Los costes judiciales de cometer delitos de corrupción han enfrentado a dos instituciones gobernadas por convergentes: la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Cercs. El ente supramunicipal asumió los gastos de defensa del exalcalde y de dos cargos municipales por delitos urbanísticos pero, una vez condenados, los tres acusados se niegan a devolver el dinero.
Los hechos se remontan a la condena dictada hace cuatro años contra el entonces alcalde de Cercs, Ferran Civil (UDC); el secretario del ayuntamiento, Pau Llorens, y la arquitecta municipal, Carme Casas, por delitos contra la ordenación del territorio, cometidos con abuso del ejercicio de sus funciones y cargos públicos. Se les acusó de autorizar la construcción de unas naves industriales en un terreno no urbanizable. El Juzgado Penal número 1 de Manresa impuso al alcalde un año de prisión y ocho de inhabilitación, mientras que en el caso de Llorens y Casas, se les fijó una pena de siete años de inhabilitación y seis meses de prisión.
Tras el recurso presentado por los acusados, la Audiencia de Barcelona rebajó la condena del alcalde a siete años y medio de inhabilitación para cargo público y medio año de cárcel. Una vez confirmada la sentencia y si hay condena, establecen las normas de la Diputación, los acusados deben devolver el dinero invertido en su defensa. Es una práctica habitual.
Una práctica habitual
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó una sentencia en la que estima el recurso presentado por Civil, Casas y Llorens, respecto a la reclamación de retorno del dinero adelantado a la Diputación. El fallo judicial precisa que no existe ninguna relación entre los condenados Llorens y Casas y el ente supramunicipal. “La Diputación concede la ayuda económica al Ayuntamiento de Cercs para personarse en el procedimiento penal y el Ayuntamiento decide destinar dicha ayuda a sufragar los gastos de defensa del alcalde, el arquitecto municipal y secretario interventor en concepto de indemnización”.
Varios agentes de la Policía Nacional entran en un edificio de la Diputación de Barcelona para investigar las subvenciones concedidas / EFE
Varios agentes de la Policía Nacional entran en un edificio de la Diputación de Barcelona para investigar las subvenciones concedidas
La razón de ser de ese dinero adelantado es que “si los alcaldes y miembros de las corporaciones, especialmente de los pueblos pequeños, hubieran de hacer frente con su sueldo, en muchos casos simbólico e inexistente, y con su patrimonio, bastarían unas pocas querellas para obligarles a abandonar los cargos que ostentan. Esta es la razón de ser de la subvención que es objeto de debate”. Concluye que el derecho de restitución del dinero debe ser ejercitado ante el Ayuntamiento de Cercs, cuyo alcalde actual es Jesús Calderer (CiU).
En la época de Salvador Esteve
Ante esta sentencia, la Diputación ha dejado sin efecto el decreto dictado el pasado 2 de noviembre de 2017 respecto a Llorens y Casas, a los que se reclamaba a cada uno 2.016 euros, y ha dado instrucciones para abrir un nuevo expediente dirigido en este caso al Ayuntamiento de Cercs por la cantidad de 4.033 euros, por entender que es el consistorio el beneficiario de la asistencia jurídica otorgada en su día. En cambio, Civil era vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona cuando Salvador Esteve era presidente. Se da la circunstancia de que Esteve fue detenido el pasado mes de mayo por supuesto desvío de fondos a CDC.