Los Sanahuja llevan siete décadas en el negocio inmobiliario catalán: levantaron miles de viviendas en la posguerra, llegaron a controlar la mayor promotora de España y protagonizaron en 2010 una de las mayores suspensiones de pagos del sector.
Su apellido ha vuelto a la actualidad porque un miembro de la tercera generación aparece en el ‘caso petróleo’, un procedimiento que investiga el paradero de unos siete millones de euros de inversores de la burguesía catalana.
A finales de septiembre, el titular del Tribunal de Instancia e Instrucción número 21 de Barcelona recibió un escrito que alertaba de un presunto fraude vinculado a una inversión en petróleo. De ahí nació el ‘caso petróleo’, que busca esclarecer dónde está el dinero que los inversores confiaron al financiero Marc Armadans y a su socio, un miembro de la familia Sanahuja.
Según las fuentes consultadas, lo que empezó como un negocio entre dos amigos acabó reuniendo a entre 50 y 100 inversores. Los problemas afloraron cuando intentaron recuperar sus aportaciones y no obtuvieron el dinero. Las reclamaciones dieron paso a la advertencia de acudir a los tribunales.
Los fondos se canalizaron a través de Armga Holding SL, sociedad vinculada a Armadans, hacia la plataforma de trading FxPro. El capital debía destinarse a operaciones en el mercado del petróleo con la promesa de una elevada rentabilidad. Al principio, la estructura generó “saludables rentabilidades”. El problema llegó cuando los inversores pidieron la devolución del capital y los beneficios: el dinero ya no estaba.
Entre quienes confiaron sus ahorros figuraban, según las mismas fuentes, miembros de las generaciones más jóvenes de varias familias de la burguesía catalana.
La familia
¿Pero quién es esta potentada familia? Romà Sanahuja Bosch (1907-1997) empezó construyendo vivienda protegida en la Barcelona del franquismo. Estaba casado con Francesca Pons Ferreras y tuvo tres hijos: Romà, Joan y Maria Àngels Sanahuja Pons.
Su obra más conocida es el Turó de la Peira, en Nou Barris. Allí levantó entre 1953 y 1961 unos cinco mil pisos repartidos en quince bloques, donde vivían unas quince mil personas, en su mayoría inmigrantes del sur de España que habían pasado por las barracas.
El 11 de noviembre de 1990 se hundió el edificio del número 33 de la calle Cadí y murió una vecina. La tragedia destapó el problema del cemento aluminoso, un material de fraguado rápido prohibido en Francia desde 1943 que fue legal en España hasta los años setenta.
La querella criminal de los vecinos contra el constructor, el Ayuntamiento, la Generalitat y el fabricante del cemento se archivó, pero los vecinos y los cronistas del barrio siguen reprochando a la familia esa historia. Sanahuja alegó que nadie le había advertido del problema.
Ramas familiares
Los tres hijos dieron lugar a tres ramas (Sanahuja Escofet, Sanahuja Maymó y Cuartero Sanahuja) y convirtieron Sacresa en la primera promotora de Cataluña. El salto llegó con la adquisición de Metrovacesa, de la que la familia llegó a controlar el 80,6% del capital y asumió una deuda de más de 4.000 millones de euros para comprarla.
Cuando la crisis inmobiliaria cortó el crédito, entregó a seis bancos acreedores el 54,75% de la compañía a cambio de deuda.
Auge y caída
En junio de 2010 el grupo pidió el concurso de acreedores. La deuda rondaba los 1.800 millones de euros, y la familia ofrecía a los bancos casi todos sus activos, incluida su participación en L’Illa Diagonal y el proyecto de Finestrelles.
Un mes después, el juzgado mercantil 2 de Barcelona declaró la suspensión de pagos de las cuatro sociedades del grupo, con un pasivo superior a 2.633 millones frente a un activo de 2.512 millones. El patrimonio se salvó en parte con el pacto con la banca de 2012, a costa de quitas y cesión de bienes.
Roman Sanahuja en una imagen de archivo
La familia también tuvo un episodio judicial en Mallorca. Román Sanahuja, accionista principal de Sacresa, se sentó en el banquillo por la adjudicación de un solar del Consell de Mallorca. Admitió en el juicio que le habían pedido cuatro millones de euros para ganar el concurso, que Sacresa y su socio ganaron ofreciendo 30 millones frente a los 61 de otra oferta. La sentencia le impuso un año de prisión.
Hoy Sacresa tiene un perfil más bajo, pero conserva su activo principal. L’Illa Diagonal se inauguró el 1 de diciembre de 1993, ocupa 35.000 metros cuadrados y reúne más de 170 tiendas y restaurantes.
Imagen del centro comercial L'Illa Diagonal, de los Sanahuja y AXA
La sociedad familiar que lo controla junto a Axa, Indicesa l’Illa, gestiona además viviendas de alquiler y dos hoteles, y ganó el año pasado 18,2 millones (un 23% más).
Otros proyectos
El otro gran proyecto es Finestrelles, en Esplugues de Llobregat, donde Sacresa levanta la Tower One, una torre residencial de 25 plantas para Hines. En Madrid participa en Los Cerros (Vicálvaro, más de 14.000 viviendas) y, junto a Endesa, vendió a Metropolitan House 72.000 metros cuadrados en Can Rigalt (L’Hospitalet) por unos 19 millones.
La rama de los Sanahuja Escofet declaró en 2024 la suspensión de pagos del centro comercial Màgic Badalona, con una deuda de 44 millones. El concurso se cerró y la familia recuperó la sociedad, pero mantiene el pasivo con el fondo Cojaswinvest, que conserva sus derechos de cobro y las vías de ejecución, incluida la hipotecaria.