En el año 2000, los periodistas Emilio Silva y Santiago Macías fundaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y recabaron apoyo para la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil española a partir del descubrimiento de la fosa conocida como la de los 13 de Priaranza (El Bierzo), la primera abierta con técnicas arqueológicas y forenses, donde se encontraba uno de los abuelos de Silva, promotor de la iniciativa.
A lo largo de los años posteriores, la Junta de Andalucía editó una metodología para la exhumación de las fosas de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra. En el año 2007 se aprobó la ley de Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, que, entre otros múltiples objetivos, pretendía cerrar los flecos pendientes de la última guerra civil en nuestro país, propiciando la exhumación de los muertos yacentes en fosas colectivas.
Razones morales y económicas
La razón moral que acompaña el discurso de la busca y reapertura de fosas comunes con la reubicación de los muertos es irreprochable. Pero la práctica que se ha seguido al respecto ha estado muy lejos de los principios formulados. El primer factor del estancamiento del proceso de recuperación de los muertos de la Guerra Civil ha sido el económico. La ley no garantizó los fondos para llevar adelante la inversión y los municipios han estado demasiado agobiados por los problemas del presente como para hacer prospecciones arqueológicas en el pasado.
Pero el problema no ha sido solo económico. En el año 2017, el equipo de investigadores que buscó en Alfacar (Granada) la fosa en la que supuestamente estaban los restos de García Lorca junto a los tres fusilados con él en la madrugada del 18 de agosto de 1936 no encontró los restos de nadie, donde todos —inclusive el biógrafo de García Lorca, el irlandés Gibson— creían que estaba. La explicación oficial que se dio es que los cadáveres serían exhumados poco tiempo después de su fusilamiento en el lugar donde se creían enterrados. La asociación que llevó a cabo la labor de desenterramiento se llamaba Registro con Honor y la operación tuvo un coste de 17.000 euros aportados por el mecenas José Ignacio Olave.
El caso catalán
Más delicada es la cuestión ideológica que sobrevuela el asunto de las fosas. En la busca de éstas se han encontrado restos, en el año 2008, en Alcalá (Madrid); en el 2009, en Rubielos de Mora (Teruel); en el 2010, en Camuñas (Toledo); en el 2012, en Vilasana de Mena (Burgos), y en el 2014, en Borriol (Castellón) de cadáveres que, al constatarse que se trataba de víctimas de la represión frentepopulista, presuntamente, se han vuelto a enterrar.
Pero el episodio más significativo ha ocurrido en Cataluña. Aquí se generó un notable conflicto parlamentario a partir de las acusaciones del diputado del PSC David Pérez, que acusó a Esquerra Republicana de Catalunya de que no se hubieran abierto fosas comunes en Cataluña “para esconder la españolidad de algunas de las víctimas de la Guerra Civil” que llegaron a la comunidad autónoma “a defender la democracia”.
Tras el escándalo y la subsiguiente matización de sus palabras por el diputado socialista, el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, en uno de los pocos momentos libres que ha tenido en medio del proceso independentista, hizo pronunciamientos públicos acerca de la voluntad institucional catalana para llevar adelante la práctica de los desenterramientos de fosas colectivas. La primera tumba abierta del plan de fosas programado en Cataluña corresponde a 17 soldados del ejército franquista en Figuerola d'Orlau (Lleida), soldados que murieron entre abril y diciembre de 1938. El propio Romeva ha tenido que proclamar un tanto estupefacto que “la memoria es de todos, de todos”. El silencio inmediato ha sido clamoroso.
Mal desenterrados
Parece ponerse en cuestión el que todos los muertos del lado ideológico franquista recibieran la sepultura individual y digna que reclaman los que murieron en el otro lado. ¿Los 9.000 muertos por la violencia roja en Cataluña y los 60.000 muertos, por el mismo motivo, en el conjunto de España durante la guerra fueron convenientemente enterrados y glorificados por el franquismo como tantas veces se nos ha dicho? ¿Quiénes fueron los muertos del lado republicano que desenterró Franco para introducirlos en la gran fosa común capitalizada por el franquismo que es el Valle de los Caídos? ¿Continuarán las buenas intenciones exhumatorias o se preferirá dejar a los muertos donde estaban si no pueden ser los mismos valor de uso en la confrontación sectaria?
Dicen que en España se entierra muy bien a los muertos porque, supuestamente, todos son reconocidos como buenos cuando mueren. Tengo mis dudas al respecto, pero lo que sí queda claro es que en nuestro país se desentierra muy mal a los muertos.