El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha dirigido una pregunta a la Comisión europea en la que solicita la reapertura del expediente de infracción contra la Ley del cine de Cataluña, que contempla un sistema de cuotas de doblaje y subtítulos en catalán, bajo la amenaza de sanción. La normativa catalana fue aprobada en 2010 y establecía que al menos el 50% de las películas comerciales proyectadas en los cines catalanes debía ser en catalán, pero en 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional redujo ese porcentaje a un 25%. Asimismo, la UE expresó su rechazo a esa regulación, pero archivó el expediente al entender que España ya había intervenido en el caso.

Sin embargo, tal como publicó Crónica Global, las promesas de ERC de desarrollar la ley –todavía no ha sido aprobado su reglamento— inquietan a la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España y el Gremio de Cines de Cataluña. De ahí que Cañas haya solicitado la reapertura de los expedientes de infracción contra la Ley del cine.

La Comisión de Peticiones debatió el 26 de mayo el cierre de los expedientes de infracción  relativos a la Ley 20/2010 del cine de Cataluña. “Los motivos aducidos por la Comisión para ello son profundamente cuestionables, cuando no manifiestamente erróneos, porque la Ley sigue vigente, no se ha modificado o derogado, y el actual Gobierno de Cataluña amenaza con aplicarla”, explica el eurodiputado de la formación naranja en su pregunta.

Infracción del derecho europeo

Según advierte Cañas en su escrito, la vigencia de esta ley constituye “una clara infracción de derecho europeo, por lo que es manifiestamente contrario al principio de buena administración que la Comisión haya procedido al archivo de los expedientes incoados cuando se mantenía la causa jurídica que los motivó”.

A juicio del eurodiputado, “resulta sorprendente que la no aplicación del régimen sancionador tras el acuerdo alcanzado entre el sector y la administración, fruto del chantaje ante la amenaza de su aplicación, y la supuesta ausencia de quejas de distribuidores fuera de España, cuando estas se han notificado a la Comisión, sean utilizados para justificar su archivo”.

Por ello, “ante el incorrecto archivo y la posibilidad de que ello pueda constituir un caso de mala administración por parte de la Comisión a la luz de los Tratados, ¿Piensa la Comisión reabrir estos expedientes ante la vigencia de la Ley 20/2010?”, pregunta Cañas, que además es portavoz en la Comisión de Mercado Interior.