El artículo 7 de la LPH avisa: tu vecino puede llevarte a juicio y privarte de tu piso 3 años por hacer una obra ilegal

Sábado a primeras horas de la mañana, empiezas a escuchar golpes en el edificio porque algún vecino de la comunidad ha decidido hacer una reforma integral en su vivienda.

Aunque cambiar el suelo o la bañera parezca un acto inofensivo en tu propia casa, esta decisión está estrictamente regulada por ley y puede traer serias consecuencias legales.

El artículo 7 y la seguridad

Para conocer los límites exactos y los requisitos a cumplir hay que recurrir a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), concretamente a lo dictado en su artículo 7.

Este texto señala que un propietario puede modificar los elementos arquitectónicos siempre y cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio.

Prohibido alterar la estructura

Tampoco está permitido bajo ningún concepto dañar la estructura general de la finca, modificar su configuración exterior ni perjudicar los derechos de otro propietario.

Como requisito innegociable antes de empezar la reforma, el vecino debe "dar cuenta de tales obras previamente" al presidente o al administrador de fincas.

El veto total en zonas comunes

Respecto al resto del inmueble y las zonas comunes del portal, la legislación vigente es tajante: el residente no podrá realizar ninguna alteración de forma unilateral.

Si un propietario advierte la necesidad de realizar reparaciones urgentes en estas áreas compartidas, su único deber es comunicarlo sin dilación al administrador.

Denuncias por actividades nocivas

Si un residente realiza actividades peligrosas, insalubres, nocivas o ilícitas, el presidente le exigirá el cese inmediato bajo el apercibimiento de iniciar acciones legales.

Si el infractor persiste en su conducta con las obras, la comunidad puede convocar una junta de propietarios para entablar una acción de cesación en un juicio ordinario.

Multas y pérdida de la vivienda

Una vez presentada la demanda contra el propietario, el juez puede ordenar el cese cautelar advirtiendo de un grave delito de desobediencia si el denunciado continúa.

La sentencia final puede obligar a indemnizar los daños y, en los casos de mayor gravedad, privar del derecho al uso de la vivienda por un tiempo de hasta tres años.