Ya ha entrado en vigor: nueva factura electrónica obligatoria para empresas españolas que facturan más de 8 millones de euros anuales

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y profesionales, con un calendario progresivo según el tamaño del negocio. La medida supone un paso decisivo en la modernización del sistema en España.

Las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse, mientras que el resto dispondrá de dos años desde la publicación de la orden ministerial que concretará los aspectos técnicos, prevista antes del verano.

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Calendario escalonado

Los plazos comenzarán a contar cuando se publique la orden de Hacienda que desarrollará la normativa. Este enfoque pretende evitar una implantación abrupta y facilitar la transición hacia un sistema digital obligatorio en todas las operaciones entre empresas.

El modelo responde a lo establecido en la Ley Crea y Crece, que ya preveía la generalización de la factura electrónica como herramienta clave para mejorar la competitividad y la transparencia empresarial.

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Objetivo: reducir la morosidad

Uno de los principales problemas que aborda la medida es la morosidad empresarial, ya que España presenta plazos medios de pago cercanos a los 80 días, por encima del límite legal de 60 días y de la media europea.

La facturación electrónica permitirá registrar cada fase del proceso, desde la emisión hasta el pago, lo que facilitará el control de los plazos y aportará mayor seguridad en las transacciones.

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Trazabilidad total

El nuevo sistema ofrecerá una trazabilidad completa del ciclo de facturación, lo que permitirá tanto a las empresas como a la Administración conocer en tiempo real el estado de cada una.

Este control digital se considera clave para mejorar la previsibilidad de cobros y pagos, un factor especialmente relevante para pymes y autónomos, más expuestos a tensiones de liquidez.

Dos vías para operar

Las empresas podrán intercambiar facturas electrónicas a través de plataformas privadas interconectadas o mediante una solución pública gratuita de la Agencia Tributaria.

Este diseño busca evitar dependencias tecnológicas entre compañías y garantizar que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, pueda acceder al sistema sin costes adicionales.

Ahorro y eficiencia

El Gobierno destaca que ya ha demostrado su eficacia en sectores como el gran consumo o la automoción, donde ha generado importantes ahorros de costes y tiempo.

Actualmente, en España se intercambian cientos de millones de facturas electrónicas cada año, lo que evidencia que el sistema no parte de cero, sino de una base ya consolidada en parte del tejido empresarial.

Impulso a la digitalización

La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia para digitalizar la economía y mejorar la eficiencia fiscal, en línea con las directrices europeas sobre el IVA.

Además, complementa otros proyectos como Verifactu, orientado a combatir el fraude fiscal mediante el control de los sistemas de facturación, aunque con un calendario independiente.

Un cambio estructural

La implantación obligatoria marca un cambio estructural en la gestión empresarial, que afectará tanto a grandes compañías como a pequeños negocios.

Lejos de ser solo una exigencia normativa, el nuevo sistema apunta a convertirse en una herramienta para mejorar la liquidez, reducir costes y aumentar la transparencia, elementos clave para la competitividad en un entorno económico cada vez más digitalizado.