El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el de la APCE, Xavier Vilajoana
Foment y los promotores catalanes auguran un encarecimiento de la vivienda por el incremento del ITP
Ambas organizaciones comparten la misma visión acerca del aumento de las dificultades para acceder a un hogar con la nueva medida del Govern
Contenido relacionado: La letra pequeña de las políticas de vivienda de Illa en Cataluña
Foment del Treball y la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ven gato encerrado en alguna de las nuevas medidas de la Generalitat en pro de la vivienda, que incluyen el incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP).
Tanto el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, como el de APCE, Xavier Vilajoana, prevén que este aumento del ITP --anunciado por el Govern como una medida para desincentivar a los grandes tenedores a incrementar su parque de vivienda--, lejos de facilitar el acceso a un hogar, encarecerá los pisos.
Nuevos tramos del ITP
En palabras de Sánchez Llibre, lo que el Govern hace con la intención de redistribuir la riqueza es lo contrario, "redistribuir la miseria" con este "campo de minas fiscal". "Si multiplicamos por dos el gravamen del ITP, estaremos haciendo aún más difícil el acceso a la vivienda", ha afirmado Vilajoana este lunes. Ambos han comparecido en una rueda de prensa.
Se refieren así a la creación de dos nuevos tramos en la transmisión de inmuebles, pues si hasta ahora regía el 10% para las viviendas de hasta un millón de euros y el 11% para el resto, ahora habrá cuatro escalas en el ITP:
- 10% para inmuebles de hasta 600.000 euros
- 11% entre 600.000 y 900.000 euros
- 12% entre 900.000 y 1,5 millones
- 13% para viviendas de más de 1,5 millones
"Sobrerregulación"
En esta línea, han explicado que entre un 20% y un 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales, que con este nuevo gravamen se incrementará por encima del 25%.
Asimismo, han subrayado que la actividad generada por el sector promotor constructor en Cataluña comporta unos ingresos fiscales vía impuestos (IVA, IRPF y sociedades) y cotizaciones a la Seguridad Social de 7.056 millones de euros.
Ambas entidades critican la "sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica" que sufren los operadores en Cataluña con la reiterada utilización de la figura del decreto ley, textualmente, para regular elementos que escapan de los motivos de urgencia y que no permiten una tramitación legislativa ordinaria con todas sus garantías.
