En España se desperdician casi 1,3 millones de toneladas de alimentos al año, una cifra alarmante que se suma a los 130 kilos anuales por habitante desechados en la Unión Europea.
Para frenar esta tendencia, el Gobierno estatal aprobó hace un año la pionera Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El fin del periodo de gracia legal
Esta estricta normativa interpela directamente a bares y restaurantes, que desde el pasado viernes 3 de abril están obligados a ofrecer envases para los restos de comida.
La exigencia entra en vigor con todas sus consecuencias después de que el Ejecutivo nacional concediese al sector hostelero un periodo de gracia de 365 días de adaptación.
Exenciones para los locales pequeños
Antes de la promulgación de la ley, el establecimiento no estaba legalmente forzado a facilitar un recipiente gratuito ("tupper") para que el comensal se llevase las sobras.
Con la nueva regla general, quedan exentos de esta obligación aquellos locales iguales o inferiores a 1.300 metros cuadrados de superficie útil de venta al público.
Envases sostenibles y sin coste adicional
La legislación subraya que estos recipientes facilitados por los hosteleros deben ser completamente gratuitos para el consumidor que decida llevarse su ración sobrante a casa.
Además, la normativa exige el uso de materiales sostenibles, priorizando siempre envases que sean fácilmente reciclables, compostables o reutilizables para no agravar el problema del plástico.
Objetivos para el año 2030
El gran reto de esta estrategia a nivel nacional es lograr reducir el 50% de los residuos alimentarios que se generan actualmente en todo el comercio minorista.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura se ha fijado el ambicioso horizonte de recortar un 20% de las pérdidas totales de alimentos de cara al próximo ejercicio 2030.
Los cuatro pilares de la norma
El plan estatal va mucho más allá de la restauración e involucra a la cadena en su conjunto para que los alimentos no consumidos se destinen a donaciones sociales.
Los otros tres pilares legales exigen el aprovechamiento mediante su transformación, el uso exclusivo para la alimentación animal y, por último, la entrega a instalaciones de compostaje.
Multas desde los 2.000 euros
En el caso de incumplir esta normativa, el Estado impondrá duras sanciones de 2.000 euros a las empresas por no informar al cliente de la posibilidad de llevarse su comida.
En el caso más extremo, las multas económicas alcanzarán hasta los 60.000 euros para aquellas grandes compañías que no cuenten con un plan de prevención o no donen sus excedentes.
Un cambio de mentalidad ciudadana
En un mundo en el que millones de personas pasan hambre, es vital poner freno a esta situación y establecer medidas concretas de concienciación en la sociedad.
Perder el pudor a pedir las sobras se convierte en un acto de responsabilidad individual para realizar un consumo mucho más efectivo y ético de toda nuestra comida.
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