Confirmado por el Ministerio: 220.000 funcionarios del Estado trabajarán 35 horas a la semana cobrando el mismo salario

En la primera quincena de abril de este 2026, justo después de Semana Santa, se pondrá en marcha la nueva y esperada jornada laboral de 35 horas.

Esta histórica medida se aplicará a la Administración General del Estado (AGE), según ha confirmado este viernes el ministro Óscar López.

La rebaja de las 37,5 horas actuales

El cambio normativo y laboral afectará de forma directa a unos 220.000 empleados públicos que actualmente prestan sus servicios en ministerios y organismos estatales.

Esta enorme plantilla pasará de las 37,5 horas semanales actuales a las 35 horas, lo que fijará su calendario en 1.533 horas efectivas al año (2,5 horas menos a la semana).

El aval clave de los sindicatos

El texto gubernamental cuenta con el firme respaldo de la Mesa de Negociación, donde organizaciones como UGT y Comisiones Obreras ya han avanzado que darán su aval.

Por su parte, el sindicato CSIF firmará el documento si se cumple estrictamente el compromiso de implantarlo en todo el personal dependiente de la AGE sin fisuras.

Adaptaciones en prisiones y Ceuta

Aunque el objetivo primordial es abarcar a toda la plantilla, algunos grupos complejos como los trabajadores de instituciones penitenciarias requieren adaptaciones muy específicas.

Lo mismo ocurre con el personal sanitario y educativo de Ceuta y Melilla, mientras que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad suelen quedar fuera de este marco.

Equiparar con las autonomías

El Ministerio de Función Pública busca con este gran paso equiparar las condiciones laborales de sus propios trabajadores a las de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

En muchas administraciones locales estas 35 horas ya son comunes, por lo que el Estado se pone al día incluyendo además mejoras y nuevas figuras para la conciliación familiar.

Los servicios públicos garantizados

El Gobierno asegura tajantemente que esta reducción de jornada se ejecutará garantizando en todo momento la correcta atención a la ciudadanía y la calidad de los servicios.

Aunque Función Pública no ha facilitado aún el impacto económico de los ajustes de plantilla, es un hecho que los funcionarios seguirán cobrando lo mismo trabajando menos.