desarrollo de los asentamientos y del muro que separa los territorios, así como el suministro de equipamiento para los puestos de control de las autoridades israelíes.

El documento de Naciones Unidas también apunta a compañías que provean de servicios y equipamiento para la demolición de viviendas y la destrucción de granjas y campos de cultivo; además, aquellas que proporcionen servicios de seguridad a las corporaciones que operan ilegalmente en el territorio.

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Igualmente, hay espacio para los grupos que prestan servicios financieros para desarrollar y ampliar los asentamientos y la actividad económica que allí se lleva a cabo. 

El primer listado realizado por Naciones Unidas incluía 112 corporaciones; la relación ha menguado conforme algunas compañías han decidido suspender su actividad en la zona por ser considerada atentatoria contra los derechos humanos.

De este modo, el Ayuntamiento vuelve a fiscalizar las posibles relaciones de los entes municipales con empresas de esta suerte de ‘lista negra’. Ya en abril del pasado año, el Consistorio remitió una consulta similar para recabar esta información.