Ya ha entrado en vigor: el Gobierno congela el precio para más de 600.000 contratos de alquiler durante 2 años

El Gobierno sigue trabajando en las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán, para ello ha presentado el Real Decreto-Ley 8/2026. Por ello, en este decreto, Pedro Sánchez adopta medidas urgentes en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas para amortiguar de forma inmediata el impacto sobre hogares y empresas y acelerar la electrificación y el despliegue renovable para reducir la dependencia fósil de forma estructural.

En esta línea, el Real Decreto-ley entró en vigor el sábado 21 de marzo y superará los 5.000 millones de euros, beneficiando a los tres millones de empresas y los 20 millones de hogares del país. Las medidas "no impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos", ha señalado el presidente del Gobierno.

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El presidente del Gobierno ha explicado que el Plan Integral de respuesta incluye dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para "levantar un escudo social para proteger a los hogares y sectores económicos más expuestos" y un segundo de naturaleza más estructural y estratégica, con medidas orientadas a impulsar la soberanía energética y convertir a España "en un país cada vez más resiliente ante crisis externas".

"España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE" en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Asimismo, ha avanzado que las medidas "estarán vigentes el tiempo que sea necesario, y si las circunstancias lo requieren porque la gravedad de la crisis se acentúa, las ampliaremos, porque no es un plan cerrado". "Si se necesita poner más recursos económicos por parte de la administración general del Estado, se pondrán", sentenció.

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Congelación de precios

Para complementar todas estas medidas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real decreto-ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado por el Ejecutivo en crisis previas para dar respuesta a la emergencia habitacional y que se negociará con los grupos parlamentarios.

El artículo 1 de la normativa establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán prorrogarse de forma extraordinaria.

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En este contexto, el inquilino tiene derecho a solicitar una prórroga de hasta dos años, la cual el arrendador está obligado a aceptar, salvo que haya comunicado correctamente y en plazo la necesidad de ocupar la vivienda para uso propio o de sus familiares, conforme a lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Durante este periodo de prórroga, se mantendrán vigentes todas las condiciones del contrato original.

Asimismo, con el objetivo de limitar el impacto de la inflación en los precios del alquiler, se establece un “techo” a las subidas anuales de la renta. En el caso de viviendas cuyo propietario sea un gran tenedor —definido como quien posee más de 10 inmuebles residenciales o más de 1.500 m² construidos—, el incremento será el acordado entre las partes, pero no podrá superar el 2%. Para los caseros particulares, la subida será la que se pacte; en ausencia de acuerdo, también quedará limitada a un máximo del 2%.