Una movilización de vecinos ha vuelto a activar la reacción del gobierno de Ada Colau, pero como suele pasar cuando se actúa de forma reactiva, lo ha hecho tarde, y mal, según critican los vecinos, la síndica de greuges y los partidos de la oposición.

El motivo: una protesta de los vecinos de Gràcia contra el derribo de tres fincas con un alto valor emblemático y la tala de varios árboles que se encuentran en el terreno, entre ellos una gran encina con más de 200 años de historia. En su lugar, construirán un edificio de 28 viviendas en los números 13, 15 y 17 de la calle Encarnació, que acabará con parte del patrimonio histórico e identidad propia del barrio, según denuncia la síndica de greuges de Barcelona.

Guiño a los manifestantes

La movilización de los vecinos, que empezó el pasado jueves, ha conseguido parar provisionalmente las obras, que ya habían iniciado los preparativos de la demolición con el vaciado de los inmuebles y la tala de los primeros árboles. Cuando la protesta ha alcanzado dimensiones mayores, el gobierno municipal ha decidido actuar.

El concejal del distrito de Gràcia, Eloi Badia, ha hecho un guiño este viernes a los manifestantes celebrando su movilización. Pero el edil explicó en rueda de prensa que “no pueden frenar” el derribo porque los propietarios, la inmobiliaria Encarnació Invest SL, tiene las licencias necesarias para llevarlo a cabo. “Será difícil deshacer la operación porque no estaban catalogados y las licencias de demolición y de obras están regladas y no se pueden denegar si cumplen todos los requerimientos”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Propuesta de 'okupación'

Badia se ha escusado argumentando que la legislación urbanística desarma al consistorio en su objetivo de crear los barrios y la ciudad como los vecinos quieren. Su propuesta de última hora se basa en llegar a un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento, los promotores y los vecinos para detener el derribo de las fincas y la posterior construcción del nuevo edificio. De momento, el equipo de gobierno ha fijado “una reunión con los promotores del inmueble para estudiar alternativas y paralizar temporalmente la demolición”. Una alternativa que podría pasar por la compra de las fincas para contentar a los vecinos y a los propietarios, pese a que estos últimos tienen todo en regla para continuar con sus planes iniciales.

Conscientes de la difícil situación, los vecinos siguen organizándose para parar con sus medios el derribo y la tala de la encina centenaria, árbol que quieren erigir como símbolo de la protesta. En una multitudinaria asamblea celebrada este viernes, los concentrados han abogado por agotar las vías legales y administrativas para revertir la situación, entre las que proponen “que se catalogue el espacio como bien cultural de interés local”, según defendió uno de los asistentes a la concentración. Además de la presión al Ayuntamiento, que ya ha surgido efecto, algunos activistas proponen “apretar a la propiedad” para que ceda en sus demandas. Pero si la operación urbanística sigue en marcha, no descartan acciones más contundentes como okupar el espacio de forma indefinida: “Debemos conseguirlo por la fuerza”, sentenció uno de los asistentes a la asamblea.

Aprieto para Colau

Esta opción pondría al gobierno de Ada Colau en una difícil situación en caso de no prosperar las negociaciones con los propietarios, dado que podría producirse un desalojo forzoso del inmueble. De momento, los vecinos, desconfiados, ya se han organizado en comisiones y turnos para vigilar el terreno, y están organizando comidas populares y otras actividades lúdicas para sumar a más personas a la protesta.

Además de los vecinos, la polémica ha desatado las críticas tanto de la síndica de greuges de Barcelona como de la oposición, que han lamentado la reacción tardía y la falta de anticipación del gobierno municipal en la catalogación de estas viviendas.

Críticas de la Síndica

Más allá de este caso concreto, la Síndica ha mostrado su preocupación “por la pérdida de valor histórico e identidad propia de los barrios”, y ha reclamado al consistorio que lleve a cabo una revisión de los catálogos de patrimonio municipal para preservar su carácter singular. Esta demanda no es nueva, sino que se remonta al informe anual de 2017, tal y como recuerda la Síndica en un comunicado.

Este documento parte de las quejas recibidas en referencia al Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico de Barcelona, vinculadas a la concesión de licencias de obras en espacios donde se cuestionaba que las nuevas construcciones fueran compatibles con la conservación de estos bienes. La Sindicatura advirtió al Ayuntamiento de la necesidad de revisar, perfeccionar y completar el contenido de las fichas de protección del catálogo del patrimonio arquitectónico de Barcelona.

“Por este motivo, y como ya pedimos en nuestro informe de 2017, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, reitera al Ayuntamiento que revise los catálogos de patrimonio municipal con el objetivo de conservar la identidad y el patrimonio histórico de los barrios de nuestra ciudad. De este modo, podrán evitarse situaciones como la de la calle Encarnació, u otras que hay en la ciudad”, sentencian en el comunicado.

"Dejadez" de la alcaldesa

Por su parte, el concejal del PSC en Barcelona Daniel Mòdol ha asegurado que el gobierno de Colau "llega tarde" para frenar el derribo, y ha criticado la “dejadez” de la alcaldesa en esta cuestión.

"Ha reaccionado cuando ya se está derribando", ha ironizado el edil, que ha dicho que no le resulta creíble la preocupación que expresada por Eloi Badia.

El PDeCAT también ha criticado el papel del gobierno municipal en la gestión de esta operación urbanística. Según Xavier Trias, “el Ayuntamiento se equivocó cuando se pusieron a la venta estas fincas. Debería haberlas comprado", y le insta a considerar esta opción, pese a que la alcaldesa "no tiene las ideas claras”, ha dicho Trias.