El Ayuntamiento de Barcelona trata de quitarle importancia al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya eliminado del plan estrella municipal sobre ordenación turística el artículo que imponía reducir en un 20% las plazas hoteleras disponibles tras una reforma. Hecho que derivó en un aluvión de recursos por los empresarios del sector y que, finalmente, han implicado la admisión a trámite por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la interpuesta por Olivia Hotels.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido en una comparecencia ante la prensa que la normativa “no está en duda a nivel jurídico”. La representante de BComú ha explicado que está “satisfecho en términos generales” porque considera que la herramienta sigue vigente.
Plan aprobado en 2017
Ha recordado que otras resoluciones anteriores avalaban el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat). Concretamente, su aprobación en 2017. Sí que reconoce que algunos puntos de la normativa se deberán “revisar”, aunque mantiene que los cambios inmediatos serán limitados.
Incluso se resiste a anular el artículo que el TSJC ha rechazado. Interpreta tras una lectura inicial que contraviene la Ley catalana del Urbanismo y que no tiene efectos inmediatos, aunque deja la puerta abierta a realizar una análisis con mayor profundidad. Ha explicado que el consistorio “lee y analiza” la sentencia para “esclarecer qué quiere decir” con la nulidad del precepto.
Posible recurso ante el Supremo
Sanz apunta a que la sentencia “no es firme y siempre queda la posibilidad de presentar un recurso de casación”. Aunque no ha desvelado si tienen intención de mantener el litigio ante el Tribunal Supremo.
También ha admitido que existen más de 120 contenciosos abiertos en relación al Peuat. Por ahora, las resoluciones judiciales que han llegado son divergentes. La mitad dan la razón a los intereses del Ayuntamiento y otras tantas señalan que se deben hacer modificaciones.
Por ahora, se mantendrá sin variar un plan en que se prohíbe la apertura de nuevos hoteles en la capital catalana y refuerza la lucha contra el alquiler de viviendas turísticas sin licencia.